La represión avanza: “El año que viene va a ser de mucha conflictividad social”

La Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) es un “colectivo multidisciplinario de activistas y profesionales” que busca la “erradicación de todas las formas de violencia institucional”, según define en su página web. Entiende por ella a “toda violencia física, sexual, psíquica o simbólica” llevada a cabo por agentes y funcionarios estatales.

En ese sentido, elaboran diversos informes e investigaciones, acompañan y querellan en causas judiciales e impulsan proyectos varios, como aplicaciones -cruzando derechos humanos y tecnología-, campañas de desarme y por la legalización del cannabis y del aborto, entre otros. Su epicentro es la Ciudad de Buenos Aires y ha llevado a cabo a lo largo del tiempo diagnósticos sobre el accionar de la fuerza de seguridad porteña. 

En mayo del año pasado prestaron su propio manual contra la violencia institucional, con el objetivo de “divulgar el conocimiento de nuestros derechos y cómo actuar frente a abusos policiales y detenciones arbitrarias”, para que “lo pueda usar cualquier persona” y, a su vez, “generar espacios de reunión y debate en distintas organizaciones”. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Matías Busso, miembro fundador de ACVI, realiza un balance de este 2025 tomando en cuenta diversas aristas.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué evaluación hacen desde ACVI en materia de violencia institucional este año?

Matías Busso: Vemos un avance de las políticas represivas, en materia normativa y legislativa, con la ley antimafia y el protocolo antipiquetes. Es un retroceso enorme, principalmente, frente a la Resolución 210 que estaba vigente del Ministerio de Seguridad, que establecía la prohibición, entre otras, de su arma de fuego y del armamento lanza gases, que hirió a Pablo Grillo y que previamente había terminado con la vida de Carlos Fuentealba. Desde 2011 que estaba prohibido y el protocolo lo derogó. Vemos una impresión del fenómeno represivo y punitivo, acentuado principalmente en las movilizaciones.

APU: ¿Cuáles fueron los proyectos en los que más enfatizaron en estos meses?

MB: Uno de los rasgos que venía teniendo ACVI desde la gestión actual, y uno de los proyectos en el que quizás más énfasis estamos haciendo, es el monitoreo en las movilizaciones. Un grupo de compañeros, que se compone de abogados y fotógrafos principalmente, con pecheras identificatorias como defensores de derechos humanos. Lo que hacemos es registrar y difundir el accionar de la fuerza de seguridad, y denunciar y querellar.

APU: ¿Qué conclusiones pueden sacarse de la experiencia del Mapa de la Policía?

MB: Ese trabajo es articulado también con el resto de las organizaciones, principalmente las que componemos el mapa. Nosotros somos miembros desde su fundación. En la actualidad estamos trabajando con dos casos para ver si podemos identificar a los agentes que hirieron gravemente a Claudio Astorga en el ojo y a Rodrigo Troncoso. Hay un laburo articulado para tratar de identificar al efectivo autor del disparo.

Eso es lo que el Mapa llamó el “Método Grillo”, que fue la identificación del agresor, y luego también la del agresor de Jonathan Navarro. Vemos que la articulación de eso es muy potente. Nosotros hemos provisto de muchos de los videos que hacemos en los monitoreos. Ellos lo procesan y ayudan a que las causas avancen. Es una red que cada vez está más consolidada y desde su fundación no para de crecer.

APU: ¿Qué análisis realizan en particular de la violencia en manifestaciones públicas?

MB: Hay un retroceso normativo que tiene que ver con el protocolo antipiquete, que no es estéril porque, por ejemplo, el armamento que lastimó a Grillo no debería haberse usado. No debería estar al alcance de la fuerza de seguridad para las movilizaciones. Sin embargo, como se derogó la Resolución 210 del Ministerio, se permite actualmente. También, aunque no lo están haciendo, se permite la utilización de arma de fuego porque no hay reglamentación en las fuerzas federales que lo prohíba.

Nosotros contabilizamos actualmente que hay cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos en las movilizaciones en Capital Federal desde que inició la gestión de Javier Milei. Uno fue el caso de Matías Aufiero, abogado del CEPRODH. Luego lo siguió Claudio Astorga, de UTEP, en la movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano. En la movilización del 12 de marzo hubo dos hechos hasta ahora constatados, que son el de Jonathan Navarro y el de Rodrigo Troncoso. Después tenemos el caso de Pablo Grillo. Todo esto se ha generado con las armas conocidas como menos letales, que son utilizadas de forma abusiva y con una intencionalidad clara de lastimar porque el objetivo es despejar la calle a toda costa.

APU: Han acompañado diversas causas, entre ellas la de Lucas Cabello, que este año tuvo novedades importantes. ¿Cómo ponderan todo ese recorrido?

MB: La confirmación de la Corte del fallo condenatorio de Ricardo Ayala fue una de las pocas cosas que tuvimos positivas como organismo de derechos humanos. Creemos que no tenía otra opción y era claro, pero siempre de esa instancia se esperan algunas señales políticas, por ende no estábamos tranquilos cuando veíamos que la causa se movía. Es una etapa finalizada para Lucas. Diez años después recién puede ver a la persona que le disparó y lo dejó cuadripléjico preso porque hasta ahora estaba en libertad. Para nosotros fue un buen cierre de año en ese sentido.

APU: Hace unos años dialogamos sobre la intervención de la Policía de la Ciudad, a partir de un pedido de acceso a la información pública que llevaron a cabo y determinaba el grado de uso del arma en la provincia de Buenos Aires. ¿Han seguido la dinámica de esa problemática?

MB: Se repite en todas las fuerzas, tanto en la Bonaerense, en la Federal y en las distintas provincias porque el uso arma de fuego fuera de servicio no está prohibido ni restringido. Sí observamos, a partir de la entrevista que hicimos a distintos organismos, que esta tendencia sigue creciendo, principalmente, porque hay cada vez más miembros y la forma de accionar es esa. La mayoría de los hechos de violencia institucional de todas las fuerzas, pero sobre todo de la Policía de la Ciudad, ocurren cuando están fuera de servicio y cuando intentan proteger bienes propios, es decir, hay intentos de robo. En lugar de prevenir de otra forma utilizan su arma de fuego terminando con las personas y posibles agresores.

APU: ¿Cómo describirían la situación de las trabajadoras sexuales desde la llegada de Javier Milei?

MB: Hay una cuestión que vemos que afecta directamente que tiene que ver con la modificación de las leyes migratorias. Desde Ammar y Casa Roja se nos dificulta cada vez más regularizar la situación procesal de las compañeras porque hay cada vez más trámites de expulsión. Hay una bajada de línea y una modificación legislativa específicamente que impide que accedan a la residencia permanente.

Por ende, están en mayor estado de vulnerabilidad, impidiéndose el ingreso a derechos y subsidios, pero también con el riesgo constante de ser expulsadas a sus países. La mayoría de las trabajadoras sexuales, por lo menos del barrio de Constitución, son migrantes de distintos lugares de Latinoamérica que han venido por sufrir situaciones de discriminación, entonces no quieren volver y la expulsión las deja en una situación de máxima vulnerabilidad.

APU: Tras distintas aplicaciones y diversos acompañamientos, ¿qué planean para el año próximo?

MB: El año que viene seguiremos profundizando el monitoreo de las movilizaciones, fortaleciendo los distintos proyectos que tenemos y tratando de ampliar la agenda. Vemos con preocupación lo que sucede con las personas que están en situación de encierro. Estamos tratando de pensar estrategias con los mecanismos de prevención contra la tortura. Ya el año pasado tuvimos una experiencia en cárceles. 

La idea es continuar con ese monitoreo. Estamos difundiendo el manual de violencia institucional en distintas organizaciones, como por ejemplo la Red Puentes. También seguir con la asesoría jurídica de Casa Roja y, como dije, profundizar el tema del monitoreo porque creo que el año que viene va a ser de mucha conflictividad social. Por ende, creo que esa agenda va a terminar abarcando todo. Los miércoles de los jubilados y las distintas luchas van a terminar subsumiendo toda la organización en esa dinámica.