Masacre de Monte: la necesidad de políticas públicas contra la violencia institucional sigue vigente

El 20 de mayo se cumplieron siete años de la denominada Masacre de Monte. El 20 de mayo de 2019 una persecución policial terminó a los tiros, con cuatro jóvenes muertos, y una trama de encubrimiento que marcó para siempre a San Miguel del Monte, en uno de los casos de violencia institucional más impactantes de la historia reciente de la provincia de Buenos Aires. Familiares, amistades y vecinos y vecinas sostienen su reclamo por políticas públicas preventivas, más allá de algunas condenas judiciales dictadas contra los efectivos.

Durante la madrugada, en un Fiat 147 viajaban Carlos Aníbal Suárez, que conducía, Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, y Rocío Quagliarello. En las cercanías de la Colectora y Ruta 3, patrulleros de la Policía Bonaerense iniciaron una persecución que se extendió por varios kilómetros. La situación escaló cuando los uniformados comenzaron a disparar contra el auto en movimiento, que terminó chocando contra un camión estacionado. 

Cuatro de ellos Domínguez, López, Sansone y Suárez fallecieron. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello, quien sufrió heridas gravísimas y atravesó una extensa recuperación tras permanecer internada durante meses. La versión oficial intentó presentar lo ocurrido como un accidente vial. Sin embargo, el avance de la investigación desmontó esa hipótesis. Registros de cámaras de seguridad, pericias balísticas y el video captado por un testigo resultaron claves para demostrar que la persecución incluyó disparos policiales y un operativo irregular. A su vez, la autopsia al primero de los jóvenes confirmó el ingreso de un proyectil en su cuerpo, lo que terminó de consolidar la acusación contra los efectivos involucrados.

Los momentos posteriores estuvieron atravesados por maniobras de encubrimiento. Tal como se mencionó, varios agentes intentaron sostener que se trataba de un accidente aislado. Sin embargo, las pericias balísticas, las filmaciones y las autopsias derribaron ese relato, lo que derivó en una causa no sólo sobre los efectivos involucrados en la persecución, sino también sobre peritos y funcionarios locales. Casi un año después, en abril de 2020, el Ministerio Público bonaerense dio por cerrada la etapa de instrucción y el juicio oral culminó en junio de 2023 con condenas ejemplificadoras.

Los ex policías Rubén García y Leonardo Ecilapé fueron condenados a prisión perpetua. Los ex efectivos Mariano Ibáñez y Manuel Monreal recibieron penas de 15 años de cárcel. García y Ecilapé fueron considerados coautores de “homicidio agravado por abuso de la función policial y ser cometido mediante el empleo de arma de fuego”, en concurso ideal con “tentativa de homicidio agravado”. Ibáñez y Monreal, en tanto, fueron condenados como coautores de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función y el uso de arma de fuego.

En cada aniversario, Monte vuelve a marchar. Las fotos de los chicos, las consignas contra la violencia institucional y los reclamos de control civil sobre las fuerzas de seguridad llenan las calles. Siete años después, el caso sigue siendo un emblema del pedido de justicia y de la necesidad de políticas públicas que prevengan el abuso policial en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.