¿Tutelar jurídicamente a los pobres?

Por Guido Leonardo Croxatto*

En primer lugar, vencer el eufemismo: no existen sectores “vulnerables“, sino sectores “vulnerados“, que dado que han padecido una vulneración (exclusion, o privación de derechos) se encuentran en una posicion social de desventaja, viéndose muchas veces en la imposibilidad de ejercer (siquiera de conocer) sus propios derechos. El acceso a la justicia es el más fundamental de los derechos civiles. Sin embargo, como muchas cosas en el Derecho, la “tutela“ de los sectores “vulnerados“ no es inocente: tiene dos caras.

El pretendido objeto del convenio es facilitar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables permite que los abogados de calle Montevideo (defensores de los represores en los juicios de lesa humanidad) defiendan a gente de las villas. La contradiccion es solo aparente: la tutela (de los pobres) y la vulneracion (de esos mismos sectores empobrecidos) van de la mano.

En lugar de promover convenios “marco“ entre sectores paternalistas y tutelares, el ministerio de Justicia podria cuestionar las actuaciones judidiciales que menoscaban los derechos sociales, piedra de toque de toda “vulnerabilidad“. Si al ministerio de Justicia y DD.HH. le preocupara el acceso a la justicia de los sectores mas vulnerados deberia propender, más que a la litigiosidad (creciente en escenarios de empobrecimiento y desempleo como el actual), a la operatividad real de derechos que hoy en dia son negados en esos mismos tribunales. El acceso “tutelado“ no siempre expresa la voz y los intereses de los sectores marginados históricamente por el Derecho, el Estado y la Justicia.

En segundo lugar, con esta iniciativa se pretende soslayar el enorme trabajo de empoderamiento directo en los más postergados que lleva adelante la Procuración con el Programa Atajo, a cargo de Julián Axat.

El regreso del modelo tutelar no es un accidente: responde a un paradigma de justicia y Estado más autoritario, contra el cual venía trabajando la pasada administración. Eso se vio con la reforma del Codigo Civil y con la propuesta – no consensuada con la oposición de entonces, hoy gobierno -  de reforma del codigo procesal penal. El regreso al paradigma tutelar - autoritario en aspectos de enorme incidencia (la salud mental, por ejemplo)  responde a un modelo que aspira a recortar derechos.

¡Declaman los derechos que se están conculcando! Hablan en nombre de un pluralismo que no se ejerce, recortan garantías o hablan en nombre de sectores cuyos derechos sociales son recortados. La mejor manera de garantir la justicia de los más vulnerados no es con acuerdos verticales desde el Estado con un colegio de abogados que aun cuenta en sus filas con ex miembros del batallon 601, sino garantizando la operatividad y la eficancia directa de los derechos económicos y sociales hoy negados.

Con ATAJO en la órbita de la Procuración Nacional se buscó, desde 2014, promover el diálogo y el acceso directo no tutelado a la justicia, a traves de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJ*S) en las principales villas de emergencia de la CABA.

ATAJO buscó empoderadar a los postergados otorgando un espacio directo para hablar en la Justicia. No un espacio “tutelado“, que “administre“ mejor la vulneración de sus derechos. No un espacio que los “represente“. El acceso directo se promovia en tiempos en que se promovian los Derechos Humanos y los derechos sociales. La “tutela“ reaparece en contextos de precarización y crisis. Detrás de estos acuerdos se esconde la asunción de que se elevará la litigiosidad de los castigados. De allí la necesidad de “tutelar“, de brindar “asesoramiento“.

En lenguaje coloquial

Son formas de expandir el “control social legal“ sobre las operaciones expansivas de las fuerzas se seguridad, como denuncia el periodista Horacio Verbitsky. Hay sectores que viven como presos estigmatizados en sus propios barrios, reprimidos y con controles de ingresos y egresos propios de un campo de concentración en una dictadura. Pero no se alza ninguna voz legal para advertir esto. La tutela es una forma de restringir el trabajo hecho por la Procuración, precisamente en contextos en que el ministro Garavano pide la renuncia de la Procuradora autónoma del poder político de turno. Curioso que se emplee una retórica replublicana, que dice preservar la división de poderes del Estado, para pedir su renuncia. Esa es la gente que dice querer defender a los pobres.

ATAJO lucha contra la estigmatización de los jóvenes pobres, permitiendo que vean otra cara del Estado, que trascienda la represión. Hoy ATAJO tiene mucha más presencia simbolica en los barrios que los CAJ manejados por Garavano. Se quiere borrar la conciencia civil de los pobres acerca de su genuino derecho a ejercer por sí mismos (sin “tutela“ de niungun colegio de abogados) sus derechos. Esta no es la peor cara de la versión macrista de la Justicia: ¡es la única que tiene!

Qué mal le pegó a esta gente, afirma Axat, la marcha en el Congreso del otro día. Mirá vos. Así que ahora los abogados defensores de los genocidas van a defender a los villeros y garantizarles su derecho al acceso a la justicia. La institución que avaló los golpes de Estado de 1966 y 1976, el último de los cuales produjo un aumento exponencial de la “miseria planificada”, como escribió Rodolfo Walsh, ahora se limpia la cara con el trapo sucio que le ofrece el ministro de Justicia de Macri. Un colegio de abogados cuyo tribunal de ética no vacila con tener en sus filas a miembros del Batallón 601. Esa es la gente que -dice que- quiere “defender“ a los pobres...

Sí, Garavano, el mismo que reclama a viva voz la salida de Gils Carbó y con ella su política a favor de los vulnerables (ATAJO), las víctimas (DOVIC), contra las redes de la criminalidad organizada (PROCELAC, PROCUNAR) y la violencia estatal (PROCUVIN), firma convenios con Guillermo Lipera, uno de los fundadores de la agrupación judicial Será Justicia, impulsora de la marcha de los paraguas, también conocida como “18F”.  Así que el socio gerente del estudio Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera y Torassa Abogados, que ha recibido en su carrera profesional el apoyo de José Alfredo Martínez de Hoz y Mariano Grondona; el defensor de empresas extranjeras litigantes contra el Estado argentino, se va a encargar ahora de los pobres. Faltaba más.

A muchos nos extraña en este empobrecimiento generalizado, de vulneración de derechos, de desmemoria e impunidad, de críticas a los jueces “garantistas“ que defienden “los derechos humanos de los delincuentes“, que también el hijo de Carlos Nino (Santiago Nino) firme estos convenios cargados de dobles intenciones con personas abiertamente defensoras del Proceso.

El derecho no es patrimonio profesional de ningun colegio. El derecho está en manos de todos. Lo que se trata es de construir caminos más directos (Atajos) a la Justicia. No “tutelar“ el empobrecimiento. No “representar“ (intermediar) el acceso a la justicia de los más empobrecidos. Los pobres no necesitan “tutelas“. Necesitan derechos. Necesitan una mano.

* Abogado UBA-CONICET, Visting Scholar del Norwegian Center of Human Rights
(NCHR, Oslo).