Uso de datos personales: una costumbre macrista

Por Eliana Verón

Usar los datos personales de la población no es una práctica desconocida para el macrismo. La resolución del Gobierno Nacional de compartir la base de datos de la Anses con la Secretaria de Comunicación tiene su precedente en el Decreto N° 625/2009 sancionado en la ciudad cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Dicho decreto fijaba la creación de un Registro On Line de Empleadores y los obligaba a suministrarle anualmente al gobierno información estadística de diverso tipo acerca de sus trabajadores. La norma también establecía sanciones para aquellos que la incumplieran.

En su anexo se especificaban los datos que debían ser provistos por los empleadores: situación contractual de los empleados; su edad; nacionalidad; si tenían hijos; su nivel de instrucción, conocimiento de informática y de idiomas; si poseían libreta sanitaria; si padecían algún tipo de discapacidad o adicción.

Esta acción fue rechazada por varios sectores: abogados constitucionalistas, sindicalistas e incluso la actual prensa oficialista por ser considerada inconstitucional ya que no sólo violaba el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino también la ley 25.326 de protección de datos personales. Ya que obligar a las empresas a revelar si sus trabajadores poseían algún tipo de adicción constituye una grave intromisión a la privacidad e intimidad de las personas.

En su momento fue la reacción social y mediática la que obligó al gobierno de la ciudad a retroceder sobre sus pasos y modificar su decreto. Pero no lo dejó sin efectos.

En la nueva coyuntura política, con un poder aún más concentrado, lo que intenta poner en práctica el oficialismo nacional sin el consentimiento de la ciudadanía implica una flagrante violación a lo que estipula el artículo 19 de nuestra Constitución y al mismo tiempo vulnera un derecho constitucional como es el que protege la ley N° 25.326.