Crisis en el INCAA: ¿Por qué peligran las industrias culturales en Argentina?

Por Eliana Verón | Foto: Daniela Amdan

La reforma tributaria del gobierno de Macri en 2017 tuvo entre sus objetivos eliminar algunas asignaciones impositivas. En ese marco, y bajo el consenso de otro Pacto Fiscal, se aprobó la ley 27.432 que constituyó modificaciones, vigencias y prórrogas de diversos impuestos.

El artículo 4° de dicha ley sostiene que “toda asignación específica vigente de impuestos nacionales coparticipables mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive”. Específicamente, en los incisos e) “Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741”; e i) “Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522”, quedó explícito la intención ajustadora del macrismo al ponerle límite de tiempo a estos recursos que sustentan parte de las producciones de la cultura argentina.

La importancia de estos gravámenes radica en que brindan previsibilidad a las industrias culturales argentinas, porque allí se dispone de fuentes de financiamiento genuinas originadas en la propia actividad, y así evitan que queden a merced de la voluntad de los gobiernos de turno. Con lo cual, el discurso falaz de “esto se paga con la plata de mis impuestos” pierde legitimidad y evidencia una ignorancia supina sobre el tema.

El cine, teatro, la música, las bibliotecas populares, las radios y las televisoras comunitarias tienen dependencia directa de estos recursos que se distribuye a través de programas especiales y/u organismos específicos como ser: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), las bibliotecas populares (CoNaBip), la Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que percibe y adjudica el Ente Nacional de Comunicaciones.

Situación actual y proyectos en boga

En 2018, Pablo Carro, diputado del Frente de Todos por Córdoba, había presentado una iniciativa para exceptuar la eliminación de estos impuestos de la ley 27.432, por su relevancia para la política cultural del país. Sin embargo, otras urgencias, y pandemia mediante, el tema no fue tomado ni siquiera por el oficialismo.

Hasta el momento existe ese proyecto, ampliado, que propone la extensión temporal de esos gravámenes previstos en los incisos b), e) e i) hasta el año 2072 denominado como Fondo con Asignaciones Específicas para las Industrias e Instituciones Culturales. Si esta iniciativa pierde estado parlamentario este año, la ley actual tal como está se aplicaría automáticamente y los fondos recaudados irían al Tesoro Nacional con la posibilidad de ser usado discrecional por los gobiernos de turno.

Cabe destacar que este proyecto de ley circula por estos días entre quienes tienen interés de proteger y recatar el desarrollo cultural de las manos del mercado. Porque lo que está en juego es el quién contará o tendrán los fondos necesarios para narrarnos nuestras historias, visiones, voces e idiosincrasias.

Sin embargo, desde los sectores de las y los trabajadores de los organismos que dependen de estos fondos sostienen que es muy difícil que la oposición, que ya batalla contra impuestos y la política cultural del país, quiera aprobar esta ley que extiende impuestos por 50 años. Asimismo, critican que no se haya armado ningún tipo de red o expresión política del funcionariado que está a cargo de las gestiones de estos organismos para defender sus presupuestos y evitar el avasallamiento sobre la cultura nacional.