10 años del asesinato de Mariano Ferreyra: un caso emblemático en materia laboral, gremial y judicial

Por Diego Moneta

Se cumplen diez años del crimen de Mariano Ferreyra, joven militante del Partido Obrero asesinado por una patota sindical mientras reclamaba junto a trabajadores ferroviarios tercerizados. Se convertiría en un caso emblemático por las cuestiones laborales, gremiales y judiciales que lo rodean.

Los hechos

El 20 de octubre de 2010 trabajadores ferroviarios tercerizados, junto a militantes del Partido Obrero, del Movimiento Teresa Rodríguez y de otras organizaciones, reclamaban por el pase a planta permanente y la reincorporación de compañeros despedidos de distintas empresas que prestaban servicios para la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia.

A las 11 de la mañana el grupo intentó ocupar las vías del Ferrocarril General Roca, a la altura de la estación Avellaneda (Hoy estación Dario y Maxi), pero fueron agredidos por una patota sindical de la Unión Ferroviaria. Desde entonces, los manifestantes fueron custodiados por la Policía Bonaerense y los agresores por la Policía Federal.

Cerca de las 12, ya en la Ciudad de Buenos Aires, la patota comenzó a arrojar piedras y botellas hacia los manifestantes, mientras estos al mismo tiempo eran reprimidos con balas de goma por la fuerza Bonaerense, antes de que esta se retirara del lugar. Cuando los trabajadores tercerizados decidieron desconcentrar, el grupo de la Unión Ferroviaria avanzó hacia ellos. Los móviles de la Federal, que separaban a ambos colectivos, se apartaron y permitieron el paso.

Mientras la patota sindical continuaba arrojando objetos contundentes, Gabriel Sánchez y Cristian Favale dispararon reiteradas veces contra los manifestantes. Mariano Ferreyra fue asesinado, y Elsa Rodríguez, Nelsón Aguirre y Ariel Pintos resultaron heridos. Según testigos, Favale festejó el hecho de haberle disparado a Ferreyra. Luego del ataque, las armas de fuego fueron ocultadas por otros miembros de la patota. José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, intentó desligar su responsabilidad desde el primer momento.

Las condenas por el asesinato

El Tribunal Oral en lo Criminal N°21 condenó a 15 años de prisión a José Pedraza y Juan Carlos Fernández, titulares de la Unión Ferroviaria, por ser instigadores del crimen. Pablo Díaz, jefe de la Comisión de Reclamos que manejaba la patota en el lugar, fue condenado a 18 años, al igual que Gabriel Sánchez y Cristian Favale, autores materiales del asesinato. Daniel González recibió una pena de 11 años por amenazar a periodistas para que no filmaran. Los ferroviarios Salvador Pipito y Claudio Alcorcel fueron condenados a 11 y 8 años respectivamente, a diferencia de Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez que fueron absueltos. Meses antes de la sentencia, Alfonso Severo, que había denunciado al gremio y debía declarar, desapareció 24 horas y reapareció golpeado.

Por parte de los efectivos, Luis Mansilla y Jorge Ferreyra recibieron 10 años por liberar la zona, y Hugo Lompizano, Luis Echavarría y Gastón Conti 2 años en suspenso. Además, el camarógrafo policial David Villalba fue condenado a pagar una multa por suspender la grabación. Rolando Garay, subcomisario a cargo de los patrulleros, fue absuelto. La Ministra de Seguridad en ese entonces, Nilda Garré, dictó el pase a servicio pasivo de todos los implicados.

Todas las condenas fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Pedraza y Fernández recibieron prisión domiciliaria por problemas de salud. El resto de los acusados están presos, a excepción de Pepito, ya que en 2016 la Cámara Nacional de Casación Penal le otorgó la libertad condicional. En 2017 la Corte Suprema ratificó las condenas, tras rechazar un planteo de la defensa del titular de la Unión Ferroviaria. Pedraza murió a los 75 años el 23 de diciembre de 2018.

La causa paralela

Sin embargo, la celeridad con la que avanzó la causa por el homicidio de Mariano no se replicó en la investigación paralela, derivada de la principal, por los intentos de sobornos que buscaron la impunidad de Pedraza. Según las escuchas, el mecanismo partía desde el el titular de la Unión Ferroviaria, involucraba a su tesorero, a empleados y funcionarios judiciales, a lobbistas, a ex agentes de inteligencia y tenía como destinatario las cuentas de Eduardo Riggi, uno de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal N° 3. Este último fue sobreseído en 2016 por Norberto Oyarbide.

El objetivo de la maniobra era favorecer su situación procesal, poniendo en crisis la investigación que llevaban adelante la fiscal Cristina Caamaño y la jueza Wilma López, que señalaba la complicidad alrededor de la patota sindical y llegaba hasta la cúpula de la Unión Ferroviaria. Sin embargo, más de veinte jueces se excusaron de tomar la causa por parentesco o relación personal. El funcionamiento de la corporación judicial y la necesidad de democratizar la Justicia quedaban en evidencia.

En noviembre de 2012 los imputados por intento de sobornos ya tenían el procesamiento confirmado. Las maniobras dilatorias también incluyeron planteos de nulidad y de incompetencia. El Consejo de la Magistratura cerró la investigación disciplinaria sobre los jueces y la Corte Suprema tardó casi tres años en decidir si la causa correspondía al fuero federal o nacional. Finalmente, en los últimos meses recientes fue elevada a juicio oral y se espera que inicie el año que viene.

El paso del tiempo

En 2015, a cinco años del hecho, Pablo Ferreyra, hermano de Mariano y en ese entonces legislador porteño, diputados nacionales del Frente para la Victoria y la CTA de los Trabajadores presentaron un proyecto de Ley para declarar el 20 de octubre como “Día Nacional de la Lucha contra la Tercerización Laboral”, en conmemoración del joven militante. Este año, la Legislatura aprobó otro homenaje por iniciativa de Lorena Pokoik, del Frente de Todos, quien también busca cambiar el nombre de un tramo de la calle donde sucedió el asesinato por el de Mariano Ferreyra.

Después del asesinato hubo una visibilizacion de la tercertizacion laboral, que llevó a una mayor concientización de parte de algunos sectores de los trabajadores y de las investigaciones académicas sobre el tema. Sin embargo, sigue siendo un problema estructural que tiene la economía de nuestro país.

Para ello, debe ser más concreto el papel del Estado a través del Ministerio de Trabajo y de una legislación que la regule y tienda a eliminarla del sistema laboral. A su vez, debe ser complementado por la agenda de los sindicatos, más allá de una actitud testimonial. El juicio demostró la defensa de esta modalidad por parte de Pedraza. La tercerización laboral consolida la desigualdad entre los trabajadores.