Aniversario de "La noche de las corbatas": los abogados laboralistas como objetivo de la dictadura

Entre la tarde del 6 y la madrugada del 13 de julio del año 1977, fueron secuestradas en Mar del Plata por Fuerzas Militares del Estado Argentino, once personas, siete de ellas, abogados del foro local.

La lista incluye a los letrados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Aurelio Bozzi y Tomás José Fresneda. Las otras cinco personas fueron José Verde (abogado de la Asociación de Empleados Judiciales) y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda - embarazada de 4 meses y de cuyo bebe aún no se tienen noticias - María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo José Verde y su esposa, Camilo Ricci, y Carlos Bozzi sobrevivieron a aquel trágico suceso.

En el año 2004, por iniciativa del Colegio de Abogados de Mar del Plata, se impulsó un proyecto para instituir el 6 de Julio como el día del “Abogado Víctima del Terrorismo de Estado”, homenaje merecido a todas los profesionales víctimas de la dictadura.

A cuarenta y siete años del trágico suceso, AGENCIA PACO URONDO dialogó con uno de sus sobrevivientes de aquel hecho macabro. El abogado Carlos Bozzi, hoy también dedicado a la docencia y a la investigación, es autor de varios libros y artículos para diversas publicaciones, con el fin de reflexionar sobre aquellos hechos que le cambiaron el rumbo a su vida.

APU: Carlos por favor coméntanos brevemente lo sucedido en el mes de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata y que tuvo como víctimas a varios abogados laboralistas.

Carlos Bozzi: La tarde del secuestro (8 de julio) yo me encontraba trabajando en el estudio que compartía con mi socio, el Dr Tomás Fresneda, sobre la Avenida Independencia. También estaba allí su esposa embarazada. De repente irrumpió un grupo de personas armadas y rápidamente nos llevaron hacia la calle. Fuimos trasladados en auto, encapuchados y sin explicación alguna. Mucho tiempo después, se tomó conocimiento, que en realidad, la operación, había comenzado el 22 de Junio del mismo año de 1977, en la ciudad de Neuquén, cuando ese día efectivos de la Delegación Local de la Policía Federal Argentina, privan ilegalmente de la libertad al abogado laboralista Jorge Roberto Candeloro y su esposa, Marta Hayde García, quienes de inmediato son trasladados a Mar del Plata. El letrado afectado, siempre había ejercido su profesión en esta ciudad balnearia y a raíz de amenazas a su vida, había buscado refugio en el sur del país.

APU:¿A dónde fueron trasladados?

CB: Fuimos recluidos en un antiguo radar semi subterráneo, ubicado en la Base Aérea de la que es parte del predio del aeropuerto, en donde funcionaba un centro clandestino de detención, conocido como “La Cueva”. En ese caso, operaron Fuerzas del Ejército, asentadas en el Grupo De Artillería Antiaérea de la Zona ( AADA 601- Gada 601).

APU: Aunque el tiempo transcurrido en “La Cueva” fueron seguramente muy difíciles y de mucha incertidumbre, tuviste la suerte de ser liberado a los pocos días.

CB: A mi me liberaron el 21 de julio, fraguando un operativo en el cual mataron a dos jóvenes que estaban secuestrados en La Plata. Desde allí los trajeron y los mataron en el auto del Dr. Centeno. En el diario La Capital dijeron que eran Montoneros y que yo había sido secuestrado por esa organización (ver foto que ilustra el artículo). Durante los días de mi desaparición, mi familia presentó un habeas corpus ante el Juzgado del Dr Pedro Hooft, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

APU: ¿Tuvieron noticias de los restantes secuestrados?

CB: Hasta el presente, casi medio siglo después, no hay noticia alguna sobre el destino de los abogados secuestrados. Solo dos hechos: el cuerpo del Doctor Norberto Centeno, autor del proyecto que culminó con el dictado de la “Ley de Contrato de Trabajo”, apareció sin vida, con signos de haber sido sometido a crueles torturas, el día 11 de Julio, en el kilómetro 22 del Camino Viejo a la localidad de Miramar. Y aunque el cuerpo del Doctor Jorge Candeloro, nunca se encontró, la Jefatura del Gada 601, reconoció en un documento judicial, que fue abatido por esa fuerza militar, el día 28 de Junio de 1977.

APU: ¿Por qué secuestrar a abogados sin actividad política? (al menos reciente, algunos la habían tenido en la universidad)

CB: El operativo tenía un claro sentido: disciplinar un grupo social, representado por una profesión, la de abogado y en especial, la del profesional dedicado a la defensa de los intereses de los trabajadores. En la época en que acontecieron estos sucesos, el derecho laboral era considerado como una tendencia a politizar el mismo derecho, en un enfrentamiento ideológico contra los medios de producción comercial o industrial. Se lo estigmatizaba como un arma de la lucha del trabajo contra el capital. La conclusión era obvia: eliminando físicamente a quienes ejercían esa rama del derecho o desapareciendo a otros, se infundiría el terror en la profesión y se paralizaría la defensa de los derechos de los trabajadores.

APU: ¿Cómo analizás la fecha desde la mirada actual?

CB: Existen ciertas similitudes, entre el escenario de los años 70 y el actual, en cuánto a la ofensiva de ciertos sectores políticos, económicos y mediáticos, hacia los abogados laboralistas, acusándolos de incrementar con sus demandas, el costo empresarial, constituyendo esto, un escollo al progreso económico del país.

Se agita el discurso de la necesidad de una reforma laboral, que obviamente no pretende efectuarse a través del poder de las armas de fuego, sino a través del poder de esa entelequia que se llama “mercado”, poder presente desde hace varios años en la política argentina, no solo como un votante más, sino como el elector con mayúscula. Por un lado, no se entiende que se pretende reformar, si mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, mejores jubilaciones, mejores obras sociales o un sometimiento del trabajador a los vaivenes de una economía en turbulencia, donde sus derechos, no son más que discursos llenos de pretextos.

APU: Casi llegando al final de esta gestión de gobierno ¿cómo ves la actualidad de los derechos humanos en la Argentina?

CB: La situación de los Derechos Humanos en Argentina, en cuanto se refiere a la reparación a las cíctimas de la represión estatal de la década del 70, se encuentra ante grave y serio problema. Hasta octubre del pasado año, las indemnizaciones por violaciones a Derechos Humanos, el Estado las abonaba con bonos de la Serie PRI 8, que vencieron precisamente ese mes. Ese tipo de bono o título de valor, pasaba por la “Caja de Valores S.A.”, con una cotización muy interesante. Como dicen los economistas, casi a la par.

En marzo de este año 2023, el Ministerio de Economía lanzó al mercado una nueva serie de bonos. Técnicamente: Décima Serie de Bonos, con vencimiento en el año 2029, y generando intereses a partir de la última parte del año 2024. En consecuencia, este tipo de bonos de consolidación de la deuda nacional, no tiene cotización alguna. En otras palabras: no valen un solo peso. Conclusión: las indemnizaciones que el Estado está otorgando por violaciones a Derechos Humanos, en expedientes, algunos de los cuales, tienen más de 10 años de tramitación es una utopía, no ajena de cierta maldad, si consideramos que los ahora beneficiarios, superan los 70 años de edad.