Caso Santiago Maldonado: “La causa está totalmente paralizada desde noviembre de 2018”

Por Diego Moneta | Foto: Daniela Morán

La mañana del jueves 21 de octubre la familia de Santiago Maldonado se movilizó a los Tribunales de Talcahuano 550 debido a la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que investiga la muerte del joven artesano, hallado sin vida luego de 78 días desaparecido tras la represión de Gendarmería Nacional en agosto de 2017 en la localidad de Cushamen, Chubut.

En el marco de la convocatoria, acompañada por organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales, se presentó una nota solicitando a la Corte que resuelva la petición de la familia para la designación de un magistrado que investigue sin descartar la figura de desaparición forzada, según comentó a la prensa Sergio Maldonado, hermano de Santiago. “Creemos que es indispensable ya que Gustavo Lleral se expresó públicamente diciendo que él no es un juez imparcial”, completó. También adhirió Amnistía Internacional con la publicación de una carta abierta a los miembros del máximo órgano judicial.

Santiago desapareció el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado sin vida el 17 de octubre en el Río Chubut, en un lugar que ya había sido rastrillado. Durante estos más de cuatro años la causa naufragó por un laberinto judicial en el que no hay ningún responsable ni nadie que investigue, es decir, total injusticia e impunidad. En noviembre del 2020, tras el pedido de explicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla ofreció “construir un espacio de diálogo, con una agenda concreta de trabajo tendiente a explorar una solución amistosa”.

Ese mismo mes los familiares de Maldonado compartió un informe llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI), al que habían convocado, que reafirma la desaparición forzada y resalta la existencia de un ADN masculino desconocido, en el cual no se profundizó. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Verónica Heredia, abogada de la familia, quien analizó el estado de la causa.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reclamo llevó a impulsar la movilización ante la Corte Suprema de Justicia?

Verónica Heredia: La falta de resolución de la Corte, que desde marzo de 2020 no atiende una cuestión muy simple como decidir si se sigue investigando la desaparición y muerte de Santiago. Queremos que continúe sin descartar ninguna hipótesis y que no pueda ser llevada adelante por Lleral porque, en sus propias palabras, descartó todas las hipótesis. Ya están vencidos todos los tiempos razonables. Hace cuatro años que se encontró el cuerpo y todavía estamos sin que pase nada.

La cuestión es que sería admitir que no se investigó y que hay que responder preguntas pendientes, como qué pasó con Santiago ese 1 de agosto, desde esa fecha al 17 de octubre, y las causas de su muerte. Nuestro perito, Alejandro Incháurregui, comenta en un libro reciente que no tiene dudas de que se ahogó, pero nosotros todavía no sabemos cómo, lo que no está descartado por la autopsia. Eso cambiaría totalmente la versión de que se ahogó solo, lo cual es un absurdo.

APU: ¿Qué cambió desde el informe del GIEEI?

VH: No cambió nada. A nivel general, dejó en claro la falta de respuesta del Estado y de la legislación en relación a desapariciones forzadas en democracia. Faltan políticas públicas para su tratamiento en Argentina. En lo particular, esperemos que el Estado tome las recomendaciones para poder avanzar con el caso.

APU: ¿No se profundizó en la existencia de un ADN masculino desconocido?

VH: Sigue siendo desconocido porque para destrabar la investigación necesitamos que la causa continúe y está totalmente paralizada desde el 29 de noviembre de 2018. No se hace nada porque el juez a cargo ya dijo que no tiene nada que hacer. Imagínate con ese ADN si no tenés para investigar. El caso de Santiago es una oportunidad para el poder judicial y para el Estado de dar respuestas a la falta de políticas públicas en materia de desapariciones forzadas en democracia.