A 5 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado: “Carecemos de justicia y falta decisión política para modificarlo”

Por Diego Moneta | Foto: Daniela Morán

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en el contexto de la represión ilegal desatada por Gendarmería Nacional en la localidad de Cushamen, Chubut, hecho del cual hoy se cumplen cinco años. El cuerpo del joven fue hallado, tras 78 días, el 17 de octubre en el Río Chubut, en un lugar que ya había sido rastrillado. Durante todo este tiempo la causa naufragó por un laberinto judicial en el que no hay ningún responsable ni nadie que investigue, es decir, un escenario total de injusticia e impunidad. 

De los últimos años hay algunas cuestiones que cabe destacar. En primer lugar, el informe -que puede descargarse aquí-llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI) de Chile, Colombia y México, convocado por la familia, que, entre otros aspectos, evidencia las omisiones en materia de desapariciones forzadas que hay en nuestro país. Allí se enmarca, tras el pedido de explicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino, la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional para evitar una litigación internacional. A su vez, hace unos meses cobró notoriedad pública que una persona esperaba declarar y aportar información sobre lo que había ocurrido durante el operativo ilegal y, posteriormente, con Maldonado. 

Por otro lado, la decisión del juez federal Daniel Rafecas de archivar la causa en la que Sergio Maldonado denunció haber sido objeto de espionaje ilegal durante el macrismo, lo que legitima el accionar de las fuerzas estatales. Sin embargo, los aportes a la causa original están supeditados a que la Corte Suprema de Justicia responda los planteos pendientes. Aunque no es novedad, la demora del cuerpo de magistrados ha sostenido la impunidad y ha motivado diversas manifestaciones, exigiendo la designación de un juez que, a diferencia de Gustavo Lleral, efectivamente investigue la desaparición forzada. 

A cinco años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, familiares, amistades y organismos de Derechos Humanos convocaron a una concentración en Plaza de Mayo. La tarde del lunes 1 de agosto tendrá primero, a las 17 hs, diversas bandas -Las Manos de Filippi, Malena D´Alessio En Bandada, La Delio Valdez y La chilinga- y, una hora más tarde, el acto central. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Verónica Heredia, abogada de la familia, sobre la falta de justicia y el estado del reclamo a nivel internacional.

Agencia Paco Urondo: ¿Qué reflexión puede hacerse a cinco años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado?

Verónica Heredia: La impunidad garantiza la repetición de los hechos. Va a continuar habiendo desapariciones forzadas, detenciones y procedimientos ilegales, como el que todos vimos de Gendarmería el 1 de agosto de 2017. Allí se produjo la desaparición, no la muerte, de Santiago Maldonado, de la que se cumplen cinco años. No conocemos esa fecha, es una de las medidas que la Cámara de Casación Penal ordenó hacer. La propia justicia está reconociendo que no conocemos la fecha de muerte de Santiago.

Carecemos de justicia y está reconocido, admitido y denunciado por la máxima autoridad en el ámbito político, que es la vicepresidenta de la Nación. Nosotros decimos también la falta de decisión política para modificar esta falta de justicia.

APU: Hace dos meses obtuvo notoriedad pública que una nueva testigo esperaba ser citada a declarar, ¿no modificó la situación de la causa? ¿La paralización de la misma es lo que caracteriza a distintos aportes que se difundieron los últimos años?

VH: La testigo declaró en abril de este año y fue incorporada al expediente principal. La causa continúa caratulada como “desaparición forzada de Santiago Maldonado”, sin que se haya adoptado ninguna medida porque el Dr. Lleral sigue esperando que la Corte Suprema de Justicia resuelva si sigue al frente o no. 

Todas las cuestiones que se han ido incorporando en estos años, como la denuncia de la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic en agosto de 2020 contra Pablo Nocetti, Gerardo Otero y Ernesto Oscar Robino, director y subdirector nacional de Gendarmería, o el pedido de indagatoria del fiscal contra Marcelo Ferreyra, Juan Pablo Scola, Víctor Vaquila Ocampo, están esperando que la Corte resuelva. Lleral ya dijo que él no puede ser juez.

APU: ¿Cómo recibieron la decisión del juez federal Daniel Rafecas de archivar la causa por el espionaje?

VH: Pareciera que viene en sintonía con la legitimación de los espionajes realizados desde las distintas fuerzas e instituciones del Estado. Viene a convalidar una metodología por parte del mismo.

APU: ¿En qué contexto considera que se enmarca el nombramiento de Alberto Gentili, acusado por su relación con narcos y el respaldo al espionaje ilegal sobre referentes de derechos humanos, a cargo de la Procuradora de Violencia Institucional? ¿Tuvo contacto con ustedes o con su causa?

VH: La Procuradora de Violencia Institucional no tuvo intervención en relación a la familia. Actuó junto a la fiscal subrogante Silvina Ávila, por eso prácticamente no quería hablar ni con Sergio Maldonado ni conmigo. Forma parte de la estructura del Estado y, en este caso, no se acercaron ni en ese momento ni ahora.

APU: ¿Cuál es el estado del reclamo a nivel internacional? ¿Qué ocurrió con el “espacio de diálogo” propuesto por el Estado argentino para que no haya litigación?

VH: Ese espacio se cerró porque no había diálogo. El 4 de agosto tenemos que presentar nuestras observaciones de fondo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avance en su informe para determinar si hace lugar a todas las peticiones que hemos hecho y a la denuncia que hemos realizado en cuanto a, como mínimo, la denegación de justicia que hoy queda claro que no tuvimos.