España: retirarán la condecoración al genocida Videla

Por Diego Moneta

La semana pasada la comisión Constitucional del Congreso español aprobó la retirada de todas las condecoraciones concedidas por el dictador Francisco Franco. El proyecto cita la distinción de la Real Orden de Isabel la Católica entregada a Jorge Rafael Videla, genocida condenado en nuestro país por ser autor de centenares de crímenes de lesa humanidad.

Tras un nuevo y largo debate alrededor del franquismo, por amplia mayoría se decidió instar al Gobierno a retirar todas las condecoraciones, en línea con lo que estipula el reciente anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Con 21 votos a favor, ocho abstenciones y seis en contra, la iniciativa presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fue aprobada. Contó con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos, Ciudadanos y Bildu.  

El planteo exige revocar los honores reconocidos por el Estado español a Franco y a sus colaboradores durante la guerra civil y la dictadura, de manera previa a la Constitución de 1978. En ese marco, se señala que Franco se arrogó durante treinta años la potestad de otorgar títulos nobiliarios. El Gobierno reconoció la incapacidad de facilitar datos certeros acerca de la cantidad y el tipo de administración que los emitió alguna vez.

Tras un nuevo debate sobre el franquismo y muchas acusaciones cruzadas, los partidos de izquierda y nacionalistas mostraron un fuerte consenso mientras que la derecha se dividió. El PSOE y Unidas Podemos apoyaron la propuesta, destacando que su anteproyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado por el Gobierno la semana previa ya recoge medidas en este sentido. Ciudadanos, pese a las críticas, también acompañó. El Partido Popular (PP), en su mayoría, optó por la abstención, a excepción de Adolfo Suárez Illana, hijo del ex presidente entre 1976 y 1981 Adolfo Suárez González, que se unieron a los parlamentarios de la  ultraderecha de Vox en su rechazo. Suele justificarse en que este tipo de actuaciones van en contra del criterio de olvido y perdón de la transición que comandó su padre. 

Además de Videla, el proyecto cita a otros miembros de regímenes totalitarios alrededor del mundo, como el general golpista de Uruguay, Gregorio Conrado Álvarez Armelino, o el guineano Teodoro Obiang, en este caso premiado por Juan Carlos I. La exigencia se generaliza para las personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por actuaciones de carácter antidemocrático.

El actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, buscará capitalizar la situación para ahondar en el camino de memoria histórica, marcado por la exhumación de los restos de Francisco Franco a finales de 2019. La Ley de Memoria Democrática busca cambiar la forma de enseñar la dictadura en las escuelas, el punto de partida para dejar de dar lugar a las exaltaciones del franquismo que hay en el país, así como establecer fechas de homenaje e incorporar sanciones a quienes continúen con dichas prácticas.

También contempla la extinción de fundaciones y asociaciones que realicen apología, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos para coordinar el trabajo de justicia y reparación, y la anulación de juicios sumarios llevados a cabo durante el período dictatorial, aunque sin dar lugar a indemnización. A su vez, propone una auditoría sobre empresas que se hayan beneficiado de labores forzosas. 

La idea es que el Estado español garantice el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas y que asuma por completo la exhumación e identificación de restos, para lo que creará un banco de ADN. Sin embargo, podría toparse, como hasta ahora, con los límites que establece la ley de amnistía de 1977, normativa que no se propone modificar. Por último, se propone convertir al Valle de los Caídos en un lugar de memoria.