“Este decreto es un guiño a los intereses corporativos del campo de la salud mental”

Por Juan Manuel Ciucci

APU: Se han escuchado muchas críticas al decreto que modificaría la Ley de Salud Mental, ¿cuáles serían sus puntos más conflictivos, además del empleo de esta instrumento por parte de Macri para imponerlo?

Leticia Ceriani: Se trata de un decreto que deroga la reglamentación vigente de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) y propone un reglamento nuevo que va en contra del espíritu de la Ley en varios aspectos:
- Elimina la definición de la salud mental y el padecimiento psíquico como un proceso complejo y multideterminado por aspectos sociales, económicos, históricos, culturales, biológico y psicológicos; para pasar a definirlos como trastornos mentales y del comportamiento. A esta definición subyace una mirada biomédica de la salud que objetiviza y estigmatiza a la persona con padecimiento psíquico.
- Impone una nueva conformación del Órgano de Revisión Nacional cuyo objeto era fiscalizar lugares de internación y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas internadas. En la reglamentación de 2013 el Órgano de Revisión estaba en cabeza del Ministerio Público. Con el proyecto actual se le asigna un presidente puesto por el Ministerio de Salud de la Nación, es decir se viola la independencia de este organismo respecto al Ejecutivo que es a quien debe controlar.
- Se pone fin a la equidad entre las disciplinas al sostener que todas deben estar bajo la dirección o coordinación del "Médico experto". Con este criterio se echa por tierra la posibilidad del abordaje interdisciplinario propuesto por la LNSM
- Habilita el aislamiento (al que define como la ausencia de contacto físico, telefónico, etc con los vínculos de la personas con padecimiento psíquico) como una forma posible de tratamiento. Está más que probado que el aislamiento además de una vulneración de derechos produce inequívocamente el agravamiento de los padecimientos.
- Habilita el tratamiento en hospitales especializados (manicomios) cuando la LNSM sostiene que los tratamientos deben realizarse en hospitales generales y prohíbe la creación de nuevos hospitales especializados (manicomios) En el caso de los consumos problemáticos vuelve a permitir el tratamiento en comunidades terapéuticas "abiertas o cerradas", lo cual es contrario a la LNSM que sostiene que el abordaje nunca debe realizarse en instituciones cerradas.

APU: ¿Por qué supone plantea ahora esto el Gobierno?

LC: Los intereses corporativos del campo de la salud mental (manicomios, comunidades terapéuticas, instituciones privadas y algunos sectores profesionales, sobre todo médicos) siempre intentaron modificar, cuando no derogar la LNSM. Con la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno esos intereses corporativos vieron abierta la posibilidad de incidir en la agenda del Estado. Creo que sin duda este proyecto es un guiño a esos sectores. Llama la atención que esta reglamentación va a ser el último acto de gestión de Lemus en el Ministerio de Salud.

APU: La Ley de Salud Mental contó con un gran apoyo, ¿cuál era el avance que significaba en la temática?

LC: La LNSM fue ampliamente discutida y contó con el apoyo de la mayoría de los actores del campo de la salud mental. Lo mismo sucedió con su reglamentación, promulgada por un decreto presidencial de CFK en 2013. Es básicamente una Ley que supone un cambio de paradigma respecto a los usuarios de Salud Mental que dejan de ser considerados objeto de tutela del Estado para ser considerados sujetos de derecho. Es una Ley que va en sintonía con otras tantas que se sancionaron en ese periodo y que tienen como denominador común la ampliación de derechos de grupos fuertemente vulnerados.

Por otro lado, la LNSM plantea la interdisciplina como modo de abordaje, corriendo definitivamente (hasta ahora) la hegemonía médica por sobre el resto de las disciplinas de Salud Mental. Esto implica además que profesionales de la salud no médicos puedan acceder a cargos de dirección de servicios de Salud Mental.

Otro de los puntos centrales, es que plantea que el tratamiento en  salud mental debe ser comunitario, ubicando la internación como último recurso y por un tiempo acotado. Finalmente, ubica los problemas vinculados al consumo de sustancias (legales o ilegales) en el marco de la ley y por lo tanto al consumidor como un sujeto de derecho.

APU: ¿Qué medidas se pueden tomar en la actualidad para frenar el avance de dicho decreto?

LC: Creo que las medidas son las que se están tomando. El alto nivel de participación que antecedió a la sanción de la Ley generó procesos de organización de actores hasta entonces invisibilizados (como los usuarios y sus familias) que junto con los trabajadores y organismos de derechos humanos están en estado de alerta y movilización. Se han sacado comunicados desde distintos espacios, se organizó una conferencia de prensa el jueves y se está intentando visibilizar que este decreto pone en riesgo una ley de avanzada y ejemplo en todo el mundo. La idea principal es dar la pelea en todos los ámbitos para evitar que este decreto salga pero si esto llegará a suceder, lo cual es probable teniendo en cuenta que el macrismo no suele ser muy respetuoso de los deseos populares, se dará la batalla en el ámbito judicial apelando a la inconstitucionalidad que implica modificar una ley por decreto.