Jujuy: denuncian a la Policía de Gerardo Morales por la infiltración de un agente en una radio comunitaria

Por Juan Borges

Roberto Aragón, coordinador del medio comunitario Radio Pueblo, dialogó con AGENCIA PACO URONDO y se refirió al efectivo de la fuerza de seguridad infiltrado durante tres años en el medio popular del barrio Alto Comedero.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué fue lo que ocurrió en el colectivo Radio Pueblo?

Roberto Aragón: Se trata de un medio alternativo y comunitario del barrio Alto Comedero, en Jujuy. Con más de once años de trayectoria en comunicación popular. Trabajando y militando en la comunicación.
En noviembre vivimos una situación lamentable. Tras la advertencia de un vecino del barrio que nos expresó que había un policía dentro de nuestro equipo periodístico. Empezamos a desarrollar una investigación nosotros mismos para constatar la veracidad de las acusaciones. 

Empezamos a consultarnos entre compañeros y compañeras. Hablamos con referentes de otros espacios. En esos días sale publicado en el Boletín Oficial del gobierno de la provincia de Jujuy el verdadero nombre de la persona que nos había infiltrado la organización. Había sido un supuesto compañero nuestro desde el 2018. Cuando nos enteramos contrastamos el DNI que nos había proporcionado en su momento para hacer los carnets de prensa y allí vimos que esa documentación era falsa.

APU: ¿De qué manera se integra el agente Rosales a Radio Pueblo?

R.A.: El agente Rodrigo Ezequiel Rosales respondió a una convocatoria de talleres que impulsamos para la comunidad de manera abierta y gratuita. A mediados del 2018 se suma a uno de estos talleres. Y ya en el 2019 se suma a uno de nuestros equipos de trabajo. A partir de ahí empezó a cumplir tareas de coberturas y notas, era movilero de la radio. Tenía dialogo y vinculación con diferentes sectores que estaban en lucha. Radio Pueblo pertenece a un proyecto de la biblioteca popular llamada “niños pájaros “con una trayectoria de casi 21 años trabajando desde el área social y educativa. Asimismo, abrió espacios en lo artístico y deportivo. Básicamente en lo social cumple una función muy destacada en el barrio. Rosales se vincula a todos estos espacios conociendo su manejo e intimidad. Lo cual le da una posición de intromisión bastante notoria. Utilizo nuestros espacios populares para acceder a información y a identificar a personalidades inmersas en la lucha popular.

APU: ¿Podríamos considerarlo un hecho de persecución política?

R.A.: Repudiamos totalmente este caso de espionaje ilegal por considerarlo violatorio de nuestros derechos. Las rechazamos por ilegales y criminales. Por otra parte, consideramos que este no es un caso aislado. En las elecciones nuestro espacio se presentó con el partido AJI 20, una alianza con el movimiento Pluricultural a disputar bancas en el poder legislativo en junio. Días después de contar los votos fuimos notificados por una imputación penal por delitos de amenazas contra el señor gobernador a raíz de una publicación de unos grafitis ese fin de semana que expresaban el descontento contra el gobernador Morales. Se montó una operación desde la justicia provincial. Las evidencias que presentaron son bochornosas y no hay evidencias sólidas para confirmar sus acusaciones vertidas contra dos compañeras nuestras que habían sido candidatas en esas elecciones legislativas. Este aberrante hecho nos hace padecer la persecución en carne propia. Esto se enmarca en una persecución más general, más grande. Incluso identificamos a otra mujer policía en imágenes de una marcha con una bandera de nuestra organización haciéndose pasar por una simpatizante.

APU: ¿Vinculan este hecho con la infiltración?

R.A.: Absolutamente. La información que manejaba el agente infiltrado casualmente reconoce a dos personas de la organización AJI 20. Quien realiza las investigaciones preliminares en la justicia provincial, a cargo del fiscal Diego Funes, es una división de la policía de la provincia de Jujuy. El fiscal de una manera ambigua expreso que las facciones tomadas por las cámaras de seguridad la noche de las pintadas de los grafitis coincidían con los rostros de nuestras compañeras. La policía aporta imágenes de nuestras compañeras tomadas de las redes sociales personales. Recalcamos la inocencia de nuestras compañeras y entendemos este hacho como una intimidación y otro episodio de persecución política.

APU: ¿Hicieron la denuncia?

R.A.: Hicimos una denuncia ante la fiscalía federal de Jujuy. Estamos esperando que se realicen todas las investigaciones pertinentes. Y esperamos que el fiscal a cargo pueda intervenir y atienda a los pedidos que realizamos. Tenemos una trayectoria de más de 21 años en la comunicación popular. Esta animosidad nos duele y nos afecta en lo organizativo. Es consecuencia de una participación popular con la gente y también la expresión de querer neutralizarnos como una incipiente fuerza política con perspectivas electorales. Era la primera vez que nuestra organización AJI 20 se presentaba y todas estas intimidaciones manifiestan la negativa a que ejerzamos nuestro derecho electoral. Hay una persecución política y una criminalización contra nosotros por parte del gobierno provincial. Vulneran derechos de la comunicación de los pueblos.

APU: ¿Cuál es su mirada sobre la situación de los presos políticos?

R.A.: Con respecto a la situación de los presos políticos nosotros entendemos que se enmarca en un accionar repetitivo y constante del gobierno de Gerardo Morales contra el campo popular. Vemos que muchas organizaciones vienen padeciendo lo que nos toca a nosotros ahora en primera persona.