“La violencia institucional actual contra muchos jóvenes está vinculada con el proyecto de la Dictadura”

Por Santiago Asorey

APU: Empecemos con una pregunta general: ustedes como docentes de la escuela tienen acceso a muchos jóvenes del cordón sur de la Ciudad que sufren violencia institucional. ¿Qué lectura hacen de la situación en esa materia?

Gabriela Carpineti: Hay que contextualizar un poco para comprender de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional. No casualmente estamos en este momento realizando esta entrevista en un aula que los alumnos y docentes de la escuela decidieron titular “Memoria, Verdad y Justicia”. En la puerta se puede ver la imagen de las Madres y las Abuelas buscando a sus hijos y a sus nietos en una de las expresiones más dramáticas que tuvo el terrorismo de Estado en la Argentina. Este martes se cumplen 39 años del golpe de Estado, y sabemos que la Argentina se convirtió en la última década en un país modelo en materia de juzgamiento a crímenes de lesa humanidad.

Pero para que eso sucediera tuvo que haber una decisión política, sino hubiese sido imposible avanzar. Esta escuela trabaja mucho pedagógicamente la historia de nuestro país. Cuando nosotros hoy hablamos de violencia institucional, 39 años después del inicio de la dictadura, creemos que existe una vinculación con el pasado. La violencia institucional que está particularmente dirigida hacia jóvenes de los sectores populares es una especie de readecuación del viejo proyecto del terrorismo de Estado. Esto se da de forma paradójica y contradictoria, en un contexto de una sociedad con más democracia. Cuando hagamos memoria el próximo martes en las aulas también vamos a estar hablando de la violencia del presente que particularmente sufren los pibes de los sectores populares.

Maximiliano Malfatti: Tomando el anclaje histórico que hizo  la compañera, me gustaría aportar algo relacionado a la experiencia que tuvimos en estos últimos años desde esta escuela. Coincido con la compañera con la necesidad de trazar un vínculo entre la dictadura y algunas prácticas de la sociedad que todavía no pudieron erradicarse. Una de esas prácticas muy arraigadas tiene que ver con la estigmatización. Por eso los jóvenes de los sectores populares son los que sufren la violencia institucional. Ya sea de las fuerzas de seguridad, u otras formas de violencia como la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Capital Federal para toda la demanda de alumnos que hay.

APU: En las últimas entrevistas que realizamos a los abogados del CELS y también a Berenice Timpanaro surgió esta idea de considerar al narcotráfico como una nueva forma de violencia institucional. ¿Qué visión tienen de esta nueva lectura?

GC: El punto de partida son siempre las decisiones políticas. Hoy asistimos a un conjunto de políticas públicas en materia de seguridad social que prioriza la calidad de vida de los niños, y los adolescentes. Paradójicamente, a pesar de este escenario, para muchos pibes de estos barrios, hay muchas cuestiones que siguen siendo de vida o muerte. La penetración que tuvieron los mercados criminales, como el narcotráfico en estos barrios durante estos años viene a poner en tensión muchas de esas ampliaciones de derechos. Para estos pibes, tomar una decisión política para terminar con estos mercados de ilegalidad, tiene que ver con la vida o la muerte.

MM: La integración urbana es la punta de lanza para combatir ese enquistamiento del narcotráfico en los barrios. Porque no es algo que produce el barrio sino las condiciones que favorecen a este tipo de delitos para instalarse ahí. Es complejo el trabajo de los chicos con adicciones. Tuvimos momentos donde era más crítico. Teníamos talleres funcionando en la escuela que eran condición para entrar en la escuela. Después eso fue cambiando. La población se amplió y los casos de consumos más duro no están tanto en la escuela. Sabemos igual que están en el barrio, sectores de la población más excluidos de las instituciones. Después esta el combate efectivo de los narcotraficantes que todos saben donde están pero no se buscan.

APU: ¿Como trabajadores del barrio qué balance hacen de la gestión de la Gendarmería en el cordón sur?

MM: Al principio hubo un cambio en el funcionamiento del barrio y se controlaron muchas cuestiones de violencia cotidiana. Pero en el último año hubo un pequeño rebrote de situaciones de violencia. Los pibes igual se quejaban de los abusos de los uniformados, requisas, mandarlos a la casa, darle algún golpe.  Eso se mantiene según cuenta los chicos. Pero a nivel general el barrio se modificó.

GC: El análisis de lo que fue pasando con la Gendarmería en el barrio no se puede separar de los cambios que se fueron produciendo en la gestión política. Teniendo en cuenta que la Gendarmería es el Ministerio de Seguridad. Y ese ministerio desde su creación en diciembre del 2010 ha sufrido distintas etapas. Porque ha tenido gestiones políticas y distintas tipos de intervención en la Ciudad de Buenos Aires. Esto excede a los agentes de la Gendarmería. Sin una decisión política clara de penetrar en los mercados criminales para desarmarlos y construir sobre esos territorios donde los mercados ilegales ponen muerte, negocios ilegales y digitan la vida de las personas, cualquier fuerza de seguridad nueva que entre va estar presa de eso.

APU: Se dieron cambios en la gestión de la Casa de la Cultura, que incluyeron críticas a la administración anterior. ¿Cuál es su lectura de esos cambios?

MM: Con respecto a la autopsia de la gestión anterior no hay mucho para aportar. El barrio tomó la decisión de que en la Casa de la Cultura venía algo nuevo. El barrio se veía afuera del espacio de participación de la casa y eso fue decantando que en la casa se produzca este cambio. No me corresponde a mí juzgar que fue lo que paso. Pero ahora hay una mirada más amplia, más inclusiva de los vecinos, que recibe más a los vecinos y está más abierta a su demanda. La casa venia a cumplir un rol importantísimo porque es un reconocimiento a un barrio que tiene una diversidad cultural y una potencialidad impresionante. Mario Gómez es un dirigente muy particular que tiene una mirada amplia. Y tiene un anclaje en la memoria colectiva histórica, y está tratando que eso se multiplique en la casa. Tengo mucha confianza de que va haber un antes y un después en la Casa de la Cultura. Mostrar la capacidad que tiene un villero para gestionar y relacionarse con otros espacios. Una verdadera transformación. Creo que ese era el sueño de la presidenta.

APU: ¿Como ven el proceso de transformación del barrio a partir del trabajo de la escuela y la casa de la cultura?

GC: En los últimos 6 años, desde la fundación de esta escuela, hubo un despliegue fundamentalmente del Estado Nacional, muy fuerte en este barrio. Hemos logrado cumplir un montón de tareas que tuvieron que ver con el mejoramiento de la vida en este barrio. Nuestro rol como docentes de la escuela pública es poder apuntar a la articulación de las políticas de estados y las organizaciones del barrio.

MM: En este momento la primer y segunda promoción de la escuela están encarando un proyecto para declarar al barrio libre de analfabetismo. Son los jóvenes egresados de la escuela los alfabetizadores de los mayores del barrio. Este proyecto se esta coordinando desde la casa de la cultura, con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, con la escuela y diferentes organizaciones. Ahí encontrás el recorrido en los pibes que van a los ponchazos intentando integrarse en el mercado laboral. Pero miran para dentro, y dicen nosotros tuvimos la oportunidad de tener hacer una escuela primaria y secundaria en nuestro barrios, no se la debemos a otros que no sean los mayores. Ellos resistieron la erradicación y pelearon por las condiciones para que se genere la escuela.