Legislar contra el negacionismo: deuda de la democracia

Por Diego Moneta | Foto: Elisa Alioni

Como suele suceder anualmente, pero sobre todo desde la asunción del macrismo a nivel nacional, el último 24 de marzo nos encontró con dos sectores: por un lado, aquellos que reivindican el modelo dictatorial y reproducen discursos negacionistas; por el otro, quienes asisten a Plaza de Mayo para defender los Derechos Humanos (DDHH) y expresan distintas propuestas para sancionar y limitar el negacionismo. La problemática centra, otra vez, la discusión en el papel que debería desempeñar la dirigencia política y el gobierno.

Limitar y sancionar el negacionismo es otra de las deudas de nuestra democracia. Si bien son una minoría en la sociedad, son amplificados a través de medios de comunicación y redes sociales. Así se llega a las vandalizaciones. El problema se agrava cuando son reproducidos por quienes se desempeñan en la función pública. Mauricio Macri, siendo presidente, habló de "guerra sucia". Hoy continúan su línea figuras de Juntos por el Cambio, como en intendencias, caso Córdoba, o en el área legislativa, con el senador radical de Santa Fe Lisandro Enrico.

Los últimos días el Gobierno decidió reimpulsar la iniciativa presentada por el diputado nacional del Frente de Todos (FDT) por Córdoba Eduardo Fernández. Es el último proyecto del oficialismo, que se dio a conocer en marzo del año pasado. En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Fernández desliza que el objetivo es “sancionar conductas de apología y/o negación del genocidio y crímenes de lesa humanidad”, incorporando las figuras al Código Penal y estableciendo penalidades “que van de los tres meses a los dos años, junto a una multa económica” -las mismas son fijadas para delitos de similar naturaleza-. Con respecto al papel de los funcionarios públicos, de cualquier jerarquía y jurisdicción, prevé que haya capacitación obligatoria en materia de derechos humanos. Además, se consideraría un agravante, sumando la posible “destitución e inhabilitación especial para ocupar cargos" durante el tiempo de condena, con un máximo de diez años. 

La iniciativa representa una continuidad de dos que fueron impulsadas con anterioridad -en 2017, por Nilda Garré, y en 2019, por Horacio Pietragalla Corti, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación-, dado que las toma como base. "La intención es la misma: no dejarlos impunes", resalta el cordobés. Debe haber una "incorporación efectiva para que la ley transcurra a pesar de los gobiernos y que la justicia esté obligada a aplicar". A su vez, ha tomado en consideración a los organismos de DDHH que actúan en Córdoba pero también "la dura puja para que no coarte la libertad de expresión". Sin embargo, para el legislador resulta "como mínimo llamativo" que se esboce esa posible restricción "desde sectores de derecha" que "ocultan que el verdadero objetivo de las dictaduras fue implantar modelos económicos y restringir libertades públicas", pondera Fernández.

La situación en Provincia

También en el marco del día 24 de marzo, Susana González, vicepresidenta del bloque del FDT y diputada bonaerense del Frente Grande, presentó un proyecto de ley para crear el Consejo de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado. Estaría integrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y el Defensor del Pueblo bonaerense.

De alguna manera, puede leerse como una respuesta a lo sucedido durante la última sesión especial en la Cámara Baja. El legislador de Avanza Libertad Nahuel Sotelo acusó a las diferentes fuerzas políticas del recinto de colaboracionistas, en línea con la actitud mostrada por el principal referente del mencionado espacio político, José Luis Espert. "Estoy convencido de que hubo dos demonios" y "niego que hayan sido 30 mil desaparecidos", expresó. La actitud se replicó con representantes libertarios en la Legislatura porteña.

El organismo propuesto tendría la finalidad de promover y desarrollar políticas “tendientes a prevenir, erradicar, identificar y/o denunciar conductas negacionistas del terrorismo de Estado”, es decir, sus crímenes y violaciones, y “del etnocidio contra los pueblos indígenas”, explica González, también en comunicación con APU. Se generarían “actividades y campañas de concientización, difusión, educativas y culturales” sobre sus consecuencias y también abordaría el papel de los medios de comunicación con la “formulación e implementación de protocolos de intervención”. El objetivo es “la prevención y erradicación de estas prácticas'', completa. Toma como base la iniciativa presentada por su compañera de Frente, Tere Cubells, diputada provincial de Chaco. De igual manera, recepcionó aportes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Allí la legisladora agradece a Cipriano García, no sólo por la predisposición sino por reforzar la "necesidad de actuar en la prevención y educación".

González evalúa la propuesta dirigida al Congreso de la Nación como "necesaria y complementaria" de la suya, dado el ámbito de aplicación restringido a nivel provincial. "Me genera tranquilidad a la vez que una sensación de estricta justicia", especifica. En el mismo camino, el futuro Consejo actuaría también cuando las prácticas, posicionamientos o conductas negacionistas sean efectuadas por "personas que se desempeñen en la órbita de la función pública, ya sean cargos electivos o no, en todos los niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, remunerada u honoraria". Quedarían "sujetas a los procedimientos administrativos disciplinarios establecidos en cada régimen" propio para determinar sanciones, que irían "desde un apercibimiento hasta la cesantía, remoción o expulsión", según el ámbito en donde desarrolle su actividad.

La iniciativa va más allá de la esfera de la última dictadura militar y se expande a la afectación de comunidades indígenas. En ese sentido, cuando las conductas negacionistas se relacionen con violaciones que han sufrido dichos pueblos, el proyecto propone incorporar al Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) a la institución que se crearía. Por último, el organismo deberá sistematizar un mecanismo de identificación de conductas públicas negacionistas y de recepción de consultas y denuncias.

Antecedentes a nivel internacional

La jurisprudencia en la materia puede analizarse desde una óptica más general o de casos particulares. Ambas evidencian que la legislación contra el negacionismo no es una idea exclusiva de nuestro país, único en juzgar el terrorismo de Estado desde el poder político, ni resulta, en principio, un problema para con la libertad de expresión.

Por un lado, el proyecto de Fernández toma como referencia tratados internacionales -en muchos casos incorporados en nuestra Constitución- como la "Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad". Además, considera legislación específica en diversos países, sobre todo de Europa, y la ya existente en organismos y tratados de justicia, entre ellos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Junto a otros casos, "establecen la necesidad de penalizar" este tipo de delitos.

Con respecto al proyecto de González, se tomó como referencia otras legislaciones y antecedentes pioneros, como Alemania: negar el Holocausto contempla multas y hasta cinco años en prisión como penas. Entre otros ejemplos europeos, uno es Francia, donde la Ley de Igualdad y Ciudadanía prevé multas cuantiosas y un año de detención como penalidades para quienes nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia, como el caso armenio y el ya mencionado llevado a cabo por el nazismo. De todas maneras, la diputada destaca la experiencia de otras iniciativas en el ámbito nacional y provincial.

Otras iniciativas similares

Como se mencionó, la intención de una ley que sancione el negacionismo no es nueva. En los últimos años podemos recordar algunas, con mayor o menor alcance en su objeto y distintos agregados. A pesar de las varias propuestas que hubo, ninguna llegó al recinto hasta el momento, por lo que se convertiría en un hecho icónico.

De Valeria Carreras, quien buscó el apoyo del Colegio Público de Abogados, al proyecto del diputado Marcelo Koenig (FDT), una de las claves evidenciadas es la necesidad de capacitación obligatoria. En ese sentido, puede emparentarse con la Ley Micaela y la Ley Yolanda. Por otro lado, las iniciativas del senador nacional Alfredo Luenzo y de la diputada por Santa Fe Patricia Mounier marcan la pauta de que el gran cambio al que hay que apuntar es su efectiva incorporación al Código Penal. Ambas cuestiones se recuperan en las propuestas comentadas en estos últimos días.

También vale el proyecto de ley de un grupo de diputados nacionales de extracción sindical del FDT. El cuerpo legal "antinegacionista" estipula sanciones civiles y penales a ese tipo de conductas sobre crímenes de lesa humanidad, soberanía argentina en las Islas Malvinas y existencia de epidemias o pandemias. La otra particular es que propone elevar la escala penal del delito reprimido y, en el caso de funcionarios, duplicar el tiempo de inhabilitación. Lleva la firma de Carlos Cisneros, Alcira Figueroa, Pablo Carro, Walter Correa, María Rosa Martínez, Claudia Ormaechea, Carlos Ortega, Carlos Ponce y Hugo Yasky.

Está claro que la visibilización de prácticas negacionistas se agravó en los últimos años, en especial a partir del rol que desempeñan y desempeñaron dirigentes políticos de diversos partidos y alianzas. Por citar un caso: Patricia Bullrich no es inoportuna al pedir tener una "memoria real", es negacionista. Si el contexto actual es, en parte, su responsabilidad, también lo es para la dirigencia implementar medidas para sancionar y mitigar dichas prácticas. Hay que ir más allá del mero repudio y legislar.