Murió el ex capellán Marozzi, involucrado en delitos de lesa humanidad

Por Nicolás Adet Larcher

El domingo, alrededor de las 7:40 de la mañana, fallecía el sacerdote santiagueño Carlos Luis Marozzi, quien se desempeñaba en esa función desde que fue ordenado como tal en 1958. Hasta su muerte, fue párroco del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Durante los años de la dictadura cívico-militar, Marozzi se había desempeñado como Capellán Auxiliar del Batallón de Ingenieros de Combate 141, cargo al que había accedido dos años antes de la llegada de la junta militar al poder. Marozzi era el tercer miembro de la iglesia involucrado en un juicio por delitos de lesa humanidad y el segundo en fallecer sin una condena por el lento avance de la justicia.

La muerte de Marozzi fue sorpresiva, aunque su estado de salud no era bueno. Desde noviembre de 2015, el sacerdote se encontraba en calidad de procesado por delitos de lesa humanidad, por la imposición de tormentos contra Hugo Alberto Gómez, quién se encontraba secuestrado dentro del Batallón, y por formar parte de una asociación ilícita. En aquél momento, por su estado de salud, no se tuvo en cuenta la prisión preventiva ya que Marozzi se desplazaba en una silla de ruedas y a criterio del juez no había riesgo de fuga.

Durante la dictadura militar – según los autores Ariel Lede y Lucas Bilbao en su libro “Profeta del Genocidio” – los vicariatos castrenses contaban con dos tipos de capellanes. Uno, los castrenses, únicamente abocados al sacerdocio dentro del mundo militar. Los otros, los auxiliares – a los que pertenecía Marozzi – participaban del sacerdocio, pero sin abandonar su trabajo pastoral en las diócesis. En un principio, la figura del auxiliar había sido pensada para complementar a los castrenses, aunque más tarde se comprobó que los auxiliares cubrían el 78% del personal eclesiástico en los vicariatos entre 1975 y 1983.

En 2011, un proyecto de la UCR en el Concejo Deliberante de la ciudad capital de Santiago del Estero, proponía una distinción hacia la figura de Marozzi. La misma fue aprobada, aunque más tarde, ante los reclamos de Organismos de Derechos Humanos, la misma fue anulada por parte de la municipalidad.

En el 2012, Marozzi había negado en un principio tener conocimiento sobre personas desaparecidas cuando fue sentado en el banquillo y tuvo que declarar durante más de dos horas. Dijo que solo había visto a prisioneros atados, con ojos vendados y más tarde tuvo que reconocer que si había tenido contacto con algunas familias que buscaban a sus hijos. Anteriormente, Marozzi había sido citado – no en calidad de imputado – para que la justicia pudiese obtener información sobre lo que sucedía en aquellos años.

El sacerdote acudió con un abogado, pero no ayudo mucho. Se limitó a decir que las cárceles eran lugares higiénicos, que las mujeres eran muy bien tratadas y que todo estaba bien.

En 2013, una ex presa política señaló a Marozzi en el juicio de la Megacausa II, explicando que el mismo “se vendió por un sueldo para torturarnos en la cárcel”. La mujer, había permanecido detenida luego del golpe de estado durante cinco años y recordó que era el propio Marozzi quién decía que “a los jóvenes había que matarlos, porque muerto el perro, se acababa la rabia”. En otras declaraciones, testigos señalaron a Marozzi en el lugar, como un asiduo visitante a los centros de tortura mientras los detenidos eran golpeados y mencionaron que el sacerdote los persuadia para que dieran el nombre de sus compañeros.

En 2015, Gómez relató ante la justicia que mientras se encontraba dentro del Batallón 141 en calidad de detenido, pudo ver a Marozzi en un momento cuando se le corrió la venda. El relato de Gómez que había tenido lugar en 1975, se sumó a otros elementos de prueba que fueron suficientes para que el Juez Federal, Guillermo Molinari, procesara a Marozzi por los delitos de imposición de tormentos y partícipe de una asociación ilícita.

En su casa, con un estado de salud desmejorado y con un procesamiento a cuestas, Marozzí falleció el domingo y durante los próximos días fue despedido por gran parte del sector eclesiástico de la provincia. Durante su misa exequial, incluso, estuvo presente el obispo Vicente Bokalic, quién junto a sacerdotes de la provincia brindaron unas palabras para recordarlo. Quienes estuvieron presentes, mencionaron que “se lo recordó con todas las obras que dejó” aunque no se hizo mención a las pruebas y su procesamiento por delitos de lesa humanidad. En la página de la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), tampoco se hizo mención al detalle del procesamiento y la causa que avanzaba en su contra.

Marozzi, es el segundo sacerdote que fallece sin una condena sobre su actuación durante la dictadura y los años anteriores. En junio, José Mijalchyk, quién había desempeñado el cargo de capellán en el Batallón de Arsenales 5 de Tucumán, también falleció luego de haber sido absuelto en la Megacausa “Arsenal II – Jefatura II” en 2013. Un voto en disidencia de uno de los jueces había solicitado una pena de diez años por considerarlo cómplice de los delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios. Con la muerte de Mijalchyk y Marozzi, solo queda en juicio, en representación de la pata eclesiástica, el ex capellán policial Eugenio Zitelli, también procesado en 2015 por torturar a 19 personas.