Organismos rechazaron el traslado del Ministerio de Justicia a la ex Esma 

A través de la resolución 761/19 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional informó el traslado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Espacio de Memoria ex Esma, en el barrio de Nuñez. Allí funcionó el más emblemático centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Al igual que la obra que se derrumbó en el Aeropuerto de Ezeiza, la construcción del edificio se encuentra a contra reloj con el fin de dejar parte inaugurado antes de la veda electoral. Será en el que funcionó el Casino de Aspirantes y Cantina, con un espacio amplio donde funcionaba el comedor, que bautizarán en homenaje al primer mandatario luego de la dictadura: “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”.

Pero los organismos de derechos humanos y trabajadores rechazaron ese traslado en medio del vaciamiento del sitio. 

La intención del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, es inaugurar parte de ella antes de la veda electoral e irse del cargo con lo simbólico de la obra inaugurada en su gestión.

La delegada estatal en el Centro Cultural Conti, Ana Gónzalez, remarcó que desde el Ministerio están llevando adelante esta obra cuando aún hay artistas a los que se les debe sus actuaciones en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. “El vaciamiento en la secretaria (de Derechos Humanos) sigue con la misma intensidad”, detalló a Tiempo Argentino.

Por otro lado, el representante de HIJOS en el Directorio de Organismos que cogobierna el espacio, Carlos Pisoni, expresó: “Nuestra postura es que ante la desidia y estado de abandono en que este gobierno sumió al espacio de memoria en estos cuatro años, creemos que antes que trasladar ningún organismo hay que financiar el sitio”. “Este gobierno ha hecho un retroceso en materia de derechos humanos, puntualmente en lo relacionado con lesa humanidad”, expresó el nieto de Aurora Zucco de Bellocchio mientras relataba la merma en las visitas al sitio, el cierre de programas y el despido de empleados del espacio.

Por último, otro punto en conflicto es que con la anterior gestión de gobierno, la decisión política era realizar refacciones con los trabajadores del programa “Argentina trabaja”, pero hoy se encuentra en manos de una empresa privada. 

Poder Ejecutivo tiene como respaldo un convenio del 2017 que asigna ese edificio para oficinas del Estado, es por esto que allí ya funciona la Secretaria de Derechos Humanos, entre otros organismos estatales. La resolución se basa en “propugnar la exaltación de los valores de Memoria, Verdad y Justicia, y la promoción y defensa de los Derechos Humanos”.