Santiago del Estero: suspenden juicio de Lesa Humanidad

Por Nicolás Adet Larcher

En Santiago del Estero, desde el 22 de agosto, se llevaba adelante el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. La particularidad de este caso era que por primera vez se sentaba en el banquillo a civiles en el marco del accionar dentro del terrorismo de Estado. Este juicio lleva dilatado más de 14 años y en la sociedad santiagueña dos de los civiles juzgados pertenecen a la familia judicial, por haber sido jueces durante la década del 70: Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo. Desde un primer momento, las defensas de los imputados plantearon recusaciones a los jueces lo que, finalmente, motivó en la suspensión del juicio.

Los delitos que se señalan en los 14 imputados van desde imposición de tortura, privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, asociación ilícita, hasta allanamientos ilegales. Luego de varias presentaciones, finalmente, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por las defensas de Liendo Roca, Jorge D’Amico, Pedro Carlos Ledesma, Cayetano José Fiorini, Olmedo y Roberto Díaz.

Durante el lunes pasado, circulaban rumores acerca de una posible suspensión del juicio, lo que finalmente quedó desestimado cuando se conoció que Casación únicamente había abierto la puerta para una presentación de parte de la defensa para luego, finalmente, dar lugar. La resolución de la Cámara para cada imputado afirma en términos genéricos que se declara “mal denegado” el recurso de los imputados presentado anteriormente para objetar la parcialidad de los jueces, y que el mismo debe concederse con efecto suspensivo.

Desde la defensa, el planteo general es que los jueces que integran el Tribunal Oral Federal encargado de llevar adelante la Megacausa III no pueden continuar con el proceso judicial ya que carecen de imparcialidad por su pasado próximo, como querellantes en otras causas de lesa humanidad y como miembros del ERP en otros casos.

Ante el conocimiento de esta decisión de parte de los jueces, se convocó a una concentración en el TOF de la provincia el lunes a partir de las 9:30 para continuar con los pedidos de justicia en relación a la Megacausa.

Jueces de Casación

El recurso aceptado desde Casación lleva la firma de tres jueces: Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos. Los tres mantienen un pasado próximo que, en el caso de dos, también es cuestionado desde distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas.

De estos tres, quizás el más conocido sea Gemignani, quién en los últimos meses estuvo presente en las portadas de algunos medios nacionales luego de que su secretaria, María Amelia Expucci, lo denunciara por privación ilegítima de la libertad en carácter agravado luego de que el magistrado la mandara a detener por no haber realizado un inventario. Desde el mundo gremial y judicial, varios actores repudiaron el hecho y Gemignani fue imputado por los delitos que Expucci denunciaba, a la vez que la fiscal a cargo de la causa se encargó de solicitar protección para la joven dentro de los programas de protección para la mujer, ya que el magistrado trabajaba en carácter de cercanía con la denunciante.

El Juez Federal, Marcelo Martínez de Giorgi fue quién desestimó luego la denuncia que Gemignani pretendía impulsar contra su secretaria  y decidió remitir los antecedentes del juez a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura con el objetivo de “analizar su proceder”.

El juez Hornos, que también integra el tribunal de Casación, se mantiene en el cargo luego de haber sido propuesto por Carlos Menem durante mediados de la década de los 90. Hijo de un Coronel del Ejército, nacido en Córdoba en 1957, en solamente unos cinco años, pasó de ser fiscal federal a juez en esa instancia durante el menemismo.

Menem decidió candidatearlo sin aviso previo, un día antes de que Hornos presentara un recurso extraordinario para que Amira Yoma quedara sobreseída en una causa por lavado de dólares que estaban vinculados al narcotráfico.

Hornos, tiene a parte de su familia dentro del poder judicial. Su sobrina, es secretaria del juez Giorgi dentro del juzgado federal, su hija, Rosario, era secretaria del juez Carlos Fayt cuando integraba la Corte Suprema y su hermano, Roberto Hornos, fue designado fiscal durante la década menemista.

A principios de la década pasada, Hornos ya había protagonizado otras suspensiones de juicios por delitos de lesa humanidad, cuando firmó junto a otros dos jueces, el congelamiento de dos juicios, uno en Mar del Plata y otro en Bahía Blanca en el 2000. En el caso de Mar del Plata, el juicio se suspendió por motivo de un pedido de la Armada donde se pedía la modificación respecto de un lugar señalado como centro de detención clandestino. En el caso de Bahía Blanca, mientras el ejército miraba de reojo el avance de los juicios en el país, Hornos aceptó a través de su firma un recurso de queja que había sido presentado por el teniente coronel, Julián Oscar Corres. Luego de esa resolución de Casación, se determinó que los militares no fueran obligados a decir la verdad.

Quizás, Borinsky dentro de la integración del tribunal, sea quién mantiene un perfil por fuera de los otros dos jueces. Es el juez más joven dentro del Tribunal Penal a nivel nacional y trabajó en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), impulsando una investigación por tráfico de armas contra el ex presidente Menem. En el contexto del debate para democratizar la justicia por parte del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Borinsky afirmó desde una columna que la sociedad espera de la justicia que el acceso a la misma “sea un derecho palpable. Que los jueces sean personas terrenales, que paguen sus impuestos y que hagan públicas (porque son personas públicas) sus declaraciones de bienes” a la vez que determinaba que los jueces deben brindar un “servicio” a la sociedad con un “lenguaje sencillo, de fácil comprensión”, noticiando las sentencias para que la comunidad mantenga un control constante sobre los jueces.