El campo popular y sus dificultades ante el debate de la inseguridad

Por Horacio Bustingorry 

Hace varios meses que la gestión de Mauricio Macri viene alicaída. Sin embargo la Resolución 956/18 emitida por el Ministerio de Seguridad de Nación le devuelve cierto beneplácito en franjas importantes del electorado. El malestar por el deterioro de la situación económica y social parece aminorarse con esta reactualización de la agenda de la “inseguridad”. ¿Cómo explicar tal viraje? Tal vez partiendo de reconocer que la solución de esta problemática constituye una demanda real de algunos sectores de los barrios populares.

La medida generó las reacciones que eran previsibles. La potestad otorgada a las fuerzas de seguridad federales para disparar sin dar la voz de alto y sin que medie agresión armada, y la recomendación del gobierno nacional de que las provincias adhieran a la normativa obtuvo una rauda respuesta. Ante un amparo presentado por el PTS, la Correpi y una sobreviviente de un caso de gatillo fácil, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, declaró inconstitucional la resolución y ordenó al Gobierno de la Ciudad que no adhiera a la medida. Alejada del centro de la toma de decisiones, una porción importante de la población mira con simpatía lo resuelto por Patricia Bullrich, sin que las organizaciones del campo popular se propongan interpelar a ese sector.

¿Clase media facha?

Son habituales los planteos que asocian el pedido de seguridad con reclamos de la clase media y alta. O que intentan circunscribir este tipo de preocupaciones con ideologías de derecha. Sin embargo, sería un error no reconocer que la demanda está presente en los sectores más castigados de nuestro Pueblo. Si en el siglo XIX, Friedrich Engels consideraba el robo individual como el primer escalón de la lucha contra la burguesía, hoy difícilmente sea así. Como en tantas otras cosas, quiénes más padecen el robo a la propiedad y, en ocasiones, el atentado a la vida, son las franjas más pobres de la población.

No parece sensato enojarse con la población extremando lo ideológico. No tiene sentido el desencanto frente a un supuesto fascismo congénito o construido únicamente desde el discurso mediático. Como en tantos otros órdenes es necesario entender las circunstancias. Así como “ningún pibe nace chorro”, tampoco nadie nace con el deseo de “meter balas a los delincuentes”, parafraseando a un gobernador caído en desgracia. Los asaltos y los asesinatos en ocasión de robo son una realidad palpable que los medios podrán exagerar y deformar, pero de ninguna manera inventar. Por eso, no es casual que el gobierno apele a este golpe de efecto justo cuando crece el hartazgo de la población frente a su política de ajuste.

La demagogia de “mano dura” pretende encubrir una realidad que los militantes del campo popular solemos olvidar. Quienes son víctimas de la “inseguridad” también sufren el abandono del Estado. Así como la delincuencia es producto de la falta de respuestas no punitivas a años de retroceso económico y social, también el Estado deja al desamparo a quien sufre un robo violento. Este sector también merece un acompañamiento del campo popular porque si no ese espacio vacío lo ocupa la derecha, al igual que los merecen los cientos de casos de gatillo fácil que cometen las fuerza de seguridad cada año. Los cuestionamientos a la medida dispuesta por Bullrich no deben agotarse en el necesario repudio al incremento de la violencia de un Estado que estigmatiza y asesina, sino que debe contener un mensaje al conjunto de la población que se entusiasma con este circo marketinero, que haga hincapié en lo ineficaz de la medida.

Equívocos de la población

La simpatía que genera la resolución parte de varios errores. El primero es creer que la delincuencia existe por el blando accionar policial y de la Justicia. Esta medida lejos de resultar disuasoria incrementará los riesgos. No solo por la respuesta de quienes cometen un robo, que seguramente será más violenta, sino también por las propias balas policiales, considerando que existen antecedentes de víctimas de disparos en ocasión de robo perpetrados por las propias fuerzas de seguridad. Las calles serán más peligrosas y la inseguridad será mayor en todos los sentidos que se le quiera dar a la palabra.

Un segundo aspecto tiene que ver con la falta de capacitación del personal policial. Es habitual la laxitud de los exámenes psicofísicos, producto en gran medida de la presión de las autoridades para mostrar más policías en las calles ante cada oleada mediática sobre el tema. Contra lo que sostienen algunos voceros de la “mano dura” como Eduardo Serenellini, la policía muchas veces no está en condiciones técnicas ni emocionales de portar un arma.

Una tercera cuestión es que la policía es más parte del problema que de la solución. Y que muchas veces es la principal administradora del delito. Esta realidad, si bien no es desconocida por una parte de la población, suele olvidarse ante la necesidad de soluciones rápidas. Por eso no está de más el énfasis sobre este punto.

Finalmente, la cuestión estatal. Un Estado ausente en salud, educación, vivienda, etc., difícilmente pueda solucionar el problema de la inseguridad. Sólo un Estado popular que se tome en serio la demanda y la reconozca como un aspecto más a resolver podrá abordar el asunto y darle una correcta canalización. Estos sencillos planteos, junto a tantos otros que podrían sumarse, son un pequeño aporte para disputar la orientación sobre un tema que el campo popular no debe eludir.