Santiago del Estero: avanza un desalojo de 20 familias

Por Nicolás Adet Larcher

“Las máquinas están trabajando al lado de nuestras casas”, dice Daniel con pesar. Él, es un vecino más del barrio Almirante Brown, ubicado en la ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero. Daniel forma parte de una de las 20 familias que desde hace nueve meses protestan por el avance de topadoras sobre sus viviendas.

En marzo de este año, la municipalidad notificó el desalojo de las viviendas que estuvieran sobre la rivera del desagüe que atraviesa el barrio. En julio, el decreto acuerdo Nº 382, con la firma del intendente Hugo Infante, autorizaba a la fiscalía municipal “a iniciar las acciones legales que correspondan, para el caso de incumplimiento” del primer artículo del documento que había decretado el desalojo de las familias. “La única comunicación que la municipalidad tuvo con nosotros fue la notificación de desalojo del mes de marzo de este año”, sigue Daniel y agrega: “la información que tenemos la conseguimos nosotros por nuestros propios medios”.

La obra que pretenden ensanchar el desagüe avanza en el extremo sur de la ciudad a través de las calles de tierra del barrio. En medio del polvo y la vegetación árida que todavía persiste entre las viviendas, se puede observar a las máquinas de la empresa Mijovi S.R.L trabajando mientras los vecinos contemplan con nerviosismo su avance.

“Hace un mes hicimos una manifestación frente a la municipalidad”, cuentan los vecinos. De ahí, se fueron hasta la Casa de Gobierno y lograron que los atienda la secretaria de la gobernadora: “Nos dijeron que solamente se iba a dar una solución a la gente que tenía escritura, los demás vamos a tener que aceptar lo que la municipalidad imponga”. Las familias ya habían recorrido el Ministerio de Seguridad, la Defensoría del Pueblo, fiscalía y todos los lugares que tenían a mano para hacer oír su voz. Nadie tomaba en cuenta su reclamo, los medios locales tampoco hablaron sobre el tema.

Junto a las familias, organizaciones estudiantiles se hicieron presentes, “estamos reclamando el legítimo derecho a la vivienda, viviendas de material que construyeron con mucho sacrifico, les están arrebatando su derecho” comenta Juan, estudiante de la Universidad Nacional de la provincia. Uno de los argumentos de la municipalidad se sustenta en que los terrenos no pertenecen a los vecinos, por lo tanto, las autoridades pueden tener libre disponibilidad sobre ellos. Sin embargo, esto no explica porque cinco de las familias si tienen escrituras de sus propiedades.

A partir de aquí, se presenta el interrogante de que va a pasar con las otras 15 familias. El padre Sergio Lamberti, quién forma parte de la diócesis de Santiago del Estero como delegado deja en claro esta situación “el hecho de que estén viviendo desde hace 10 años en las viviendas ya genera un derecho adquirido” y cita la llamada “Ley Pierri” haciendo una distinción entre los 20 años necesarios cuando se trata de tierras pertenecientes a campesinos y los 10 años cuando se trata de inmuebles urbanos.

Lamberti, apoya a los vecinos del barrio. Un documento enviado a la fiscalía municipal con el sello de la diócesis, informó acerca de la situación de las familias colocando como objetivo “la protección de aquellos más débiles o con mayor dificultad al acceso y ejercicio de sus derechos” solicitando una instancia de diálogo que permita evidenciar la situación real de los vecinos frente a frente con las autoridades responsables.

Según lo que se pudo averiguar, se tiene previsto el traslado de las familias hacia otro barrio. Ellos, quieren dialogar con algún representante del gobierno y plantearle sus inquietudes, sin que tomen decisiones contra su voluntad, “es empezar de cero, nosotros tenemos nuestras casas aquí” dicen y afirman que no está asegurado que las condiciones de vida que van a tener en el otro barrio sean las mismas que tienen ahora.

Luego de nueve meses, las familias que habitan el barrio se mantienen firmes en la lucha. Su reclamo se sostiene en el pedido de poder dialogar con las autoridades que hasta el momento no se acercaron para aclarar sus dudas y escuchar sus inquietudes. Mientras tanto, las topadoras siguen avanzando en medio de la incertidumbre.