A 45 años del Golpe militar: las explicaciones que faltan, por Carlos Bozzi

Por Carlos Bozzi

Producido el “desplazamiento” de Isabel Martínez de Perón y la prohibición de toda actividad política tras la “ruptura institucional”, las Fuerzas Armadas Argentinas, junto a vastos sectores civiles de la sociedad argentina, asumieron de hecho el control del país, dando comienzo al llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Un cúmulo de “reglas estatales” que las democracias posteriores legitimaron como “leyes”, organizó un Estado conforme a ideas gestadas desde tiempo atrás y que tenían en esa alianza cívico-militar, su expresión ideológica más acabada. Este proceso, dictó mas de 1.500 leyes, muchas de las cuales , continuan vigentes en la actualidad.

Con el pretexto de repeler un ataque a las “instituciones nacionales”, ataque encabezado -según esta concepción- por “personeros” de una “ideología extraña a nuestro sentir occidental y cristiano”, no sólo desaparecieron personas sino también desaparecieron industrias, grandes y pequeñas, libertades de prensa y libertades gremiales, leyes de protección al trabajo y a las personas, la justicia y el derecho, la renta acumulada por el trabajo y el valor de la educación basada en la ciencia. El “proceso” transfirió brutalmente la riqueza de la mayor parte de la población argentina a manos de unos pocos y endeudó al país por largos años, atrasando su crecimiento integral, con efectos que aún perduran, creando un impresionante vacío generacional, al barrer de raíz a todo un sector social opuesto a este proyecto.

".. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, al par que se continuará combatiendo sin tregua la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrara toda demagogia, no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia ni tampoco, cualquier transgresión a la ley u oposición al proceso de reparación que se inicia...", sentenciaba el ex General Videla, aquel 24 de marzo de 1976.

Al advenimiento de esta cruzada, cada argentino, adeudaba al exterior, trescientos veinte dólares. Cuando concluyó el Proceso, la deuda ascendía a mil quinientos dólares por cada nuevo ser que veía la luz en este suelo patrio, habiendo trepado el endeduamiento del país, desde ocho mil a cuarenta y cinco mil millones de la moneda estadounidense. La mayoría de esta deuda se originaba en el sector privado que había realizado suculentos negocios con el complejo militar. Siguiendo el axioma, de que las ganancias son “propiedad privada del capital” y las deudas se “socializan”, uno de los últimos ministros de Economía de este proceso, estatizó la deuda privada, convirtiéndola en deuda pública.

Para concretar el plan, esta alianza social utilizó la fuerza militar, con el pretexto de combatir a grupos armados y evitar la “disolución nacional”, que aquellos supuestamente perseguían. Lo cierto es que, aunque no hubiese existido tal “amenaza armada”, esta unión de sectores sociales, ya estaba firmemente decidida a provocar la desaparición física de miles de argentinos bajo pretextos ideológicos y como aplicación de un proceso político, elaborado con determinadas ideas, que habían comenzado a germinar en el seno de la sociedad argentina a partir de mediados de los años 50.

Así bajo estos subterfugios, se decía: “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque sino corremos el riesgo que dentro de unos años vuelvan desde las sombras, y nuevamente lancen a la lucha a otra generación de argentinos”. Y se agregaba “Hay mucho todavía que averiguar en el país, porque la subversión y estos combatientes no nacieron de la nada. Todo eso fue causa de personas. Llámense políticos, sacerdotes, periodistas, profesores de todas las categorías de la enseñanza, que en su momento los armaron y ahora han dado un paso atrás tratando de pasar desapercibidos”. (Diario “La Nación” 12 de diciembre de 1976. Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Jaime Smart).

Sobre cómo y de qué manera se organizó la represión en el país, conviene recordar que operativamente se siguieron las enseñanzas francesas de la guerra de Argelia.

Partiendo de la idea de encontrarse ante un estado de guerra, el propósito es la destrucción total del otro, concepto vertido en el famoso reglamento RC-9-1 –1977–, titulado “Operaciones contra elementos subversivos”, que así define al oponente: “Subversión clandestina es la desarrollada por elementos encubiertos, que mimetizados en la población seguirán con su forma de vida habitual, accionando en la propia zona de residencia, en su ámbito de trabajo o trasladándose para actuar en otros lugares, según la disponibilidad de medios”.

“Aplicar el poder de combate, actuando con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. El logro de la adhesión de la población, aspecto fundamental en el ambiente operacional subversivo, se consigue no sólo guardándole todas las consideraciones, sino también infundiéndoles respeto…. El ciudadano debe saber que las fuerzas armadas no molestan a quien cumple la ley y es honesto, pero aplican todo su poder de combate contra los enemigos del país. Respecto a éstos y de los proclives a serlo, es necesario que comprendan que es más conveniente apoyar a las fuerzas legales que oponérseles. Se debe tener presente que los agitadores o subversivos potenciales, pueden abandonar posturas pasivas y adoptar procederes activos, sino perciben una firme actitud que les inspire respeto y temor... “.

Existieron matices sobre a quien considerar enemigos y dentro de este cuadro opiniones extremas: “Es que, en esto, no se ha sabido distinguir con prolijidad las causas de los efectos y así se ha fundido y confundido como si su responsabilidad fuese la misma, al ideólogo y al combatiente. Con la lamentable costumbre, muchas veces, de permitir al ideólogo –no se sabe en virtud de que encantamiento– libertades que jamás se le hubiesen reconocido al guerrillero. En resumidas cuentas, hemos combatido victoriosamente los efectos de un mal, dejando intactas las causas”. (“Caso Timerman. Punto Final”. Ramón J. A. Camps).

En marzo de 1976, poco días antes del golpe de Estado, el ministro de Defensa José Antonio Deheza, envía a la legislatura un nuevo proyecto de la ley de defensa. En la introducción se señala que: “El compromiso de aniquilar a la subversión, debe ser asumido por todos y cada uno de los argentinos”. Por su parte los diarios de sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, ilustran sobremanera la opinión política de ese entonces, resumidas en las elocuentes manifestaciones del diputado Stecco del FREJULI: “Por eso ésta Cámara de Diputados, dicta las leyes del país, debe dar amplios poderes a nuestras FFAA y de seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguirlos a sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo”.

El discurso de aquellos días, que reclamaba una solución violenta a todo disentir político, generó un repertorio de sentidos que inscribió al régimen instaurado por las Fuerzas Armadas y su apoyatura civil, como una razonable y contundente respuesta contra quienes de una u otra manera habían luchado contra el sistema y por la construcción de un mundo más justo, olvidando que los hechos de violencia generan delitos que deben ser juzgados en forma contundente, a través de la historia, porque las sociedades se construyen,edifican y progresan solo en base al respeto por la ley.

Las razones de lo acontecido tienen muchas explicaciones y ninguna justificación. Algunos dirán que la época fue la conclusión de un período en el cual la violencia, era el modo normal de hacer política en Argentina. Otros afirmarán que los regímenes militares miraban su propio pasado, como el tiempo en que las democracias habían fracasado, legitimando así su propia intervención, a modo de elíptica excusa de lo inexcusable.

Pero lo cierto es que no es posible pensar que un selecto grupo de civiles y militares se propusieran “irracionalmente” exterminar lisa y llanamente a un sector determinado de la población, de la noche a la mañana. Agregar “irracionalidad” a este mecanismo, es otorgarle atenuantes inexistentes. Lo hecho fue pensado y fundamentado como una necesidad de un proyecto particular de Estado Nacional.

“Primero terminaremos con los subversivos, después con los colaboradores, luego con los simpatizantes y por último con los indiferentes”, afirmaba el General Ibérico Saint Jean, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el año 1976.

“Este método nos garantiza que por cuatro generaciones no habrá más militantes políticos”,concluía el Almirante Emilio Eduardo Massera, apoyando a su colega de armas .Las frases pronunciadas por el abogado Jaime Smart, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la misma época, demuestran el acuerdo de un gran arco civil con esta doctrina.

Muchos sectores de la comunidad esperaban el “Golpe de Estado”. Muchos sectores de la sociedad aún hoy sostienen su legitimidad histórica. Y no es aventurado afirmar que una gran franja de la población, permaneció indiferente a la desaparición de personas, porque sencillamente no afectaba su diario modo de vivir, ni tocaba sus intereses. Es así. Fue así. Por ello, Ramón Camps, se ufanaba cuando decía: “No matamos personas, matamos subversivos”.

Imposible olvidar que “...los crímenes contra la humanidad siempre son crímenes de la humanidad. Perpetrados por ella... Las grandes atrocidades, de las cuales después la sociedad reniega, son precedidas por “pequeñas atrocidades cotidianas”, con las que ya convivimos”, en una constante histórica repetida continuamente a lo largo de la vida de los hombres. (“El Horror Económico”. Viviane Forrester. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997)

El punto central de la “subversión” para este modo cívico-militar de ver la realidad de aquellos años, no fue –en esencia– la lucha contra las organizaciones armadas. Esto solamente brindó la excusa necesaria, para exterminar lisa y llanamente una forma de pensamiento. Lo “subversivo” estaba en ese intento de transformar las estructuras de la sociedad. Por ello, como se dijo anteriormente, aún sin la presencia en la vida política de quienes optaron por una “vía armada”, la política de desaparición forzada de personas, la tortura, el robo de bebés, el arrojo de prisioneros al mar, las vejaciones, los allanamientos diarios y tantos atropellos de todo tipo, igualmente se hubiesen producido.

La actitud de la justicia de aquellos años, merece una reflexión especial. Por ley 21.258, las autoridades militares , disolvieron el Congreso de la Nación, declarando en comisión al Poder Judicial y sometiendolos a los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional.

Se designó a los Doctores Horacio H. Heredia, Adolfo R Gabrielli, Alejando R. Caride, Federico Videla Escalada y Abelardo F. Rossi para integrar la primera Corte de aquél período. Solo los Doctores Gabrielli y Rossi, se mantuvieron en sus cargos hasta 1983, siendo reemplazados los demás, por renuncia o fallecimiento, tal el caso del Doctor Heredia. La jura de esta Corte, “de conformidad a lo que prescriben los objetivos básicos y Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución Argentina” coloca en un pie de igualdad las proclamas golpistas con la Constitución Nacional y adelanta el valor supremo en el derecho interno argentino, que se otorgaría a las resoluciones emanadas del gobierno civico-militar.

La ceremonia, se realizó en el salón de la Planta Baja de los Tribunales porteños y fue presidida por Jorge Rafael Videla. En ese mismo, salón, varios años después, escuchó la sentencia del Tirbunal que lo condenó, por graves violaciones a los derechos humanos.

Es asi, que “en el caso “Lokman” el mismo Tribunal señala que “los actos y el Estatuto son normas que se integran a la Constitución Nacional, en la medida que subsisten las causas que dieron origen a aquellos”. No sólo le otorga jerarquía constitucional a las normas surgidas del golpe militar, sino que le reconoce a la Junta Militar la facultad de dictar normas constitucionales. O para ser más claros, le reconoce poder constituyente”.

Este fallo,del mes de agosto de 1976, confirmó la “legalidad” de la norma dictada por la Junta Militar y obligó a todos los jueces del país, a volver a jurar por “El Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”.

Todos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, respondían a alguna de las fuerzas que integraban la Junta Militar.” Adolfo Gabrielli y Horacio Heredia eran jueces en lo Contencioso Administrativo desde la Revolución Libertadora, a Abelardo Rossi, hombre de la Marina, el mismo gobierno lo había nombrado en el fuero civil, Alejandro Caride, camarista criminal, había sido teniente del Ejército y Federico Videla Escalada, especialista en Derecho Aeronáutico, reportaba a la Fuerza Aérea”. (“A 30 Años de La Noche mas Larga - Justicia - Un Sistema Basado en la Eliminación de todas las Garantías Constitucionales. Los tribunales, ciegos ante la represión”.- Pablo Abiad, publicado en Diario “Clarin” el 24 de marzo de 2006).

En medio de este panorama, la justicia miró para otro lado ante la súplica de los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado. Un desteñido papel, solo esgrimiendo la excusa de encontrarse con las manos atadas o de estar imposibilitada de actuar de otra manera distinta. Pero en el fondo, ¿cuál era su actuación? La historia habla por si sola: poca o ninguna.¿Pudieron –los jueces– haber salvado vidas?.. Es probable que no. ¿Pudieron haber procedido de otra forma?.. Esta es la deuda pendiente. La justicia de ayer miro para el costado, la de hoy no puede resolver aún el tema del “autor directo”. Es facil, pasear a a longevos ex militares (la inmensa mayoría con prisión domiciliaria) por los distintos juzgados del país, pero ¿donde está HOY la persona que empujó al vacío a otro ser humano- en otras palabras su propio hermano- desde la portezuela de un avión, para arrojarlo al mar, a la tierra o adonde sea?. Reitero: sigue siendo un tema pendiente.

“No podría afirmarse que durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” no existiera un régimen jurídico, pero sí que éste cumplió una función perversa. La Constitución, aunque subordinada y reformada, continuó formalmente en vigor, los códigos civil, comercial y penal no fueron sustancialmente modificados y las relaciones contractuales pudieron ser invocadas ante los tribunales. Pero lejos de implicar una morigeración del juicio que merece ese régimen, esta observación paradójica tiene el propósito de señalar que el derecho, cumplió allí un papel diferente del que le corresponde en el sistema liberal: las normas y los hechos jugaron en ámbitos distintos, de modo que las primeras sólo fueron aplicadas cuando coincidían con la voluntad de quienes ejercían el poder. Aún cuando estos últimos se arrogaron la atribución de modificar la Constitución y de dictar leyes, se reservaron la prerrogativa de no cumplirlas. Un caso extremo ejemplifica esta práctica: se implantó la pena de muerte, pero nunca llegó a ser aplicada como resultado de un juicio, prefiriéndose en cambio la vía del asesinato...El derecho jugó, pues, un cierto papel en el “Proceso”, pero no fue el de garantía de los habitantes, ni el de límite para el ejercicio del poder. Este es un rasgo común de las dictaduras modernas, que requieren lo que se ha denominado “un resto de legitimidad” porque “por lo menos, la policía y el ejército tienen que considerarla como justificada, de otro modo no podría funcionar”. (“Utilización del derecho en la Dictadura de la Junta Militar”. Espacio de Crítica y Producción. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, octubre 2001. Enrique Groisman).

La prensa fue otro puntal de este armado ideológico. Quizás hoy sea la más expuesta, pues todo lo escrito no ha podido ser borrado. La historia se nutre de estas historias y si bien el gobierno militar pudo incinerar libros, no ha podido destruir las miles de páginas de los diarios, que mal les pese a los dueños de estos medios de difusión, hoy son prueba fundamental de las innumerables desapariciones de personas. La prensa ¿mostró todo lo que ocurría?.. O ¿mostró lo que ella quería que ocurriera? En realidad, a veces, nada ocurre si la prensa no lo muestra. Es otro tema, aún no cerrado.

En sí, es de justicia diferenciar en LA PRENSA, el pensamiento del propietario del medio de comunicación, (es decir, su línea editorial) y lo que han escrito miles de anónimos periodistas, verdaderos “héroes de la Lexicon o de la Olivetti”, que a través de pequeños sueltos en la paginas de los periódicos donde trabajaban, reflejaban, aunque sea en letra muy pequeña, los numerosos operativos por izquierda, ejecutados por el Estado Argentino a través de sus Fuerzas Armadas.

En realidad, pocos creían, lo que los diarios decían. Pero todo quedó documentado en sus paginas y eso es lo importante, pues la consulta de estos archivos “vivientes”, permitieron sortear esa “nube de silencio”, que se pretendía imponer desde el ámbito militar.

Las sociedades que eluden la justicia, nunca tienen paz. Las sociedades que no entienden que un homicidio es siempre un delito, no construirán nunca su futuro y por el contrario, caminarán un presente sin dignidad. La recuperación de los Derechos Humanos no es una tarea facil. Los hechos que no terminan de esclarecerse, es posible que vuelvan a repetirse, aunque sea bajo otro marco histórico o bajo distintas administraciones del propio Estado. Eso sí, cada administración, le echará la culpa a la anterior y así continuará la rueda de la historia.

Si este proceso fue una “guerra” como aún todavía hoy algunos sostienen, hasta ahora, no sabemos, dónde están los prisioneros que faltan. En este sentido, el clamor del “Nunca Más” se ha transformado en el silencio del “Nunca lo Sabrás”. Y eso es lo que intenta mostrar este escrito. La vida detrás de la puerta, atrás de la muerte. Solo se trata de atravesar esa puerta para saberlo y solo el mismo ESTADO, que sometió a las peores violaciones de Derechos Humanos a sus ciudadanos, puede y debe hacerlo. Hasta al momento, otra deuda pendiente más.

Las consecuencias de la represión, como producto de una operación prolijamente preparada, con el ocultamiento de los muertos, pruebas deformadas y datos suprimidos, aún abraza con sus tentáculos a las historias pendientes.

Si no se entiende que la “desaparición forzada de personas”, figura consecuente de este Proceso de Reorganización Nacional, fue una acción cuidadosamente estructurada por el Estado Argentino, destinando ingentes recursos y personal a participar de la misma, es casi imposible poder reconstruir paso a paso el destino final de cada uno de los afectados. Y cuando se habla de “agentes del Estado” la referencia necesaria apunta a la palabra “burocracia”, es decir al conjunto de empleados estatales a los cuales se los destinó el tratar a cada persona como un simple expediente, más allá de toda razonabilidad. Quizás, porque no, en el estudio de la mecánica de esa burocracia, esté uno de los grandes secretos que puede develar el destino final, de cada uno de los seres desaparecidos.

Tras 45 años de estos hechos, muchas incógnitas quedan detrás de la puerta, sin que el Estado, responsable único de todas estas atrocidades, brinde a la ciudadanía una respuesta exacta, acerca del destino final de sus seres queridos, sea que sea, el partido político que lo administre.

Esta es la lucha que la sociedad debe continuar. No alcanza con la “Memoria”, es necesario conocer la “ Verdad”.

* Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”