Diciembre de 2001: Rosario, la ciudad de las emboscadas policiales

Las protestas sociales que se fueron acrecentando a medida que avanzaba el año 2001, hicieron eclosión en el mes de diciembre, precisamente los días 19 y 20, arrojando 39 víctimas fatales en todo el país. De esos 39 asesinatos, 9 ocurrieron en la provincia de Santa Fe, siendo Carlos Reutemann el gobernador, en esos días. La represión que ordenó fue llevada a cabo por la policía de la provincia de Santa Fe y si comparamos por cantidad de habitantes, fue la más cruenta de las realizadas en esas fechas: 8 de los asesinatos ocurrieron en la ciudad de Rosario y el restante en la ciudad de Santa Fe. Sus nombres: Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio “Pocho” Lepratti (todos por balas policiales), Graciela Machado y Marcelo Paccini.

Dos puntos claves diferencian los sucesos acontecidos en la provincia del litoral (fundamentalmente en la ciudad de Rosario) con los ocurridos en Plaza de Mayo y en Congreso. En primer lugar, la mayoría sucedieron en el primer día de las protestas, el 19, a diferencia de CABA donde el epicentro fue el 20.

En segundo lugar, en Rosario (como casi todo el interior) la represión se llevó adelante en las zonas más periféricas de la ciudad, mientras que en Buenos Aires estuvo centrada en esos puntos neurálgicos anteriormente nombrados.

Ante la indecisión y los dislates para concretar una investigación profunda tanto del poder ejecutivo, como del legislativo y ni hablar del judicial de la provincia de Santa Fe, Rubén Naranjo (Foro Memoria y Sociedad, fallecido en 2005); Iván Hernández Larguía (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fallecido en 2012); los sacerdotes Juan José Gravet, Néstor Negri, Daniel Siñeriz, Marcelo Valsecchi y Salvador Yaco (Carpa de la Resistencia); Tomas Juan D´Espósito (“El Tomi”, historietista, director del “Ángel de Lata”); Lilian Echegoy, Federico Garat, Mariana Hernández, Carmen Maidagan y Antonio Tesolini (Coordinadora de Trabajo Carcelario); Gustavo Martínez (secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado filial Rosario); Florencia Barrera, Enrique Font, Paula Moretti y Ana Oberlin (Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario); Eduardo Cecchi, Ángel D’Ambrosio, Eduardo Di Pollina, Federico Pezz y Alicia Tate (diputados provinciales), Alicia Gutiérrez y Alberto Piccinini (diputados nacionales por Santa Fe) decidieron el 22 de julio de 2002 formar una Comisión Investigadora No Gubernamental de los Hechos de Diciembre de 2001, arrojando un informe preliminar en diciembre de 2002 que fue ampliado en 2003. Lo que se puede leer en ambos corta la respiración, aún la de los más acostumbrados.

La comisión organizó su trabajo alrededor de tres puntos: el análisis de la documentación originada en las causas judiciales, el relevamiento hecho por los periodistas y los testimonios recabados en los barrios. Emboscadas armadas por la policía (se les anunciaba a la gente que se les iba a dar cajas de comida y todo terminaba en una encerrona provocada por los efectivos), el uso de armas de grueso calibre por parte del aparato represivo suele ser una constante en los testimonios. Así como, en ese momento, el miedo de los testigos de hacer una declaración formal y conservar el anonimato para evitar una represión policial.

“A los negros estos, si no le damos con plomo no los corremos con nada”.  Un testigo escuchó cuando un policía le decía a otro -aparentemente de rango alto- “nos quedamos sin balas de goma”  y éste le contestaba “mandale plomo, nomás”. Esos testimonios se pudieron recoger alrededor del supermercado La Gallega, de Villa Gobernador Gálvez, donde la represión comenzó sobre un grupo de mujeres que intentaba conseguir bolsones y se extendió sobre todo lo que lo rodeaba. En ese contexto caen las dos Gracielas: Acosta y Machado. Pero suceden otras cosa que, por menores, no dejan de ser terribles. En las inmediaciones de la calle Fillipini es detenida María Concepción Castro. Fue imputada de “robo simple” y cumplió una condena de 9 meses. Castro manifestó haber sido detenida cuando iba al supermercado a comprar pañales para su hija de un año y que la evidencia utilizada para condenarla fue plantada por la policía. Además recibió un balazo de goma en el pecho y tuvo un principio de intoxicación porque mientras aguardaba dentro de un móvil policial ser trasladada a la comisaría un gas lacrimógeno cayó a escasos centímetros de ella, consecuencia de lo cual se le produjeron trastornos respiratorios.

Barrio Las Flores y Villa Banana fueron otros puntos complicados, donde se usaron (según los testigos) ametralladoras, pistolas 9mm e Itakas cuando los vecinos intentaron para camiones para saquearlos. En una de esas represiones cae Rubén Pereyra, de sólo 20 años. Si bien las irregularidades cometidas en todos los casos son numerosas y detallas por la comisión, la de este joven es increíble: la totalidad de la investigación se centró en un lugar distinto al de ocurrencia del homicidio obstaculizándose y/o frustrándose así las posibilidades de aclarar el hecho.

Liliana Yanina García muere asesinada en la puerta de su casa. Justo salía de ella cuando un perdigón policial de aquellos que reprimían en Pasco y Gutemberg a los vecinos que habían estado negociando con el dueño de un mercado por alimentos acabó con su vida. En Necochea y Pasco, algo similar. Policías “haciendo de intermediarios” entre supermercadistas y vecinos autoconvocados. En el medio de la negociación llega un camión con efectivos, móviles y se produce una emboscada. Juan Alberto Delgado fue la víctima fatal que se cobró esa encerrona.

Increíble es la muerte de Walter Campos. Este chico, en un hecho hasta hoy no esclarecido, fue perseguido por el oficial de las Tropas de Operaciones Especiales Ángel Iglesias cuando se encontraba en un reparto de comidas en calle Cabal. El oficial le disparó desde muy corta distancia impactando en la cabeza, destruyendo su sistema nervioso central. Iglesias usó un sub fusil 9 milímetros con mira telescópica porque era uno de los mejores tiradores de la provincia. “El tipo era campeón provincial de tiro al blanco, si quería detenerlo, le apuntaba al hombro y le daba. Indudablemente apuntó a donde quería”, recuerdo como si fuera hoy las palabras del gran Rubén Naranjo en el viejo edificio de la Biblioteca Lepratti cuando nos contó las vicisitudes con las que se halló la comisión. De más está decir que el oficial fue sobreseído.

Claudio “Pocho” Lepratti tal vez sea el más emblemático de los casos. El “ángel de la bicicleta” se encontraba en la escuela del barrio Las Flores donde trabajaba en el comedor. Estaba en los techos de la misma observando la represión que ocurría cerca, en la Avenida Circunvalación. Pasa un móvil de comando radioeléctrico realizando tiros al aire. Es en ese instante que Pocho realiza el grito que está grabado en la memoria de los rosarinos “No tiren, carajo, que hay pibes comiendo”. El móvil frena y de él se bajan los agentes Pérez y Velázquez para abrir fuego contra Lepratti. Los testigos identifican que es el disparo de Velázquez el que termina quitándole la vida.

A 20 años de la represión estatal, el trabajo de la comisión investigadora tomó el formato de libro y es presentado como informe final. “Pudimos determinar patrones que nos hacen concluir que existió una orden de represión por parte de Reutemann, no como se presentó de que hubo hechos aislados de agresiones de la gente que forzó a la policía a reprimir. Se repitieron patrones como que en ciertos horarios se terminaba el diálogo, en otros horarios, en todos los barrios, la policía empezaba a reprimir, que todos los detenidos eran remitidos a la escuela de cadetes, por ejemplo. Hay muchos patrones que indican que estuvo organizada la represión hacia el pueblo santafesino”, destacó Carmen Maidagan en la presentación de 20 diciembres impunes.

Cabe recordar que  sólo dos crímenes tuvieron un esclarecimiento -y condena- parcial, Fueron el de Claudio “Pocho” Lepratti, que derivó en una pena de 14 años de prisión al efectivo Esteban Velázquez, ya cumplida. Y el de Graciela Acosta, donde  Luis Armando Quiroz fue condenado a 11 años de prisión recién en diciembre de 2007. El informe final tiene un inciso donde vuelve a hacer incapié sobre el caso de Pocho. “La policía de Rosario volvió a mostrar su oficio en el apañamiento de irregularidades y el falseamiento de sumarios para encubrir el asesinato de Claudio Lepratti”, dice el informe. El resto, está guardado en la memoria.