El impuesto a la riqueza: el caso de Techint

Por Marina Dossi (*)

En Argentina, el gobierno nacional afronta una compleja situación económica y social. A la profunda crisis heredada se le suma la irrupción del COVID-19 que puso en jaque a la ya endeble actividad económica. El Estado con recursos más escasos que lo normal plantea el debate sobre la implementación de un impuesto a la riqueza para obtener recursos que se destinen a cuidar a las poblaciones más vulnerables y generar estímulos que preserven el empleo. Frente al incremento del gasto fiscal derivado de la atención del coronavirus, se han realizado una serie de propuestas orientadas a financiar esta inversión, por parte de distintos integrantes del espacio político del gobierno, diputados del bloque sindical, dirigentes del Frente de Todos y de CTA. Las ideas versan sobre la noción de justicia tributaria con la implementación de un impuesto, que podría ser por única vez, a grandes fortunas. Al ya existir en Argentina un impuesto al patrimonio parecería que se tomará la decisión de ir, momentáneamente, para sortear la urgencia, por una contribución de aquellas personas cuya riqueza supere un determinado umbral.

Conceptualmente, los impuestos que gravan la riqueza y los altos ingresos, además de favorecer la redistribución del ingreso, resultan mucho más estables que aquellos tributos asociados al ciclo económico (los impuestos que gravan el consumo y que por lo tanto su recaudación baja cuando se ingresa en contextos recesivos) o a los precios internacionales (impuestos sobre la exportación de recursos naturales que también se ven sometidos a la variablidad de los mismos). Algunos países del denominado “primer mundo” -como Francia, España, Noruega, Suiza, Países Bajos- ya cobran este tipo de impuestos, y por América Latina también podemos encontrar los casos de Uruguay y de Colombia. Generalmente, los países que cobran impuesto a la riqueza tienen una pobreza considerablemente menor, y la evidencia empírica demuestra que un impuesto a los altos patrimonios, si es aplicado de manera correcta, tiene un doble efecto: por una parte, se convierte en un importante ingreso para las finanzas públicas de su país, y por otro lado, en una potente herramienta para mejorar la distribución de la riqueza.

En este contexto, se plantea en Argentina quiénes y/o qué empresas deberían pagar este tributo. El grupo económico Techint, propiedad de la familia Rocca, ha quedado en el centro de la escena por dos cuestiones: por una parte, la revista Forbes en su ranking ubica al conglomerado internacional y a su familia como la primera gran fortuna de la Argentina en 2019 con 8.000 millones de dólares (es importante señalar que, más allá de ser considerada la primer fortuna de la Argentina, el grupo Techint posee todas sus acciones y su sede ejecutiva en Luxemburgo); por otro lado, la reciente decisión del grupo de despedir a 1.450 trabajadores alegando no poder afrontar el pago de salarios por la situación económica.

A lo largo de su historia, Techint fue beneficiario por parte del Estado de subsidios, protección de importaciones, contratos de obras públicas, Ley de Compre Nacional con el consiguiente pago de gigantes sobreprecios, licuación de deuda externa a través de la regulación de la tasa de interés y del sistema de seguros de cambio para la deuda externa privada, exenciones impositivas y privatizaciones. Capturó millonarios fondos públicos por medio de contratos de obras públicas, gasoductos y caminos que facilitaron y promovieron un sostenido crecimiento y desarrollo de sus áreas de ingeniería y construcción. Asimismo, fue destinataria de cuantiosos subsidios por regímenes de promoción industrial con exenciones impositivas, fomento de exportaciones y preferencias arancelarias para brindarle protección frente a lo importado.

Su participación activa en el proceso de privatizaciones le posibilitó contabilizar ganancias extraordinarias, como por ejemplo su inversión en el consorcio de Telefónica, que se quedó con la mitad de la empresa estatal de comunicaciones ENTel. Las privatizaciones posibilitaron que el grupo accediese a un destacado grado de integración vertical en los rubros energético y siderúrgico, a una concentración y diversificación de sus negocios que redundaron en un extraordinario crecimiento patrimonial. La compra de activos estatales afianzó el nodo productivo del grupo, la actividad siderúrgica, a través de por un lado su desempeño en empresas proveedoras de insumos básicos de dicha actividad (producción y transporte de gas, petróleo y energía eléctrica) y con la compra a un precio irrisorio de la empresa Somisa. Esto último fue decisivo en su proceso de consolidación empresaria, ya que al adueñarse de Somisa se convirtió en el gran productor mundial y se consolidó como actor excluyente en el segmento de los aceros y en la fabricación de tubos sin costura, pasó a controlar un sector estratégico de la economía y se dio su consolidación como la gran empresa. Actualmente, Techint concentra la producción del 84% de la chapa laminada en caliente y el 99% de la laminada en frío, dos insumos fundamentales para la fabricación de automóviles, envases de hojalata, heladeras, lavarropas y un sinnúmero de bienes de consumo masivo. Una posición que le permite formar precios y fijar condiciones en las negociaciones.

Este breve racconto permite comprender que el proceso de crecimiento y consolidación del grupo empresario y su decisiva injerencia en un sector estratégico para el desarrollo nacional ha sido forjado inexorablemente al calor de cuantiosos aportes de recursos públicos y al amparo de la protección estatal. Techint ha tenido y tiene una fuerte dependencia del Estado y de la obra pública y su exponencial crecimiento fue sostenido por cuantiosos subsidios; es esto último lo que parece entrar en contradicción con que el Estado con sus recursos pase a asistir a aquellos más necesitados. Esta historia, junto a la situación de excepción que atraviesa no solo la Argentina sino el mundo, colocan en la agenda de los gobiernos a escala mundial al Estado con un rol activo, y pone en eje la redistribución y por consiguiente el debate sobre los impuestos a la renta y la riqueza se vuelve central. Se propician la implementación de tributos progresivos (seguramente más resistidos en contextos de “normalidad”) a aquellos que no solamente poseen millonarias fortunas sino que la formación, crecimiento y consolidación de las mismas ha sido dependiente y beneficiaria del accionar estatal y de sus recursos públicos durante largas décadas.

(*) Doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET.