La educación pública en el Bicentenario

Por Paula Viafora

Un acontecimiento tan importante como el Bicentenario implica, más allá de lo festivo, hacer un profundo análisis de lo logrado como país. En esta tarea la consagración de derechos debe ocupar un lugar fundamental. Uno de los más importantes de consolidar es el derecho a la educación por lo que resulta primordial la mirada sobre la situación de la educación pública en todos los ámbitos y niveles.

No está mal hacer un poco de historia y repasar las normas jurídicas que establecieron puntos de partida en la materia, reflejando diversos modelos de país y con la intención de responder a demandas sociales.

La ley 1.420 fue el instrumento jurídico fundacional de la estructura institucional del sistema educativo de nuestro país. Sancionada en 1884, durante el primer gobierno de Roca, su articulado abordaba aspectos sumamente detallados del funcionamiento de aquella estructura educativa. Sus alcances tuvieron una vigencia centenaria y, en algunos aspectos, están vigentes actualmente. Se trató de la regulación de una enorme variedad de cuestiones esenciales para establecer al Estado como el actor central y máximo responsable de impartir educación institucionalizada en una sociedad en la cual el papel de la Iglesia en materia educativa tenía una fuerte presencia.

Volviendo la mirada hacia tiempos más cercanos, en 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación que introdujo profundos cambios en la educación pública administrada por las provincias, cuya implementación seria gradual hasta el año 2000. Modificó el Sistema Educativo cambiando la duración todos los niveles de la educación. Se pasó de un esquema de 7 años de escuela primaria y 5 de educación secundaria, a 9 años de lo que se 8 denominó Educación General Básica (EGB), organizada en tres ciclos de 3 años de duración cada uno y 3 años de Polimodal. Fue en parte esta estructura de los ciclos, en especial la localización de la EGB 3 (7º, 8º y 9º grado/año), la que ocasionó problemas de implementación. La modificación de mayor importancia fue el de establecer “la obligatoriedad en la educación general básica como de la sala de 5 años de nivel inicial, extendiendo los años obligatorios de educación de 7 a 10 años en total”. 

Además se propuso posibilitar el acceso a la educación a toda la población, mencionando como objetivos el lograr calidad educativa e igualdad de oportunidades, sumado a la implementación de programas asistenciales de salud, alimentación, vestido, material de estudio y transporte para niños y adolescentes de los sectores sociales más desfavorecidos mediante la asignación en los respectivos presupuestos educativos. 

En el año 2007 se sancionó la Ley Nacional de Educación, luego de un debate en el que participaron docentes, alumnos, gremios, religiosos, universidades y empresarios. Con 145 artículos en total, abarca numerosos aspectos de lo que se pretende sea la educación para estos tiempos. Declara la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado designando al último como garante del financiamiento del Sistema Educativo Nacional. La ley vigente propone ir “hacia una educación de calidad para una sociedad más justa”. Se parte de un concepto de educación más amplio. Ya nadie pone en duda que la educación depende de un gran número de variables y no resulta ajena a la situación de la sociedad y en particular de la economía condicionan y afectan a los resultados. Es asi que se tienen en cuenta aspectos como la tasa de escolarización de la población, de promoción efectiva, de repitencia, abandono y sobre-edad. Todo esto con el objeto de decidir las políticas que logren la permanencia y una mayor tasa de egreso de los estudiantes.

En cuanto al maximo ámbito académico , las universidades nacionales reunidas en el Consejo Universitario Nacional,y de cara al aniversario de 2010, dieron a conocer un documento mediante el cual renovaba su compromiso con la Nación desde la consigna “ Desafíos de la Educación Superior Desde el Bicentenario de la Patria al Centenario de la Reforma Universitaria”. Desde una perspectiva crítica reflexiva expresaban: “Este Bicentenario nos encuentra con una realidad, signada por la voluntad de avanzar hacia una sociedad del conocimiento que combine crecimiento con distribución equitativa de la riqueza y en equilibrio con el ambiente. Las Universidades Públicas tenemos la más absoluta convicción de que debemos ser protagonistas de la construcción de esa sociedad. (.) No pretendemos tener espíritu fundacional; el avance en el fortalecimiento de la articulación entre las necesidades de la Nación y la vida universitaria debe desarrollarse de modo que implique, necesariamente, reconocer la historia, atender al presente y decidir sobre la visión del futuro que deseamos construir. Si bien hay mucho para transformar, en nuestra historia se encuentran los aspectos que permitieron –a pesar de las crisis recurrentes– que las universidades hayamos sobrevivido y aún contengamos en nuestro seno muchos valores. Es sobre esa base que debemos, entre todos, proponer las continuidades y los cambios necesarios para poner a nuestras universidades de cara a los desafíos de hoy. Para asumir esta gran responsabilidad, las Universidades Públicas nos convocamos a reflexionar críticamente y a dialogar sobre los caminos concretos que nos lleven a alcanzar estos objetivos. Los distintos claustros que conformamos las universidades tenemos perspectivas propias, que son imprescindibles de tener en cuenta a los efectos de generar propuestas integradoras. Pero también sabemos que debemos evitar el aislamiento, y que una interacción proactiva y sinérgica como la que buscamos no se construye a partir de los requerimientos propios exclusivamente, sino mediante el diálogo abierto y franco con todas las fuerzas sociales y políticas democráticas que estén en condiciones de brindar su aporte. Las Universidades Públicas, desde el lugar que nos corresponde, deseamos participar en la definición de las políticas que hacen al bien común. No negamos que, todavía, existen prejuicios y fragmentaciones históricas; sin embargo, venimos trabajando con ahínco para superarlas y creemos haber avanzado en ese sentido..".

A diferencia del Centenario, la realidad argentina de 2010 nos obliga a incluir en esta mirada a la “Educación Popular”. Aunque surgida durante la década de los 70,  la crisis del año 2000 la ubico como respuesta cuando el Estado había dejado de ser garante del bien común y el mercado se mostraba incapaz de constituir un espacio articulador a los intereses de la sociedad. Las clases populares no podían acceder a la escuela privada y comenzaron a sentar las bases de una educación autogestionada. En ese contexto nacieron los bachilleratos populares. Plantean un currículum diferente, con una forma diferente de impartir el conocimiento incluyendo a la familia y al barrio como actores vinculantes en la formación de los contenidos y el manejo institucional. La propuesta es “político-pedagógica” presentando una estructura horizontal que apunta a trabajar la realidad social del territorio. De esta forma, se incluye a la parte “no formal” de la educación en defensa de los intereses populares, y como productora de modelos, saberes, estrategias, contenidos y metodologías democráticas de educación, como instrumentos de lucha.

Este era el panorama de la educación pública en tiempos del bicentenario. La Universidad de Buenos Aires consolidada internacionalmente por su excelencia, científicos argentinos reconocidos en el mundo, el uso de la tecnología como herramienta unificando posibilidades a través del Programa Conectar Igualdad, una política federal de inclusión digital diseñada por el Ministerio de Educación. Reemplazado en 2018 por una nueva propuesta “Aprender Conectados” que no llegó a implementarse masivamente y redujo al mínimo la entrega de equipos y personal a cargo, son muestras de cómo, en la década siguiente se profundizaron las desigualdades mediante retrocesos y recortes.