Una masacre con causa judicial

Por Redacción APU - FM La Caterva

La causa judicial por la muerte de Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre sucedida el 2 de marzo de este año en la Comisaría Primera de Pergamino, se tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 1 de Pergamino, fiscalía a cargo de Nelson Mastorchio y juez César Solazzi.

La justicia investiga el accionar de seis policías que estaban en la comisaría la noche de la masacre: Sergio Ramón Rodas, Alexis Miguel Eva, Matías Exequiel Guillieti, César Brian Carrizo, Carolina Denise Guevara y Alberto Sebastián Donza, acusados de ser autores del delito de abandono de persona calificado (por su condición de policías).

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó las querellas de los familiares de Sergio Filiberto (mamá y hermanos), Fernando Latorre (mamá) y Franco Pizarro (madre y padre). Margarita Jarque, abogada de la CPM que lleva la causa afirma, en función de las pericias y autopsias de los cuerpos realizadas, que “los chicos murieron por asfixia por la inhalación de monóxido de carbono y ácido cianhídrico, producto del abandono de los funcionarios policiales, que viendo cómo se incendiaba el calabozo no les permitieron la salida”.

Y continúa, remarcando la responsabilidad mayor que les cabe a los uniformados, “se abstrayeron de la obligación legalmente impuesta que tenían los imputados respecto del cuidado de la vida de los detenidos”. Actualmente de los seis policías imputados cuatro,  Matías Exequiel Giulietti, César Carrizo , Carolina Guevara y Sergio Rodas,  se encuentran detenidos con prisión preventiva aunque gozan del beneficio de la detención domiciliaria, por lo que están en sus casas, esperando el juicio oral.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Pergamino revocó la detención domiciliaria de Alexis Eva, que está apelando para obtenerla.  El comisario Alberto Sebastián Donza, a quien le cabría mayor responsabilidad por su jerarquía, permanece prófugo.

A su vez, se encuentran en estudio de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires los recursos que interpuso CPM y Fiscalía General de Pergamino para que los imputados no cuenten con el beneficio de prisión domiciliaria, ya que (no) son vigilados por sus propios compañeros de trabajo, la policía de Pergamino.

Los imputados no son, como han expresado las familias de las víctimas, "cualquier hijo de vecino". De hecho, durante estos meses de investigación, las defensas de los policías imputados intentaron entorpecer la investigación de la causa de mil maneras, con denuncias falsas y otras estrategias.  

En relación a las declaraciones de los uniformados imputados, Margarita Jarque asegura que “los policías no pueden explicar la falta de auxilio” y que quedó descartada la versión oficial que se intentó instalar de que el incendio se origina a raíz de una pelea entre dos de los pibes. En este sentido, en la causa ya quedó claro que la pelea se da dos horas antes y no se vincula con la masacre. A los pibes luego los “engoman” (encierran) y allí se inicia el reclamo para que los dejen salir (en un horario que habitualmente se reunían todos y compartían la comida que las familias les llevaban) y luego generan un pequeño fuego.

En base a los testimonios de los sobrevivientes y las diferentes pericias así como del hecho de que estuvieran los candados colocados y los llamados tardíos a bomberos, entre otras cosas, la hipótesis provisoria que maneja la CPM es que los policías imputados son autores del delito de “abandono de persona en tanto ellos pudieron ejercer un auxilio a los pibes. De hecho cuando llega el GAD e ingresan, a quienes estaban más lejos del foco ígneo logran sacarlos, o sea que si hubieran utilizado la llave en tiempo y demás, hubieran podido también abierto la reja de los pibes y haberlos sacado”.

En función de los testimonios de los sobrevivientes también está muy claro que ingresan a retirar a un detenido “preso viejo” que  estaba a dos rejas de poder auxiliar a los chicos. Todos ven cómo los encierran, cómo fue el fuego inicialmente, cómo nadie los auxilió, cómo el fuego se vuelve grande, y cuando ingresa el GAD (Grupo de Apoyo Departamental conocido como Antimotines)  ya estaban muertos.

La CPM presentó dos denuncias más en relación a la masacre que están siendo investigadas en la misma fiscalía pero con una lentitud importante. “Una tiene que ver con las responsabilidades funcionales, para que también se investigue cuál es la responsabilidad del Estado en términos de que había detenidos en comisaría, cuando ya está dicho que no son lugares aptos para el encierro de personas. Y la otra causa es para que se investigue  el accionar del GAD y el rescate de los sobrevivientes a partir de que declaran que cuando los rescatan los sacan al patio, los esposan, les pegan patadas, los siguen maltratando. Para nosotros es importante que no se separen las responsabilidades políticas de las materiales”

En relación a por qué la CPM define tomar la causa de la Masacre de Pergamino, Margarita Jarque nos habla de “la necesidad de generar investigaciones y sentencias que reparen a las víctimas y que también sean un emblema para lo que tiene que ser la investigación en violencia institucional. Es también el monitoreo de la propia justicia, porque lo que observamos con nuestro trabajo es que es  la que garantiza la impunidad de las fuerzas policiales o penitenciarias. Ese es un interés particular que tenemos cuando decidimos patrocinar una causa. Y también estas continuidades en el comportamiento de las fuerzas de seguridad” esto último en relación a que la Comisaría Primera de Pergamino fue un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura cívico militar.

Ya hay un pedido por parte de esta querella para que ese lugar de tortura, represión y muerte donde el 2 de marzo sucedió la Masacre de Pergamino, sea un espacio de memoria. Restará construir un espacio de vida donde hubo tanto horror.