Un año de Alberto: un camino sinuoso con la unidad como fortaleza

La posibilidad de avanzar en una agenda profunda de reactivación industrialista por parte del Gobierno del Frente de Todos se vio eclipsada por las condiciones extraordinarias que dispuso la pandemia de COVID- 19 a nivel global. El desarrollo del virus estableció escenarios regresivos para las economías de todos los países del planeta, los cuales sufrieron caídas del PBI de entre 8 y 12 puntos. La Argentina fue uno de los más afectados; como así también aquellos Estados menos desarrollados que sufrieron un alto costo social y económico, y pagarán por esta crisis sanitaria sin precedentes. Así lo detalló un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A la situación de pandemia se suma el impacto negativo económico y social que el Gobierno heredó por la gestión del expresidente Mauricio Macri quien dejó una profunda crisis cambiaria, financiera y de deuda externa sin precedentes. A esto se le suman altos niveles de pobreza y desempleo. En este sentido, el Gobierno del Frente de Todos debió resolver la crisis de deuda iniciando un proceso de restructuración con los acreedores privados que fue, tal vez, el éxito económico más relevante de la gestión de Alberto en su primer año de gobierno.

El alivio que implica la restructuración permitirá que recién se pague a los acreedores privados en el 2023. Estos recursos se podrán destinar para el crecimiento del país y a la salud pública en este difícil contexto global. Resta aún la negociación fundamental con el FMI que se encuentra todavía sin concluir.

En este contexto delicado, la unidad y la amplitud del Frente de Todos se vuelve un elemento primordial. El Frente deberá seguir fortaleciendo los lazos de la unidad entre las distintas partes e identidades del movimiento Nacional y Popular para sostener una representatividad electoral significativa. La unidad como elemento central no solo del triunfo electoral sino como garantía de sustentabilidad del Gobierno deberá mantenerse en el tiempo como aprendizaje de las derrotas del pasado. Aunque también es necesario un trabajo de diálogo y articulación para que la diversidad constitutiva de la coalición no redunde en parálisis de la gestión o internismo.

Siempre en el plano político, el año de la pandemia disminuyó y licuó la posibilidad de defender al Gobierno en la calle por las limitaciones sanitarias. Allí también se deberá apuntar en el futuro y ver las posibilidades de que las organizaciones libres del Pueblo ganen la calle, en un escenario normalizado, para defender al Gobierno cuando la gestión logre avanzar programáticamente. Allí serán centrales la economía popular, el movimiento de mujeres y disidencias, los organismos de derechos humanos y la columna vertebral: el movimiento obrero organizado. En los años venideros se darán disputas en las cuales la derecha procurará regresar al Estado y presionar para que haya ajuste económico. Será clave el accionar de estos actores para resistir los intentos de una nueva restauración conservadora.

La deuda social

Otro elemento central a destacar es que, frente a la profundización de la crisis social causada por el COVID-19 y el modelo económico del macrismo, el Gobierno lanzó una serie de medidas de asistencia económica para trabajadoras y trabajadores de la economía popular, sectores medios y pymes que matizaron y aliviaron la pérdida de fuentes laborales y la recesión. En este marco, el ATP y el IFE mitigaron los efectos recesivos originados por la pandemia del Coronavirus.

Como contraparte, la administración del Frente de Todos no logró resolver la crisis cambiaria del dólar que sufrió con el aumento de los dólares paralelos y constituyó una presión devaluatoria de sectores de la economía concentrados. Tras la intervención del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el repliegue de las políticas económicas del Banco Central a cargo de Miguel Pesce, el dólar parecería haberse estabilizado, aunque el escenario cambiario continua siendo de mucha fragilidad por los limites tangibles de las reservas. Es insoslayable que el Gobierno no pudo dar una respuesta adecuada al problema cambiario, subestimando el impacto de los dólares paralelos en la memoria traumática de sectores pymes y actores de la economía local que sufrieron devaluaciones recientemente (2014, 2016).

Otro logro central factible de mencionar fue haber parado, al menos hasta el momento, los intentos de una abrupta devaluación durante 2020. Ello hubiera empujado a una derrota política y social profunda. Debemos caracterizar con precisión la gravedad de la situación social: casi la mitad de los argentinos y argentinas se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Un ajuste agravaría considerablemente esa realidad.  Ante esa puja económica que todavía perdura, vale advertir sobre el riesgo de una concepción que parece entender al “diálogo económico y social” libre de tensiones o lucha de intereses.  En ese punto el Gobierno deberá enfocarsre con especial atención en el aumento de los precios en alimentos para frenar esa tendencia negativa.  

Ante el contexto particular, el Gobierno deberá posicionarse en 2021 para ensamblar las distintas piezas de un complejo rompecabezas: acertar con las políticas de salud y con la llegada de la vacuna para el COVID19, para desarrollar un plan económico con perfil industrialista que inicie un lento proceso de creación de puestos de trabajo, como se logró durante la “década ganada” kirchnerista. Se necesita para ello un Estado con capacidad de gestión y voluntad política.

En el lento camino de la recuperación se deberán reforzar los distintos mecanismos de contención social para los millones de argentinos y argentinas que se encuentran desempleados o son parte de la economía popular. En este sentido, es clave profundizar una respuesta de política pública estructural para revertir el déficit habitacional que afecta a una de cada tres familias. Solo en la provincia de Buenos Aires implica la construcción o refacción de al menos dos millones de viviendas. Es necesario implementar un programa de inversión a gran escala que ataque el problema y que, al mismo tiempo, aporte a la recuperación de la actividad y el empleo. El ejemplo más emblemático de esta problemática se pudo observar en la toma de Guernica, en la que el Ministerio de Desarrollo de la PBA realizó un intenso trabajo para ofrecer contención social frente al reclamo histórico y la deuda pendiente, agravados a todas luces por la pandemia.

Agenda compleja

Las condiciones anomales que estableció el COVID-19 también agravó las prácticas históricas abusivas y violentas de las fuerzas de seguridad en los barrios populares del país, enmarcadas en un clima de tensión social e incertidumbre que afecta a millones de jóvenes que habitan allí. Debemos recordar que la Doctrina Chocobar también dejó un empoderamiento difícil de desentrañar en los uniformados pero que debería resultar clave en la agenda de un gobierno popular.

Ante esta dificultad, el Gobierno todavía se encuentra pendiente de la aprobación de una ley contra la violencia institucional que permita sedimentar nuevas lógicas y actitudes de las policías federales y provinciales en lo que sería un largo camino hacia la democratización de las fuerzas de seguridad. El levantamiento policial en PBA puso también en relieve la necesidad de pensar la mediación gremial de las fuerzas. Tal vez las dos discusiones se encuentran enlazadas en una posible solución o mejora de la problemática.

En este mismo sentido, el Gobierno deberá continuar avanzando con inteligencia táctica y estratégica en una agenda para democratizar el Poder Judicial y los servicios de inteligencia en la disputa por el Lawfare. Allí la creciente pelea con la Corte Suprema deberá leerse con un tamiz para distinguir aliados y enemigos, según cada tema.  Esa lectura con guiños y reprimendas deberá incluir a los fallos de la Corte Suprema. A mayor comprensión de esta realidad interna habrá mayor posibilidad de avanzar en una agenda que ofrezca transformaciones para que haya un Poder Judicial más cerca del Pueblo.  A un año del Gobierno, la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala continúa siendo una presa política, al igual que otros dirigentes que se encuentran encarcelados por motivos políticos. Es necesario continuar insistiendo en la reforma del Poder Judicial para que cese al fin el Lawfare.

Por otro lado, una de las decisiones políticas más fuertes del año que merece ser destacada fue el envío del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La imperiosa necesidad de aprobar la legalización del aborto, que se votará en la Cámara de Senadores en los próximos días, deberá leerse no sólo como el cumplimiento de una promesa de campaña, sino como una conquista política más de los feminismos. El aborto es una cuestión primordial de la agenda del movimiento feminista y una deuda pendiente de la democracia hacia las mujeres y personas gestantes. La concreción de la sanción completa de la ley significaría para el Gobierno un triunfo importante como así también una derrota contundente en caso de no aprobarse.

Para finalizar, cabe destacar que la recuperación de la administración del Estado por parte de las fuerzas nacionales y populares en la Argentina se enmarca en un contexto de lenta recuperación del campo popular en la región. Tal vez, el caso más simbólico sea el triunfo del MAS en Bolivia, luego del golpe de Estado que había sacado a Evo Morales del Gobierno (Evo pudo escapar del país gracias a la intervención argentina). En Chile, miles salieron a las calles y forzaron una reforma constitucional. Aunque aún no se muestra una organización clara de esas fuerzas, se trata sin dudas de un avance de los sectores populares. En Brasil, Bolsonaro sufrió una derrota en las recientes elecciones y avanzan las posibilidades de un frente de izquierda muy amplio. En Venezuela, las fuerzas chavistas continúan resistiendo la avanzada imperialista (sigue presente la posibilidad de una invasión extranjera), en un contexto muy delicado, donde no debe dejar de señalarse la bajísima participación popular en el reciente proceso electoral. Ese fenómeno de crecimiento de los sectores desencantados con la política también se vio en Brasil, donde el 30% no fue a votar.

En ese plano regional, se conformaron instancias internacionales de articulación y organización de las fuerzas populares de América Latina. El Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, se impulsa la pronta recuperación de la UNASUR, con Evo Morales como posible Secretario General.

La tarea no es fácil, pero sabemos cual es el camino correcto: defender el trabajo, promover la producción y la justicia social en un contexto tan difícil.