¿Mudar la zona roja o garantizar trabajo digno?

Por Julia Pascolini

Fernando Ponce, presidente del Concejo Deliberante de la ciudad por el Frente Cambiemos, hizo público en febrero el proyecto que impulsa el traslado de la Zona roja. Ésta contempla las calles cercanas a la Plaza Matheu, Avenida 1 y 66, aunque sería mudada al área comprendida por la avenida Iraola, desde 119 hasta el cruce con la avenida Centenario, incluyendo así las calles internas del Bosque platense.

El proyecto que lanza el representante del PRO, es el mismo al que hizo referencia el actual intendente de La Plata por el Frente Cambiemos, Julio Garro, durante su campaña. “Yo he pasado por ahí muchas veces con mis hijas (por la zona roja). Están los travestis en bolas” fue uno de los desafortunados argumentos con que justificó las medidas de re-localización de la zona.

Por su parte, Javier Pacharotti, el ex presidente del Concejo Deliberante en representación del anterior intendente de la ciudad, Pablo Bruera (FPV) –previo a su paso a las filas del massimo- quien fue denunciado por su ex pareja por violencia doméstica, presentó en 2012 un proyecto similar al que hoy pone en debate Fernando Ponce. La devaluación en un 50% de las propiedades ubicadas en la Zona roja de la ciudad fue la excusa con que se impulsó el primer proyecto. El conflicto y la urgencia por su resolución fue hecho pasar entonces por uno de tipo inmobiliario y económico.

La Plata: territorio de demagogia y mea culpa

Julio Garro declaró en 2015 cuando todavía era precandidato al cargo: "Darle trabajo a un travesti cuando hay madres y padres con hijos que tienen hambre es una locura" y agregó que "darles una mano desde lo psicológico" sería su propuesta. La referencia constante a “los travestis” por parte del jefe comunal deja que desear, pero no sorprende.

Después de las manifestaciones públicas del intentendente, que terminaron por arrinconarlo y ubicarlo bajo la lupa social llegó la esperada limpieza de culpas; culpas, no disculpas. Este aclaró a través de un comunicado que “no es justo que ellas vivan de esto” pero tampoco lo es que las familias que habitan la zona sean testigo de la inseguridad que conlleva la prostitución y que la solución es la incorporación de las compañeras al sistema laboral.

Pese a haber intentado corregir sus dichos públicamente, las contradicciones volvieron a presentarse cuando Claudia Córdova, compañera travesti, fue detenida y condenada a principios de este año en la misma ciudad acusada de vender drogas, con el agravante de ser peruana. El caso de Valentina Pereyra, también compañera trans, despedida del puesto de trabajo que ocupaba en la Municipalidad local apenas asumió el macrismo, nos alerta una vez más acerca del incumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Trans y también del carácter transfóbico con que es ejercido el poder político y judicial.

“Civilización y barbarie” según investigadora de la UNLP: discriminación explícita hacia la comunidad LGBTIQ

El Club Hípico, ubicado sobre la Avenida 52 de La Plata, fue uno de los primeros en desestimar la posible mudanza de la Zona. La civilidad de quienes forman parte del Club y la indecencia que representa para la institución la prostitución, fue el argumento que rechazó las medidas. A su vez, vecinas y vecinos de ambos espacios expresaron su preocupación al respecto: por un lado, el constante tráfico de drogas y la inseguridad de la que dicen ser testigo y por otro la existencia de instituciones educativas en el espacio al que sería mudada la Zona.

El conflicto entonces, no gira en torno a la posibilidad de institucionalizar el trabajo sexual digno o a la erradicación de la prostitución cuando es ésta la única salida laboral. La necesidad de mudar la zona poco se vincula con la urgencia de aplicar la Ley de Cupo Laboral Trans, o con la garantización de una vida digna, al contrario; somos testigo de disputas arraigadas a las definiciones socialmente instaladas de (in)decencia y delito, conceptos adjudicados a las víctimas de un sistema excluyente y patriarcal: travestis y trans.

En este círculo de prácticas discriminatorias ya naturalizadas, la investigadora y jefa de la División de Entomología del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata,  Analía Lanteri, escribió en el diario local El Día: “entendemos y nos solidarizamos con los vecinos que ‘padecen la zona roja’, donde se han incrementado los ilícitos, y de la mano de la prostitución, han crecido los robos y la venta de drogas.” Agregó que el Bosque es el pulmón de la capital de la provincia bonaerense y que quienes trabajan decentemente en las instituciones de los alrededores del espacio, son miles, millones. Por último pide a las autoridades que busquen por favor otra solución.

Al hablar de decencia, la académica reproduce un discurso por demás estigmatizante y de alto valor transfóbico. Poner a la barbarie o a la delincuencia en la misma balanza que a las trabajadoras sexuales no puede ser sino una clara muestra de retroceso en materia de igualdad de derechos -incluso ante la ley-  y específicamente de igualdad de géneros.

La inseguridad a la que refieren tanto el intendente Garro como la académica Lanteri es limitada y de carácter vecinócrata: no contemplan como tal al abuso policial legitimado, al consumo del negocio prostituyente avalado social y culturalmente o a la criminalización constante de las identidades disidentes.