"El PP y el PSOE tienen que reconocer que España es una realidad plurinacional"

Por Enrique de la Calle

APU: ¿Cómo tomaron la decisión del tribunal Constitucional sobre la consulta?

Josep Vendrell: La suspensión cautelar de la ley de consulta, hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia, es un procedimiento automático, sólo requiere la petición expresa por parte del Gobierno. El problema pues, es la decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de consulta y que la admisión del Tribunal fue inmediata, reuniéndose de forma extraordinaria contra lo que viene siendo su procedimiento habitual. Con su actuación el Tribunal dio la impresión de actual de parte, bajo la presión o en interés del Gobierno español.

El recurso presentado por el Gobierno del PP es un nuevo error que pretende evitar por todos los medios posibles que la ciudadanía de Cataluña ejerza su legítimo derecho a decidir democráticamente su futuro político.

APU: Desde la Generalitat, se ha asegurado que se seguirá con el plan que incluye una consulta popular. ¿Ve posible una consulta popular después de esta decisión del Tribunal?

JV: El compromiso es utilizar todos los mecanismos políticos y jurídicos para poder desarrollar la ley de consultas y aplicar el decreto de convocatoria de las elecciones. La ley y el decreto no están anulados, sólo suspendidos de forma cautelar hasta que se dicte sentencia. El Parlamento y el Gobierno de la Generalitat han presentado alegaciones ante el Tribunal para que este levante la suspensión lo antes posible.

APU: El Parlamento Catalán creó una comisión de control de consultas. ¿Es legal esa comisión? ¿Por qué?

JV: Es legal en tanto que se desarrolla una ley que no está anulada y que la comisión de control, la junta electoral de las consultas, es un organismo imprescindible para realizar todo tipo de consultas, no sólo la del 9 de noviembre. Los servicios jurídicos del Parlamento catalán avalaron esta decisión que, por otra parte, el Gobierno ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

APU: ¿Están pensando en convocar otra masiva movilización popular?

JV: La movilización social ha sido un elemento imprescindible para impulsar el proceso nacional a favor del derecho a decidir. Cataluña ha vivido un intenso ciclo de movilizaciones, también de carácter social contra las agresivas políticas conservadoras de los gobiernos catalán y español, y que tienen en común que la ciudadanía recupere la soberanía, la capacidad de decidir sobre sus propias vidas, ante unas políticas que han laminado el autogobierno de Cataluña con la voluntad de que sea residual, y están destruyendo los derechos sociales ante la presión de los mercados.

Las movilizaciones sociales van a continuar teniendo una gran importancia para cambiar radicalmente tanto la relación Cataluña-España, como un modelo social y político en crisis.

APU: Las relaciones entre Cataluña y Madrid están en su punto de máxima de tensión en mucho tiempo. ¿Cómo analizan esa situación? ¿Ve alguna salida que acerque posiciones?

JV: Hoy la mayoría de la ciudadanía de Cataluña rechaza el actual marco constitucional. Para resolver este conflicto han de darse tres condiciones: legitimidad democrática, la gente tiene que poder decidir si quiere mantener la situación actual, la independencia o una nueva relación con España; voluntad de negociación por parte del Estado y que el PP y el PSOE reconozcan que España es una realidad plurinacional, con naciones que quieren tener sus propias estructuras estatales y su reconocimiento como tales.