España: familiares de republicanos asesinados en campos nazis esperan por la Justicia argentina

Por Nadia Mayorquin

Esta semana, aproximadamente a 80 años de su llegada a los campos de concentración nazis, familiares de republicanos que fueron allí asesinados concurrieron a la Embajada de Argentina en Madrid para presentar varias denuncias ante la Justicia Argentina, que tiene abierta la única causa judicial que investiga los crímenes del franquismo.

En total, son ocho denuncias que se suman así a las ya presentadas en Galicia y que han sido impulsadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Las familias fueron asesoradas por la abogada Ana Messuti, que es también abogada de la querella. Ella y el historiador e investigador Benito Bermejo acompañaron a las familias denunciantes en un acto que realizaron en el Ateneo de Madrid.

Las víctimas y sus historias

El republicano Juan García Acero fue asesinado en el sub-campo nazi de Gusen, a cinco kilómetros de Mauthausen, dos días antes de la Navidad de 1941. Llevaba el número 4.811. Para esa fecha también mataron en el mismo lugar a José Fernández Pacheco, vecino de Manzanares (Ciudad Real). Su número era el 14.298. La lista continúa con Gregorio Rebollo García, (número 5.176), que llegó en diciembre de 1940 junto con otros 846 españoles que portaban números desde el 4.473 al 5.391; entre ellos, José Esteban Moreno, de Montejícar, Granada, muerto el 27 de enero de 1942.

"Solo en el campo de Mauthausen, que incluye otros sub-campos como el de Gusen, estuvieron más de 7.000 españoles. De ellos, dos terceras partes serian asesinados en apenas dos años. El 6 de agosto de 1940 llegaron los primeros 350 prisioneros. Después llegarían muchos más", explicó Benito Bermejo, historiador, investigador y profesor de historia, especializado en el estudio de los deportados españoles a campos de concentración nazis. Otro grupo de más de 2.000 pasó por otros campos como el de Ravensbrück, donde estuvieron mujeres republicanas. Se calcula que alrededor de 9.300 españoles han estado presos con el conocimiento y abstención de las autoridades franquistas que avalaron dichos procedimientos.

El rol de la Justicia argentina

En 2014, la jueza María Servini ordenó detener a Rodolfo Martín Villa. El exministro de Franco está acusado de delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad. Pero el tiempo corre y el único imputado no acaba de sentarse en el banquillo para responder por los sucesos de Vitoria o de Sanfermines 78.

Martín Villa, de 84 años, es uno de los quince acusados que sigue vivo, de los 22 imputados originales reclamados por la jueza Servini en octubre de 2014. cuando emitió una orden de captura internacional contra todos ellos por crímenes de lesa humanidad, y por ende, imprescriptibles.

A lo largo del tiempo, desde que inició histórico expediente de la Jueza, han venido aconteciendo una serie de obstáculos que ha presentado el Poder Ejecutivo español, en connivencia con el Judicial, para esquivar los exhortos de la jueza. La magistrada iba a viajar a España para tomar declaración indagatoria el 20 de marzo 2020 a Villa en la embajada argentina en Madrid. Un plan que de momento se ha frustrado.

Al respecto la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica - Argentina publicó un duro comunicado en el que "repudia la decisión del Ministerio de Justicia de España por entorpecer y dilatar la declaración indagatoria que la Jueza María Servini iba a tomarle al ex Ministro del interior Martín Villa el próximo 20 de Marzo del 2020 en la Embajada Argentina en Madrid".

Y sigue: "Villa es uno de los 22 imputados en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En su caso, se investiga su responsabilidad, como ministro del Interior, en la masacre de Vitoria, en la que la policía mató a cinco personas durante una jornada de huelga en marzo de 1976 así como también por las muertes de otras seis en manifestaciones y protestas mientras fue ministro de Relaciones Sindicales. A finales de 2014, Servini emitó una orden de detención contra 20 personas imputadas, entre ellos el suegro de Gallardón, el ex ministro franquista José Utrera Molina, que tres años después falleció, el ex-policía Benjamín Solsona y el policía acusado por torturas Antonio González Pacheco más conocido como Billy el Niño", describieron. 

En el comunicado aseguraron: "En octubre de 2018, la Audiencia Nacional canceló una nueva petición para tomar declaración a Martín Villa, aduciendo que los delitos que habría cometido estarían prescritos y éste pidió declarar ante la jueza. Servini programó la declaración en Buenos Aires para el 9 de septiembre de 2019, aplazándola después a diciembre y nuevamente al 20 de marzo en la Embajada Argentina en Madrid, rechazándose la solicitud formal con el argumento de que se debía haber realizado a través de un exhorto internacional".

Por último, reclamaron: "Es vergonzosa la forma es que se obstaculiza el acceso a la justicia para los familiares y víctimas de los crímenes del franquismo. Sus verdugos van muriendo sin el castigo que merecen por los delitos de lesa humanidad que han cometido y las víctimas sin la justicia que durante décadas han buscado y que jamás los ha escuchado ni tenido en cuenta".