¿Qué pasa con WhatsApp en Brasil?

Por Laura Lacaze*

Durante el último año, diversas instancia de la justicia brasileña tramitaron  medidas contra la compañía que incluyeron: 3 solicitudes de bloqueo del funcionamiento del aplicativo en el territorio nacional y la detención del vice-presidente de Facebook, controlante de la misma. De las disposiciones que buscaban interrumpir el funcionamiento del aplicativo en territorio brasileño, sólo dos llegaron a entrar en vigencia y esto se dio sólo por apenas una pequeña fracción del plazo por el cual habían sido solicitadas. Una compleja trama de intereses en conflicto.

El pasado lunes 2 de mayo, los 100 millones de usuarios de WhatsApp en Brasil resultaron impedidos de utilizar los servicios del aplicativo. Esto obedeció a una medida de restricción impuesta por un magistrado del fuero penal del Estado de Sergipe, situado en la región Noreste del país. El magistrado, Marcel Maia Montalvão, estableció que las operadoras de Internet debían interrumpir las conexiones a WhatsApp a partir de las 14 hs de ese día y por un período de 72hs.

La decisión constituyó una sanción a la empresa por su falta de cooperación en el marco de una investigación que aún se encuentra bajo secreto de sumario. Según trascendidos se trata de una investigación vinculada a un caso de narcotráfico en la cual le fue requerido a la empresa Facebook, controlante de WhatsApp, que revelase el contenido de los mensajes intercambiados por los sospechosos.

Ya a principios del año pasado el mismo magistrado ordenó la detención del vicepresidente de Facebook para América Latina, el argentino Diego Dzoran. Tras pasar la noche en custodia, Dzoran resultó liberado por un fallo del Tribunal de Justicia del Estado que declaró que la detención constituyó una medida de coacción ilegal. En declaraciones al portal brasileño ConJur el abogado de la empresa argumentó, en dicha oportunidad, que la empresa colaboró con la justicia brasileña en la medida que sus posibilidades técnicas se lo permitieron. Según lo que se conoce hasta el momento la empresa alega no tener acceso a los contenidos que le son requeridos, por causa del procedimiento que aplica para la protección de las comunicaciones efectuadas a través del aplicativo.

La decisión del bloqueo recibió múltiples críticas centradas en la falta de proporcionalidad de la medida y su carácter violatorio del marco jurídico existente. Su vigencia sólo se extendió por unas 12 horas y, finalmente, quedó sin efecto tras un fallo del Tribunal de Justicia del Estado. En las mismas horas, una decisión independiente adoptada por un juzgado federal de San Pablo, dictaminó una medida cautelar  ordenando a las operadoras garantizar el servicio de WhatsApp en vista de que el bloqueo de servicio de mensajería impedía el normal desempeño de las actividades del juzgado.

No es la primera vez

En los meses de febrero y de diciembre de 2015, en el marco de otras dos investigaciones penales, magistrados realizaron idéntica solicitación a la empresa recibiendo la misma respuesta. En ambas oportunidades las autoridades intervinientes ordenaron el bloqueo del servicio por 48hs y también en ambos casos se produjo un revés por parte de las instancias superiores. En el primero de ellos la medida de suspensión del servicio no llegó siquiera a entrar en vigor. En el segundo el bloqueo del servicio duró apenas un par de horas.
Ambas instancias fueron seguidas de pronunciamientos críticos por parte del Comité Gestor de Internet, órgano ejecutivo responsable del establecimiento de directrices relacionadas al uso de esta red en Brasil. Según el Comité la medida de suspensión supone una violación de las disposiciones derivadas del Marco Civil de Internet ya que, por un lado, este establece que los operadores de Internet no pueden ser responsabilizados por las actividades de los usuarios y, por otro, porque en ambos casos se habría incumplido el gradualismo de las sanciones a empresas previstas en el ley en caso de ausencia de cooperación con la autoridad judicial.

Una cuestión de jurisdicciones

Como su nombre lo indica el Marco Civil de Internet constituye una legislación orientada a la regulación civil de la actividad en Internet. Su sanción se produjo en el año 2014, al calor del revuelo político internacional que siguió a las filtraciones de los documentos Snowden pese a lo cual es dable destacar que constituye el resultado de un proceso político amplio del cual participaron numerosos referentes de la lucha por la protección de los derechos civiles en Internet. Su entrada en vigencia posicionó a Brasil entre el selecto grupo de países que tienen un marco jurídico de desarrollo de la actividad organizado en torno a los principios de la Internet libre y de la protección de la privacidad del usuario.

El Marco Civil constituye una herramienta que le otorga a las autoridades de dicho país jurisdicción sobre las operaciones de prestación de servicios vinculados con Internet inclusive en los casos, mayoritarios, en los que la sede administrativa de las compañías y el local físico de almacenamiento de los datos se encuentran en terceros países. Esto porque esta ley establece que su ámbito de aplicación se extiende a los datos recolectados en el territorio nacional y al contenido de las comunicaciones que involucren al menos un terminal localizado en Brasil.

Así, la entrada en vigencia de la nueva regulación otorgó nuevas potestades a la justicia local que parece encontrar una actitud relativamente esquiva por parte de las empresas de Internet. Un caso notorio fue el de la decisión que el Juez de la llamada causa Lava Jato, Segio Moro, adoptó en el año 2013 ordenando a Google la creación de un conjunto de cuentas espejos (esto es, una suerte de cuenta de correo melliza cuya actividad pueda ser seguida en tiempo real por los investigadores). En dicha oportunidad la empresa le comunicó al magistrado que sólo cooperaría con la causa si se producía un acuerdo entre la justicia de ese país y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual la empresa tiene su sede administrativa. Moro dispuso en aquel entonces el embargo de R$ 2 Millones de la empresa y, tras la sanción del Marco Civil, la cuestión culminó en un compromiso de Google de ajustar sus políticas al nuevo orden jurídico interno y el pago de una multa de R$ 500.000.

¿Qué dice el Marco Civil de Internet?

En relación a los contenidos de las conversaciones, el Marco Civil de Internet establece: que estos pueden ser solicitados a los operadores exclusivamente en el marco de investigaciones correspondientes al fuero penal y que las empresas no tienen la obligatoriedad de almacenarlos. En este último punto la ley establece una diferencia con lo exigido a nivel de los datos de conexiones en donde se obliga a la operadora conservarlos por un período que varía entre 6 y 12 meses en función del tipo de servicio que se provea. En este sentido, los pedidos judiciales se basan en la presunción de que las empresas efectivamente almacenan los datos de contenido sin que este hecho este establecido de forma indiscutible. Esto porque la mayoría de las aplicaciones que utilizamos cotidianamente no publican de forma clara sus procedimientos de manejo de las informaciones recibidas. Por lo demás, se trata de una presunción plausible, dados los hechos de notorio conocimiento vinculados a la red de vigilancia masiva denunciada por Snowden en 2013.

Otro de los aspectos del Marco Civil, central en este debate, es el tema de la neutralidad de la red. La legislación brasileña se rige por este principio que prohíbe las prácticas de discriminación en el trato que las operadoras le dan a los diversos paquetes de datos que circulan en la red. En palabras más simples, el principio de neutralidad de la red implica que la empresa a través de la cual un usuario establece su conexión no puede privilegiar esa comunicación según se trate de un sitio de internet u otro (alterar la velocidad de conexión, el costo de la misma, etc). En este sentido, diversas opiniones interpretan que el pedido de bloquear el acceso a un servicio determinado, constituye una violación del principio de neutralidad y, por tanto, atenta contra el Marco Civil.

El tema de la neutralidad en particular parece que se va a mantener en agenda en los próximos tiempos. Se trata de un aspecto central en la disputa por la renta generada por el negocio de Internet y existe en Brasil una fuerte presión de las empresas proveedoras del servicio de conexión para quebrar este principio y poder ofrecer paquetes que discriminen entre los usuarios en función de sus consumos en la red. En lo que podrían ser sus últimas semanas en el gobierno, la presidenta Dilma Rousseff, reafirmó el compromiso con el principio de neutralidad e instruyó al organismo regulador de las telecomunicaciones para mantener las prácticas vigentes por ley.

* Investiga  vigilancia masiva en Internet. Maestranda en Relaciones Internacionales.