Los empresarios víctimas de la dictadura

El 4 de noviembre de 1976, los hermanos Iaccarino fueron secuestrados por grupos de tareas en Santiago del Estero. Después los trasladaron a La Plata, donde fueron torturados en distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps, permaneciendo cautivos como detenidos-desaparecidos por espacio de 22 meses.

Los Iaccarino poseían una empresa lechera (su mayor capital dentro de las siete empresas que tenían) en Santiago del Estero que se llamaba “Industria Láctea Santiagueña S.A.” y era el centro de un Plan Económico Expansivo General (PEEG) que se proponía cambiar el sistema económico del NOA (Noroeste argentino). El PEEG, ideado por Alejandro Iaccarino a mediados de los años 60, cuando era todavía un adolescente, era “un plan diseñado para la paz social, con 17 bases que formulaban enormes beneficios, atacaba a los monopolios, a la intermediación, haciendo llegar directamente los productos al consumidor. Por eso nos tenían que sacar del medio”, según detalla el autor.

Los hermanos, como empresarios, eran una especie de clan. No uno secreto y misterioso; más bien, un pequeño y endogámico triángulo, con Alejandro como cerebro, Carlos como administrador y Rodolfo como el brazo ejecutor. Entre los tres, manejaban sus siete empresas y negociaban directamente con los poderes de turno. Dicen que su forma de administración era bien distinta a las demás empresas que dominaban el mercado. Eliminaban las intermediaciones, trataban directamente con los productores, a los cuales se les pagaba más, y con los obreros se mantenía un buen vínculo: dicen que les pagaban más que el resto y que lo que ellos acumulaban, como empresarios, era “fruto de trabajar las 24 horas, sin un peso más de lo que correspondía”.

Con la “Industria Láctea Santiagueña S.A” (ILSA), que la compraron en rojo y en pocos años les dejó “ganancias modestas en relación a las fortunas de los monopolios lecheros”, ganaron el respeto de las cooperativas regionales y los tamberos locales. Los Iaccarino les pagaban más y mejor y el enojo de la competencia no se hizo esperar. El por entonces gobernador santiagueño, Carlos Juárez, les advirtió que estaban caminando por un terreno complicado. Juárez tenía contactos con las principales empresas lácteas de la zona, que a su vez tenían contactos con el jefe supremo de la Economía, Martínez de Hoz. Al poco tiempo, los hermanos fueron secuestrados.

Se cree que, secuestrando a los Iaccarino y expropiándole sus bienes, los militares abortaron el PEEG. Los empresarios, que se definen como “empresarios sociales”, pensaban en armar un edificio llamado “economía social” cuya base fuera su empresa lechera. “Los militares estaban acostumbrados a perseguir lo ideológico-político -dice Carlos Alberto Iaccarino- y nosotros no entendíamos ni jota ni de ideología ni de política, ni de servicios de inteligencia. No sabíamos ni que existían, y nos habían infiltrado siete personas en el ámbito de nuestras industrias…”.

Alejandro creó el PEEG después de crecer como pequeño empresario y de que la familia Iaccarino triunfara en la mediana empresa con la Constructora Sureña Argentina SA, y después con la sociedad Ilumbras, de iluminación a gas de mercurio. Con una recuperación del pensamiento de Adam Smith y una amplia amalgama de conceptos económicos amparados en una fuerte doctrina católica, que involucró un encuentro cumbre con el obispo brasileño tercermundista Helder Cámara y el sacerdote argentino Carlos Mugica, el plan económico se proponía “eliminar los intermediarios de la economía, ese mal creado por los monopolios, y cambiar las reglas del mercado haciendo llegar los productos directamente al consumidor. De este modo -detalla el plan- se favorece a la pequeña y mediana industria y, eliminándose los costos de la mediación, el precio de los productos sería mucho menor y la calidad de los mismos mucho mejor”.

Los Iaccarino no ocultaban que serían los empresarios; y no los trabajadores los que encabezarían la puesta a punto del plan. Alejandro, ahora, lo explica de la siguiente manera: “La idea es que cada uno haga su parte, y que se distribuyan las ganancias equitativamente. Pensamos en un tipo de empresario con gran ética y moral, que sepa hacer lo suyo, sin codicia ni ambición. Valoramos que en este último tiempo hayan existido fábricas recuperadas por los obreros. Pero hay gestiones que sólo un empresario puede hacer. Para cerrar un buen negocio, hay que conocer de bancos, de recursos financieros y de costos y beneficios. Esa es la tarea del empresario: saber relacionarse en el mundo de los negocios pero sin pensar sólo en su beneficio individual. Debe tener la responsabilidad de distribuir las ganancias, pensar en el trabajador, y que su empresa aporte a la paz social”.

Alejandro se obsesiona por entender el poder. Tiene un trabajo que se llama “Establishment, el secreto del poder mundial”, un escrito de 18 capítulos donde sentencia:

“Las Instituciones que integran el establishment, generalmente muestran una faceta de benefactores de la humanidad, pero la realidad son centros ocultos de enorme poder que mueven las palancas del mundo, guerras, narcotráfico, narcoterrorismo, lavado de dinero. Son operaciones sucias de sangre, o de miseria de pueblos con enorme retardo cultural y dominados por grupos insertos en las estructuras del poder local, son la motivación de la crisis de las tres cuartas partes del género humano.

El PEEG, se entusiasma, será revolucionario. “Estoy convencido que si los gobiernos latinoamericanos incorporan las bases del PEEG, habrá más integración de las economías locales. Hay que evitar los monopolios. Destruyen; nuestras riquezas y nos determinan en un subdesarrollo del que nunca pudimos salir”, dice y jura que no está loco. Todo el plan, aclara, está construido sobre razones científicas. Contrariamente a lo que sucede con algunos tratados económicos del capitalismo moderno, donde la especulación financiera domina el rigor conceptual, confiesa que el PEEG “tiene una pronta aplicación: es riguroso, pragmático y entiende el verdadero valor de la economía social”.

Hay una estirpe de buena vida burguesa que los Iaccarino recuerdan sin disimulo. Hablan de los trajes a medida, de las cupés último modelo con las que volaban en la ruta entre Santiago del Estero y La Plata, de su avión privado, de los negocios en la bolsa de valores, de los hoteles en Nueva York y los créditos millonarios que estaban por sacar en el exterior. Hubo, entre los momentos cumbres, uno excepcional: cuando Alejandro fue elegido presidente de la Comisión Investigadora de la Comisión Trilateral y Fondo Monetario Internacional en un Congreso Mundial en Washington. Los Iaccarino, al momento de ser secuestrados, estaban por comprarse un banco.

Saben que la dictadura los despojó de bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una compleja trama donde intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos. Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino, su padre, firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo Rockwell 500s Shrike Commander que, en conjunto, tienen una valuación actual que supera los 125 millones de dólares.

No sólo se trató de la expropiación de sus bienes. Hubo, también, una estafa. Cuando el padre firmó bajo extorsión, le prometieron como pago unos 300 mil dólares en tres documentos y 28 hectáreas de una cancha de golf del Sierras Hotel en Alta Gracia, Córdoba, que se encuentra en manos de una sociedad civil. Los hermanos reclaman ahora su devolución.

Para Chicha Mariani, Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer, entre otras personalidades de los derechos humanos, el caso de los hermanos Iaccarino es emblemático. Chicha destacó que fue declarado de “interés social y para la memoria colectiva” por el Concejo Deliberante de La Plata. “Los Iaccarino son miembros de una familia muy católica de La Plata, y sufrieron un vía crucis muy parecido al de Lidia Papaleo y otros familiares de David Graiver víctimas del Caso Papel Prensa”, dijo.

El 29 de marzo de este año ocurrió un hecho trascendental. En la Comisión Nacional de Valores, el corazón de los bancos y la vida financiera, se presentó un informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”. Fue la primera vez que se dio a conocer públicamente una investigación a fondo sobre los delitos económicos cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos ellos, empresarios de gran fuste.

En aquella oportunidad, durante la presentación del informe, Osvaldo Bayer dijo: “quisiéramos ahondar en dar datos sobre el doloroso y patético proceso que debieron sufrir los empresarios Alejandro y Carlos Iaccarino, dos hombres que trataban de establecer un sistema menos explotador y más coherente, en cuanto a la distribución de bienes en torno de sus obreros y el cuidado de la naturaleza. Dos aspectos muy mal vistos por los empresarios clásicos y por la línea económica llevada a cabo por Martínez de Hoz y apoyada por las tres armas de la Nación”.

Bayer contó que los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino estuvieron en nueve centros clandestinos de detención y en catorce centros de detención oficiales. Que sufrieron torturas de toda clase. Alejandro le relató lo que es soportar la picana eléctrica en todos sus matices y el estar “colgados” mientras se les practicaban esas torturas.

Para Adolfo Pérez Esquivel, quien compartió celda con los Iaccarino en la Unidad 9 de La Plata, el calvario que vivieron los Iaccarino “fue de una crueldad incomparable sobre la dignidad humana”. Recordó que, una vez que se llevó su operativo de secuestro en la ciudad de Santiago del Estero, una operación que llevó a cabo la policía provincial cumpliendo órdenes de la X Brigada de Infantería dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, sus padres sufrieron la peor de las incertidumbres. El padre estuvo detenido 13 días en la Brigada de Investigaciones de la policía de Santiago del Estero, a cargo del comisario general José Medina; y la madre, Dora Venturino de Iaccarino, 17 días en la comisaría 21 de la Policía Federal, en condiciones deplorables.

Pero su caso no es el único. Los que investigan la pata civil y la complicidad empresarial de la última dictadura militar no lo dudan: el juicio por el caso Iaccarino abrirá las puertas para investigar decenas de casos espejos donde hubo empresarios perseguidos y empresas que fueron liquidadas, robadas y extorsionadas.

El autor es docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Para ver la nota completa, cliquear aquí,