Mitos y verdades sobre el empleo público en Argentina

Por Nicolás Adet Larcher

El discurso de Mauricio Macri inaugurando el año legislativo apeló a la llamada “herencia” para sostener una épica de justificación de ajustes y despidos masivos. Desde un primer momento, el tono fue pesimista y mostró un escenario catastrófico en políticas económicas y sociales impulsadas por el gobierno anterior pese a que el propio Alfonso Prat Gay había reconocido que la situación no era "crítica".

Uno de los temas que más resaltó Macri tuvo que ver con la cuestión del empleo público. Según lo pronunciado en el Congreso, el mismo aumentó “sin mejorar los servicios que presta el Estado”, afirmando que “nos mintieron” camuflando el desempleo con empleo público. Las estadísticas de Macri afirman que “entre 2003 y 2015 la cantidad de empleados públicos creció un 64 por ciento. Pasó de aproximadamente 2.200.000 empleos en 2003 a 3.600.000 en 2015”. Para dejar en claro su posición afirmó “encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública”, aunque sin profundizar en detalles.

Para el Gobierno Nacional, los empleados públicos se convirtieron en la variable de ajuste y se apeló a una demonización y deshumanización de los mismos a través del concepto de “ñoquis”. Algunos funcionarios, como Rogelio Frigerio, admitieron que en algunos casos se despidió a personas que no eran ñoquis, aunque siguió sosteniendo el relato establecido. Desde diciembre y hasta la fecha, los despidos aumentaron considerablemente, al igual que la incertidumbre de los trabajadores que todavía se mantienen dentro de los organismos estatales.

El dato de Macri respecto al aumento de los empleados públicos no debe tomarse como un hecho aislado en sí mismo y se deben aclarar conceptos más profundos que una mera mención discursiva. Según Verónica Ocvirk, la mayor parte del empleo público en Argentina se distribuye en las provincias. De ese dato, se desprende que un 70% de los trabajadores estatales son médicos, docentes y policías. De la llamada Población Económicamente Activa (PEA), de alrededor de 22 millones de personas, el 17% de los argentinos que trabaja lo hace para el Estado.

Ocvirk brinda un dato interesante y detalla que la cifra es menor respecto de otros países que también impulsan el empleo estatal como Noruega (34%), Dinamarca (32%), Suecia (26%), Francia (22%), Canadá (20%) y Reino Unido (18%). El gobierno nacional plantea un eje de discusión centrado en la “cantidad de empleados” con una concepción empresarial que no estima los servicios brindados en los últimos años, ni la apertura de nuevos espacios laborales.

En parte, el aumento de empleados estatales se debe a la recuperación de empresas que habían sido privatizadas durante la implementación de políticas neoliberales en nuestro país como Aerolíneas Argentinas, YPF, Correo Argentino, AySA, TBA, etc. Así como también tuvo que ver con la creación de nuevas universidades nacionales en todo el país y la constitución de nuevos organismos para supervisar e impulsar el funcionamiento de leyes sancionadas en los últimos años.

Para el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) el empleo público aumentó en un porcentaje cercano al mencionado por Macri, aunque destacaron que no solo se creció en cuanto a contratación de empleados, sino que además se incorporaron funciones y servicios.

Para el gobierno nacional, el mantenimiento de empleados públicos no es una opción ya que se argumenta que el Estado se convirtió en un “aguantadero” de la política y se debían ahorrar los gastos que implicaba mantener a todos los empleados estigmatizados como “ñoquis”.

Para los doctores en Ciencias Políticas Horacio Cao y Maximiliano Rey dar de baja al 10% de los empleados del sector público (30 mil personas) en planta permanente, apenas representaría un ahorro superior al 1% del presupuesto. Una cifra ínfima que evidencia una épica discursiva que no se condice con la realidad observando que el discurso no se mantiene con la misma radicalización del ahorro y el mantenimiento de las cuentas del estado cuando se eliminan retenciones a la minería y a los sectores concentrados del campo.

Según el documento del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los despidos en el sector público responden a “a la conjunción de la discriminación ideológica y el intento de redimensionar el empleo estatal” como una carga recibida del gobierno anterior. El documento detalla que es consistente “la perdida de funciones de un Estado con menor involucramiento en la economía y en las políticas sociales; ya que en numerosos casos los despidos y cesantías se correspondieron con cierre de programas y finalización de políticas públicas concretas”.

Los despidos y la falta de valorización del empleo estatal tienden a engordar las cifras de desempleo, pero sobre todo de pobreza e indigencia si a la medida se la acompaña con ajustes y devaluación. Para CIFRA y FLACSO, desde la asunción de Macri “se verificar un significativo aumento de la pobreza” que pasó de afectar al 19,7% de la población en el segundo trimestre de 2015, al 22,1% o 23,3% en enero de 2016 (el informe plantea un escenario A y un escenario B de incidencia de las políticas económicas).

En pocas palabras, el documento plantea que el aumento del número de personas en situación de pobreza fue entre 1 y 2 millones ante el escenario económico actual. Un hecho que contrasta con la preocupación de Macri en su discurso de asunción al mencionar números de pobreza y desempleo que no fueron contrastados con cifras que duplicaban las estadísticas actuales.