Paraná: desmantelan centro de adicciones en medio del escándalo por narcotráfico

El intendente de Paraná Sergio Varisco,(Cambiemos), deberá comparecer el próximo martes 27 de junio en el Juzgado Federal de Paraná como testigo en la causa que investiga a la banda narco liderada por los hermanos Daniel y Miguel Celis. La misma fue desarticulada hace tres semanas en el momento en que varias personas descargaban más de trescientos kilos de droga en un campo de Colonia Avellaneda.

El juez federal Leandro Ríos busca establecer cómo es que allegados a Daniel “Tavi” Celis, señalado como jefe de la banda, ingresaron a la estructura municipal como empleados y funcionarios e hicieron uso de los recursos del Estado para llevar adelante la actividad ilícita.

En la causa ya declararon como testigos el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad Municipal, Griselda Bordeira. Ambos admitieron conocer a Celis, quien formó parte de la campaña que llevó a Cambiemos a la intendencia de Paraná.

Logística municipal para distribuir y almacenar droga

Recientemente, el periodista Juan Cruz Varela, en una nota publicada en el medio especializado Página Judicial, reconstruyó la trama de cómo se utilizaban vehículos y espacios municipales para la distribución y el almacenamiento de la droga.

Según se indica desde ese medio, el relato parte de las escuchas telefónicas recolectadas durante los meses que duró la investigación, donde surge que Celis habría aportado una suma de dinero millonaria a la campaña electoral de Sergio Varisco a cambio de 40 contratos para allegados y la designación de dos personas de su confianza a cargo de la Unidad Municipal 2 Oeste: Hernán Jesús Rivero y Miguel Carmelo Leguizamón, aquel apodado Cebolla, jefe y subjefe del área.

Ambos se encuentran detenidos. Su tarea, concretamente, era la de colaborar en el almacenamiento, distribución y venta de marihuana utilizando para ello camiones recolectores de basura afectados a la unidad municipal y que carecían del sistema de GPS, para evitar el seguimiento, localización y rastreo de los vehículos.

El articulador de esa negociación entre el equipo de campaña –tal vez el propio Varisco– y el jefe narco fue Pablo Hernández, que llegó a ser concejal como parte del acuerdo. El dato también surge de las escuchas telefónicas, y por eso el edil debió declarar hace unos días como testigo ante el juez Leandro Ríos.

Varela asegura que lo que más sorprendió a los investigadores fue el nivel de penetración de la banda narco en la estructura municipal. Tenía el control absoluto de la Unidad Municipal 2 Oeste, a partir de un acuerdo político de alto nivel, y eso le permitía utilizar camiones recolectores de residuos para trasladar la droga de un lugar a otro. Un día, por ejemplo, Daniel Celis llamó al teléfono fijo de la unidad municipal ubicada en calle Pronunciamiento 624 y pidió que le tuvieran listos dos camiones sin GPS porque al día siguiente debía trasladar lo que llamó “cosas” y “muebles” desde algún lugar de almacenamiento hasta San Benito.

Un eslabón importante en este tramo de la cadena era Cristian Javier Silva, un hombre de extrema confianza de Tavi Celis, que trabajaba en la unidad municipal y era quien, se presume, ejecutaba los traslados de la droga en los camiones.

Ese modus operandi de la banda, quedó al descubierto el año pasado, cuando el 26 de agosto de 2015, la Policía de Entre Ríos llegó hasta una casa de calle Alemanes del Volga, en el barrio Paracao, con el pretexto de la búsqueda de armas en el marco de una causa por una tentativa de homicidio y, en cambio, encontró 1.772 kilos de marihuana en una caja térmica en el fondo de una vivienda. Primero los vecinos contaron que la droga había sido llevada hasta allí en un camión volcador de la Municipalidad y después, el dueño de casa, Sergio Daniel Godoy, empleado municipal, se quebró diciendo que la droga se la había llevado una persona a la que solo identificó por el apodo de Cebolla. Hasta allí el relato periodístico, basado en el expediente de la causa, que realiza Juan Cruz Varela.

A esta altura de la investigación resulta difícil creer que las autoridades municipales no estuviesen al tanto de la actividad que llevaba adelante la banda en el marco de la estructura municipal.

Vaciamiento y desmantelamiento del Centro Preventivo Local

Ex trabajadores del organismo junto a sectores sociales, gremiales, vecinales y políticos rechazaron el desfinanciamiento del Centro Preventivo Local de Adicciones (CePLAs) de la capital entrerriana.

Se exige la respuesta oficial sobre los pedidos efectuados mediante el Honorable Concejo Deliberante, la reiteración de todos los pedidos de informes por parte de los concejales, y la rectificación de la Municipalidad en el proceso de desmantelamiento del CePLAs.

“Los que acompañamos este documento, integrantes sociales, de comunidades vecinales, organizaciones políticas, sociales y estudiantiles expresamos nuestro repudio ante el desfinanciamiento y abandono total del Centro Preventivo Local de Adicciones (CePLAs Paraná)”, comienza el documento firmado por distintos sectores de la capital entrerriana. Denuncian que hoy advierten como “se encuentran lxs niñxs, jóvenes y adolescentes paranaenses ante la ausencia de políticas orientadas a la “prevención y contención” en el ámbito municipal”.

El dispositivo, creado en 2014 mediante un convenio firmado entre Sedronar y los Ejecutivos provincial y municipal, comenzó a funcionar un año después con un abordaje integral, en clave de restitución de derechos. Con un equipo interdisciplinario y distintas actividades articuladas en el territorio, el CePLAs significó una herramienta de prevención para niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años. Son espacios de encuentro, contención, recreación, formación y capacitación, que impulsan la creatividad, el desarrollo cultural, deportivo y artístico, generando distintas acciones que potencien el proyecto de vida de cada participante.

Agenda Abierta informó sobre los cinco despidos del dispositivo, la paralización de las obras sobre calle Virrey Vertis, la reducción del 50% de su atención, la eliminación de talleres y espacios colectivos de formación y capacitación y la desarticulación del trabajo en red con las instituciones que intervienen en la vida del barrio, como parte de los cambios del CePLAs Paraná que se encuentra en el barrio Anacleto Medina.

“En junio de 2015, el dispositivo fortaleció un trabajo territorial y en red que permitió generar vínculos y políticas de acción conjuntas con varias instituciones de la zona oeste y suroeste de la ciudad como la escuela Bazán y Bustos, la escuela Juan Manuel de Rosas, la escuela Gaucho Rivero, el club ciclón del sur, entidades religiosas e intermedias como la Red Creer”, detalla el comunicado sobre las intervenciones cotidiana que realizaba el Cepla. Destacan que estos dispositivos “permitían orientar a niñxs, jóvenes y adolescentes en un proyecto de vida que en muchos casos carecen, superando la vulnerabilidad, la deserción escolar y la realidad social que recrudece”.

“Por lo expuesto exigimos a lxs concejales de la ciudad que se reiteren los pedidos de informes ya presentados o se realicen nuevos”, precisa el reclamo firmado por Roxana Kinder, ex subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná; Maximiliano Musto, ex Subdirector CePLAs Paraná; Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social; la Asamblea por el Derecho a la Cultura; las comisiones vecinales de los barrios Piloto Ramírez, General San Martín, Antártida y Bajada Grande; organizaciones del movimiento de mujeres de Paraná; las organizaciones Jauretche, Descamisados, Resistiendo con Aguante Entre Ríos, Frente Unidad Ciudadana, Vientos del Pueblo, Frente Universitario Popular (FUP) y La Ulloa;  el Partido Justicialista y el Partido Comunista de la capital entrerriana.

“Requerimos explicaciones a las máximas autoridades del Municipio sobre el retroceso en políticas de prevención en adicciones, como las que llevaba adelante el dispositivo CePLAs”, continúa el documento que considera una “burla” el Primer Congreso de Lucha conta el Narcotráfico y Precursores Químicos, protagonizado por la ministra de Seguridad Patricia Bulrich, la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti y la diputada Nacional Elisa Carrio”.

“Advertimos la violación y vulneración de derechos enmarcados en la nueva Ley de Salud Mental 26.657, que establece “el derecho a recibir atención integral como una cuestión de derechos humanos, e incluye a las adicciones entre las afecciones psicológicas” como la letra de Tratados Internacionales, bajo la órbita del Pacto de San José de Costa Rica al que nuestro país suscribe”, rescata la misiva firmada por múltiples sectores de Paraná.

Funte: Agenda Abierta.