Críticas al protocolo de ADEPA, FOPEA y Bullrich para regular al periodismo

Por Nicolás Adet Larcher 

El pasado 30 de septiembre, en la provincia de Tucumán el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentaron en un acto el “Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística”.

El mismo, según el propio ministerio, tiene el objetivo de “establecer medidas y procedimientos” que serán implementados por las fuerzas de seguridad “para garantizar el libre desarrollo de la actividad periodística en el territorio del país”. Según el discurso esgrimido desde la conferencia, la aplicación del mismo sería voluntaria, el periodista que se encuentre en medio de una investigación podría solicitar la protección de las fuerzas de seguridad si considera que su vida se encuentra amenazada, sin embargo, el protocolo mantiene contradicciones en su texto acerca de esa libertad que intenta defender.

El boletín oficial, a través de la resolución 479/16 aprobó la implementación del protocolo de Bullrich y desde su argumentación, plantea distintos escenarios donde podría correr peligro la vida de un periodista como casos de cobertura sobre casos de narcotráfico, casos de lavado de activos, asociación ilícita, violencia en el fútbol, casos donde existan violaciones a los derechos del consumidor, relacionados con el abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, entre otros.

Para poder accionar, el punto 4 del protocolo establece que el periodista puede solicitar en forma voluntaria la intervención del ministerio de seguridad si cree que su vida corre peligro y debe aportar la documentación correspondiente sobre su investigación al ministerio, a FOPEA o ADEPA. Sin embargo, más adelante, en el punto 17 se establecen “medidas de oficio”. A partir de este punto, el ministerio comandado por Bullrich establece que en caso de que se considere que “el riesgo sea grave o inminente” se podrá actuar de oficio y ordenar medidas “de protección necesarias que requieran” FOPEA o ADEPA, “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, párrafo segundo, de este protocolo” donde se detallaba la voluntariedad del periodista para disponer de su información.

Una vez que el ministerio de seguridad se encuentre actuando sobre la causa en cuestión que pondría en peligro la vida del periodista, se establecerán medidas ordinarias y/o de urgencia en cuanto a protección. Entre las medidas ordinarias, se enumera la “instalación de sistemas de seguridad o sistemas de alerta temprana en inmuebles y automotores” y la “vigilancia o video-vigilancia por las fuerzas de seguridad” sin establecer criterios claros respecto a los parámetros que se establecerían en tal caso.

En el apartado de medidas urgentes de protección, el ministerio podrá efectuar una “reubicación domiciliaria temporal de los periodistas y/o sus familias” a la vez que podrá establecer “consignas y custodias por fuerzas de seguridad especializadas de personas o inmuebles”.

El protocolo de Bullrich, ADEPA Y FOPEA, será aplicado en todo el territorio nacional y a partir de la publicación en el boletín oficial, cada municipio y cada provincia podrá adherir al mismo, lo que dificultaría la tarea periodística para investigar a funcionarios, para reflejar casos de violencia institucional y para destacar otras noticias que el gobierno nacional pueda considerar como “peligrosas” para la integridad física del periodista.

En el punto 16, el protocolo establece un “uso indebido de las medidas de protección” que hipotéticamente podría llevar adelante un periodista. De esta forma, enfoca la culpa solo en una de las partes sin colocar límites al accionar de las fuerzas de seguridad ante cualquier eventualidad. En el apartado 1 de este punto, se considera indebido que “el beneficiario impida o eluda las medidas de protección” contradiciendo el discurso de voluntariedad que Bullrich y los miembros de FOPEA y ADEPA detallaban en su conferencia.

Rechazo al protocolo

La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, conformada por más de 40 sindicatos de prensa a nivel nacional, rechazó el Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística y afirmó que la utilización de tratados y términos sobre la libertad de expresión para justificarlo “consuman una utilización corporativa, elitista y maliciosa de esos principios”. En el comunicado, también se recordó el intento del gobierno nacional para intentar criminalizar la protesta social a través de otro protocolo, donde también se establecían limitaciones para el periodismo por medio de un “corralito” que se conformaría para colocar a los trabajadores de prensa en caso de un conflicto social.

El comunicado de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa también afirma que “los trabajadores de prensa han sido los auténticos convidados de piedra, ignorados e invisibilizados por las empresas nucleadas en ADEPA y por FOPEA, entidades absolutamente distantes y que nunca representaron los intereses y necesidades de los trabajadores”. El comunicado lleva la firma de entidades de prensa pertenecientes a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Corrientes, Mar del Plata, La Plata, Chubut, Ushuaia, Santiago el Estero, Salta, Jujuy, San Juan, San Luis, Formosa, Bahía Blanca, Catamarca, entre otros.