Protocolo antipiquete: Bullrich no quiere que los periodistas cubran la represión

Por Nicolás Adet Larcher

La semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un nuevo protocolo para “desalojar” manifestaciones: el mismo fue denunciado por organismos de derechos humanos y parte del arco opositor. El mismo, da vía libre a reprimir protestas, al tiempo que las prohíbe si carecen de autorización judicial y no determina explícitamente que las fuerzas de seguridad no deben utilizar armas letales.

Más allá de estos datos, poco se habló de uno de los puntos esenciales del protocolo que se refiere a la tarea periodística. Según la normativa, se establecerá “una zona determinada” para los medios y fotógrafos, donde se garantice la protección de su integridad física y  “no interfieran con el procedimiento de las fuerzas de seguridad”. En pocas palabras, el protocolo determina que los periodistas serán colocados en una zona apartada del conflicto donde se limitará la cobertura de los hechos.

La medida fue leída dentro del mundo de la comunicación como un pase libre a la impunidad para quienes gatillen y como una forma de intimidación hacía aquellos periodistas que no decidan permanecer en el “corralito” creado. “El protocolo es una bajada concreta escrita y no escrita. Busca tener el control absoluto, tanto de la gente que se manifiesta como del rol de la prensa. ¿Qué va a pasar cuando te salgas del corralito?” se preguntó el fotógrafo Pepe Mateos, reconocido por captar el instante en que el comisario Alfredo Franchiotti disparaba sobre Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Fotografías que fueron esenciales para determinar que Franchiotti fue quién gatilló el arma y diluir la versión del gobierno que afirmaba que las muertes se atribuían a una batalla entre piqueteros.

Por su parte, La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) junto al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), expresaron su preocupación y repudio respecto a las limitaciones establecidas en el protocolo. Para FOPEA “el texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación” ya que “no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría”. También agrega que “este artículo podría significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo”.

Para REDCOM, “muchos episodios de abuso policial y represión criminal han sido juzgados gracias a los registros fotográficos y audiovisuales realizados por comunicadores” al tiempo que agrega que el establecimiento de una zona determinada para trabajadores de prensa “implica un condicionamiento de la línea editorial de los medios y garantiza la impunidad para los agentes de seguridad que violen los derechos humanos de los manifestantes”.

Con el establecimiento del protocolo, la vía libre para reprimir se aplicará hacía los manifestantes, pero también hacia el periodismo, que solía ser una forma de apaciguar hasta cierto punto tendencias represivas. Para el fotógrafo Gonzalo Martínez (quién cubrió la represión de 2001), el periodista en medio de un hecho de violencia podía actuar como escudo porque las fuerzas de seguridad “frenaban un poco la intención de la golpiza” al ver a trabajadores de prensa, recordando una imagen de él abrazando a una de las madres de Plaza de Mayo para protegerla de posibles agresiones de parte de la policía.

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