El macrismo desplanta al Movimiento Evita y no reglamenta la "emergencia social"

Por Rodrigo Lugones

Corría el mes de diciembre de 2016 y se lograba la primera medida en favor de los más necesitados desde el comienzo de la era macrista. La Ley de Emergencia Social generó una fuerte disputa entre el Gobierno Nacional, la CGT y los movimientos sociales. La propuesta fue impulsada por los senadores Juan Abal Medina y Teresa Luna (FpV) y Jaime Linares (GEN) y promueve una batería de medidas para aliviar la situación de las clases medias y bajas en medio de la recesión que afronta el país. 

En líneas generales, la Emergencia Social pretende generar un millón de puestos de trabajo, establecer un aumento especial del 15% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, y disponer una suba del 50% para las partidas alimentarias y nutricionales.
 
La iniciativa aprobada en ambas Cámaras declaró la emergencia social hasta diciembre del 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas, en unos 30.000 millones de pesos, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias que garanticen los fondos necesarios.

El proyecto tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".

La ley dispone además la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
 
Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep), "a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro".

Según el proyecto, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc) promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los 49 legisladores presentes, que integran todos los bloques de la Cámara alta.

Uno de los autores de la iniciativa, que había vuelto en segunda revisión de Diputados, Abal Medina, afirmó que este proyecto nació en la calle, con la peregrinación a San Cayetano."Entre el acta acordada y el proyecto de hoy estamos hablando de más de 35 mil millones de pesos para los que menos tienen", explicó.

Hasta el día de hoy, los únicos que protestaron y reclamaron en la calle por la falta de reglamentación fue Barrios de Pie. La organización realizó múltiples ollas populares en distintos puntos de la Ciudad, para pedir la reglamentación de la ley de Emergencia Social, acordada entre el Gobierno y distintos movimientos sociales. El Movimiento Evita no participó de la movilización, lo que sí había hecho para pedir la norma. 

"A pesar de contar con la aprobación de la ley de emergencia social como instrumento para paliar la agravada situación social, dicha medida aún no se reglamenta y las organizaciones sociales no hemos recibido ningún tipo de información al respecto", afirmó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Por su parte, Gildo Onorato, del Movimiento Evita, aseguró en una entrevista con radio Del Plata que "está clara cuál es la matriz del gobierno en relación a los trabajadores y a las clases populares. No se trata sólo de la reglamentación de esta ley, es un programa económico que beneficia a unos pocos. Este no es el rumbo que necesita la Argentina".