Algo huele mal en los manicomios

Por Leonardo Gorbacz* I  Cada muerte de obispo la salud mental ocupa un lugar en la agenda pública, y en los últimos tiempos al parecer ha muerto más de un obispo en algún lugar. Ocasión propicia para visibilizar situaciones que requieren urgentes reformas.

Por un lado, hace poco se conocieron dos denuncias presentadas por la situación de las personas que están en el Hospital psiquiátrico de Bell Ville -conocido como Colonia Alborada- en la Provincia de Córdoba, y también en el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján, que es un centro privado contratado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, la atroz represión con que la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires ingresó al Borda para barrer el Taller Protegido Nº 19 con la intención de iniciar las obras del Centro Cívico.

Son dos clase de situaciones distintas, porque mientras en las dos denuncias lo que se pone de relieve es el daño que produce la propia institución manicomial en las personas, la represión policial -por su brutalidad e impacto- tiende a invisibilizar la situación cotidiana que se vive en el manicomio, aunque en cambio sí muestra que la política de salud mental de Macri depende más de sus Ministros de Infraestructura y Seguridad que de su Ministra de Salud.

Si bien las denuncias se refieren a una institución pública y a una privada, los relatos son bastante parecidos: celdas de aislamiento, personas atadas, falta de higiene, personas desnudas, otras que orinan y defecan en el piso, hacinamiento, problemas edilicios, marcada carencia de personal, sobre medicación, ausencia de actividades terapéuticas. Y “mal olor”. Estos relatos no nos sorprenden. No son excepciones. Son la regla de este tipo de Instituciones. Lo cual, por supuesto, no releva a las autoridades de las instituciones y de los Estados respectivos de su responsabilidad.

En el año 2007 el informe “Vidas Arrasadas” del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el MDRI (Mental Disability Rights Internacional) demostró de manera clara que en los asilos psiquiátricos de la Argentina se violan todos los derechos humanos que podamos imaginar: ausencia de tratamientos, mala alimentación, violaciones, muertes no investigadas. Y, fundamentalmente, se viola el derecho a la libertad: el promedio de las internaciones se cuentan por años o décadas, cuando una crisis grave de la salud mental no debiera insumir más de un mes de internación como máximo. Este informe también incluye al Hospital Borda, aunque ahora haya quienes para oponerse a la política represora elijan el dudoso camino de aferrarse a él como si fuera un modelo sanitario.

La cuestión de fondo es que la sociedad no quiere saber. Sabe pero no sabe. Tiene miedo de sus “locos”, aunque convive a diario con muchas personas con padecimientos mentales, ignorándolo. La conciencia colectiva se tranquiliza pensando que estas personas están en “hospitales” a cargo de profesionales. Busca una salida rápida, que es el encierro, y lava sus culpas revistiendo esa medida de un halo “sanitario”, aunque el nombre “hospital” se torne ridículo ante la primera foto que revela la verdad allende los muros.

Depositamos miles de personas en lugares cerrados a cargo de agentes estatales –profesionales y no profesionales- con la única consigna de que se hagan cargo de cualquier manera, mientras no molesten. Abandonamos a unos y otros a su suerte. Esa depositación ha generado verdaderas repúblicas dentro de la República, con reglas y territorios propios, que han funcionado bajo el silencio cómplice del conjunto de la sociedad. Es esperable entonces que cualquier ingerencia que se pretenda tener para modificar ese statu quo sea altamente resistida. Más aún cuando la misma es acompañada por la fuerza bruta de la represión policial y no está legitimada en ningún plan de salud mental acorde a la leyes, que brinde garantías de una mejor calidad de atención para los pacientes y les dé perspectivas reales y concretas de inclusión social, a la vez que promueva mejores condiciones laborales para los trabajadores. Lejos de eso la represión vino de la mano de un proyecto urbanístico ajeno totalmente a una estrategia sanitaria y social.

Tanto Córdoba como la Ciudad de Buenos Aires tienen sus propias leyes de Salud Mental: la 9848 del año 2010 en Córdoba, y la 448 del año 2000 en CABA. Y ambas promueven un proceso de desinstitucionalización y la creación de dispositivos de atención no asilares, como la atención ambulatoria, la creación de servicios de salud mental en todos los hospitales generales con camas para internaciones breves, los centros de día, las casas de medio camino, el acompañamiento terapéutico. Estos dispositivos socio-sanitarios son, incluso, menos costosos que el sostenimiento económico de los asilos, que se llevan más del 80% de los presupuestos de salud mental. Desde diciembre de 2010 tenemos también la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657, que en la misma línea que las provinciales apunta a la inclusión social de las personas con padecimientos mentales, establece la prohibición de habilitar nuevos manicomios, públicos o privados, y ordena la adaptación y sustitución definitiva de los actualmente existentes.

Las normas provinciales y la nacional, fueron fruto de un proceso donde las organizaciones de trabajadores, usuarios, familiares, organismos de derechos humanos y militantes sociales se movilizaron y lograron, en diálogo con el Estado, construir marcos legales adecuados que permitan cambios concretos y tangibles en esta terrible realidad. Lo que tenemos que entender es que la gravedad de los hechos no es un tema coyuntural o puntual de determinados lugares, sino que es la esencia misma de un sistema de salud mental de carácter manicomial que se ha mantenido vigente por siglos y que ha sido creado para excluir más que para curar.

La aplicación plena de la Ley Nacional 26657 es la única vía posible para solucionar las situaciones que estos días se han hecho visibles. Debemos saber que sólo estamos ante la punta de un gran iceberg. No debemos tomar la decisión fácil del traslado de personas a otras instituciones para que vuelva la invisibilización, ni la mejora transitoria de las circunstancias coyunturales que fueron denunciadas. Tampoco sostener la defensa del manicomio en nombre de la salud pública. Tampoco destruirlo sólo para facilitar proyectos inmobiliarios que no dan ninguna respuesta a las necesidades de los ciudadanos que siguen esperando reintegrarse a la sociedad.

Aplicar la Ley significa tomarnos en serio que debemos desarrollar en cada una de las Provincias un plan de creación de una red asistencial digna y de calidad que nos permita sustituir de manera definitiva las instituciones psiquiátricas de internación, dejando de lado cualquier especulación o negociado sobre terrenos o edificios, cuando lo que está en juego es la dignidad y la vida de tantas personas. Varias provincias argentinas demuestran que, aún con sus deficiencias, es posible sostener un sistema de atención sin manicomios".

El marco político para hacerlo es inmejorable, porque una reforma de estas características sólo es posible en el marco de un proyecto más amplio de inclusión social y respeto de los derechos humanos, como el que transita la Argentina desde 2003.

El “mal olor” que reflejan distintos informes sobre los asilos psiquiátricos es un hecho real pero también una cruda metáfora. Algo huele mal en los manicomios. Huele mal la conciencia de la sociedad que permanece afuera, mucho más que los excrementos desparramados de los que están encerrados.

* Psicólogo. Como Diputado de la Nación del 2005 al 2009 presentó el proyecto que dio lugar a la ley 26657.