"Cuando armamos el sindicato no había ninguno que nos representara"

Por Nahuel Placanica I

Agencia Paco Urondo: ¿Les otorgaron la inscripción gremial?
Pablo Dorín: No, la Justicia intimó al Ministerio de Trabajo para que no dilate la entrega luego de un fallo que tuvimos a favor en noviembre pasado. El Ministerio apeló ese fallo porque entendida que si nos daba la inscripción a nosotros se la tenía que dar a cualquiera que quiera organizar un sindicato.

APU: ¿No entra en contradicción esa postura suya con la idea del modelo sindical argentino?
Pablo Dorín: Nosotros no tenemos ése conflicto porque cuando armamos la Unión Informática no había ningún sindicato que nos representara, ni siquiera de otra actividad. Por ejemplo, yo figuro fuera de convenio en mi empresa como el resto de los trabajadores donde estoy.
No pedimos un sindicato en una actividad que ya lo tiene, acá no hay sindicato.

APU: ¿En qué convenio suelen enmarcarlos?
Pablo Dorín: En ninguno, nos enmarcan bajo la figura de “fuera de convenio”, que es el encuadramiento que se le da a los gerentes por sus altos ingresos con respecto a la media. En nuestro caso, la industria paga 5000/6000 pesos como mucho, algunos trabajan por el salario mínimo.

APU: ¿Qué actividad realizan los trabajadores que representan en el sindicato?
Pablo Dorín: Cuando hablamos de la Unión Informática hablamos de cualquier trabajador de una empresa informática, es decir, desde técnicos reparadores o programadores hasta contables y administrativos de empresas de este tipo.

APU: ¿Qué cambiaría con el otorgamiento de la inscripción gremial?
Pablo Dorín: Le otorgaría una personería jurídica, institucionalizando la Unión Informática. De esta manera, estaríamos habilitados a acordar, ya no de palabra, con cada empresa las condiciones laborales, reivindicaciones salariales, establecer categorías, es decir, tener una relación directa ya no como grupo colectivo de trabajadores sino como institución sindical.

APU: ¿Tienen expectativas de que se logre avanzar?
Pablo Dorín: Nosotros vamos a intimar a los funcionarios del Ministerio a que se decidan, de lo contrario tendremos que accionar penalmente. Por ley, el Ministerio tiene 90 días para entregar la inscripción a quien la solicite pero ellos se tomaron dos años. Después de dos fallos a favor del sindicato, el Ministerio apeló a la Corte para seguir dilatando la situación pero le fue negado el pedido.