Eduardo Miragaya, el “amigo” indeseable de la Corte
Por Enrique de la Calle
El 27 de junio pasado el fiscal general adjunto Eduardo Miragaya se presentó a la Justicia como “amicus curae” en la causa “De Martino, Antonio Conrado s/ su presentación”, que investiga la designación de María Alejandra Cordone Rosello como fiscal ad hoc. El nombramiento lleva la firma de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Miragaya cuestiona el procedimiento llevado adelante por Garbó.
En la misma causa, se presentaron esta semana las organizaciones CELS, CIPCE e INECIP, que piden justamente ser incorporadas como “amicus curae”. Las tres entidades defienden lo actuado por la Procuradora: “La designación de fiscales subrogantes en causas sobre crímenes de lesa humanidad ha sido muy importante y, si la Corte afecta esos nombramientos, puede haber consecuencias para el procesos de verdad y justicia”, afirmó a Página 12 Paula Litvachky, del CELS. Por su parte, desde el CIPCE argumentaron que “los cuestionamientos a los fiscales subrogantes afectan la independencia del Ministerio Público, que por ley puede decidir a quién nombra y cómo se organiza”.
Si la Corte objeta el procedimiento establecido por Gils Carbó para ocupar puestos vacantes podría afectar el desenvolvimiento de 40 fiscalías, muchas de ellas en áreas sensibles, como derechos humanos, delitos económicos y violencia institucional. Al respecto del último ítem, puede leerse la entrevista a Abel Córdoba, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, que se ocupa de casos de torturas y apremios en cárceles. Su nombramiento podría verse afectado por lo que decida el Máximo Tribunal.
¿Quién es Miragaya?
El fiscal, que ahora está de licencia médica, parece preocupado por la legalidad y la institucionalidad. Sin embargo, fue nombrado en la Procuración a partir de sus relaciones con Angel Agüero Iturbe, jefe de los fiscales durante los 90: obtuvo ese cargo sin concursar. En 2004, fue designado como fiscal subrogante de la fiscalía número 2 ante la Cámara de la Seguridad Social, situación que se extendió después de la muerte del funcionario titular Rodríguez Fox y por autorización del titular del Ministerio Público de ese entonces, Esteban Righi.
En 2002, Miragaya fue desplazado de la sede central de la Procuración luego de que se abriera una investigación sobre su patrimonio a partir de una investigación periodística. Se le adjudicaba dos casas lujosas en Capital, otra en Punta del Este, lancha, 4x4 y 2 cuatriciclos. Fue un funcionario judicial de sólidos vínculos con el menemismo.
Otra historia llamativa que involucra a Miragaya tiene que ver con su hija, Julieta Mora. Ella figura como socia de “Jubilate Ya”, una empresa que se encarga de gestionar trámites jubilatorios. Su padre, como ya dijimos, fue justamente fiscal en temas de Seguridad Social… Desde 2012 Julieta fue nombrada además como coordinadora General de la Unidad de Organización Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con nivel salarial equivalente a Director General.
Alegando problemas de salud (a pesar de haber realizado sucesivos pedidos para ocupar fiscalías vacantes), actualmente Miragaya se encuentra de licencia. En su tiempo libre Miragaya se presentó ante la Corte Suprema como “amicus curae” para obstaculizar las fiscalías organizadas por Gils Garbó. Con amigos así, quién quiere enemigos…
