Donnelly: ¿Terrorismo financiero internacional?

Por Nahuel Placanica

El día lunes, los trabajadores de Donnelly se desayunaron con la noticia de que la empresa cerraba sus puertas, dejando 430 laburantes en la calle.

Pese a que el año pasado la empresa había reportado ganancias a nivel mundial por doscientos dieciocho millones de dólares, recientemente presentó un procedimiento preventivo de crisis que fue rechazado por la comisión interna, el sindicato y el Ministerio de Trabajo.

Ante la negativa, la multinacional que imprime y distribuye revistas como Para Ti, Paparazzi y Billiken, inició un proceso de quiebra que la Justicia resolvió en tan sólo un fin de semana. Lo más llamativo del caso, fue la simultaneidad del cierre con el pedido de quiebra.

Ese mismo lúnes, los trabajadores se reunieron en el Ministerio de Trabajo bonaerense con los abogados de la empresa. El resultado de esta audiencia fue el dictado de una conciliación obligatoria, obligando a las partes a retrotraer la situación.

Al día siguiente, los trabajadores se presentaron a la puerta de la planta para cumplir con la medida. Ante la ausencia de los representantes de la patronal, decidieron romper el alambrado e ingresar al predio para ocupar sus puestos de trabajo y poner en marcha la producción. Desde ese momento, se encuentran en el lugar en busca de una solución.

Terrorismo financiero internacional

En el acto del día de ayer en Casa Rosada, la presidenta se refirió al conflicto en Donnelly y aseguró que denunciará a la multinacional ante la Justicia Federal haciendo uso de la llamada Ley Antiterrorista.

“Hemos formulado denuncia penal esta vez ante la Justicia Federal, porque se trata de un delito federal, por alteración al orden económico y financiero, artículo 309, inciso 1º, apartado a), del Código Penal de la Nación”, explicó la presidenta. La primer mandataria, también informó que se elevó una denuncia a la Security Exchange Comision (SEC) de los Estados Unidos con el objeto de abrir una investigación contra la casa matriz de Donnely.

En este sentido, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI), José Sbatella, explicó que para aplicar la Ley Antiterrorista “tiene que haber un delito precedente” y un “agravante” que busquen “aterrorizar a la población o impedir que el gobierno haga o deje de hacer” una política.

Según reveló la misma presidenta Cristina Fernández, una investigación realizada por la AFIP logró determinar que el fondo de inversión buitre NML, de Paul Singer, había transferido su participación en la empresa Donelly al fondo BlacRock. Estos vinculos, serían los que relacionarían a la empresa Donnelly con el accionar buitre.

El titular de la UFI, puntualizó que “en este caso la quiebra fraudulenta (de la imprenta Donnelley) es agravada por la interpretación que hacemos: la empresa está haciendo esto para aterrorizar a la población y, por otro lado, el conjunto de las figuras que está detrás de los fondos buitre es para que el Estado impida el pago y, de esa manera, entre en default. Hay una intimidación que también permitiría utilizar la figura de extorsión”.

Siempre hay una primera vez

Al anunciar la aplicación de la Ley Antiterrorista contra la multinacional Donnelly, la presidenta de la Nación remarcó que era la primera vez que el Estado Nacional implementaba esta legislación.

“Siempre que hemos sancionado leyes o que hemos enviado proyectos de leyes, lo hemos hecho con la sana y auténtica intención de proteger a los argentinos. Es impensable que este Gobierno, que ha hecho de la inclusión social, de la incorporación de millones de argentinos, ande sancionando leyes que luego tenga que arrepentirse”, enfatizó la primer mandataria en su discurso.

Si bien el planteo resulta coherente, lo cierto es que la vigencia de las leyes trasciende al gobierno bajo cuyo mandato fueron sancionadas. Es decir que aunque el gobierno actual no aplique esta ley para reprimir la protesta social o sindical, esto no excluye su uso represivo por gobiernos futuros.

Además, vale agregar que el articulado de la Ley Antiterrorista fue invocado recientemente, aunque el hecho no involucre a la administración central. En mayo de este año, el fiscal Pedro Simón (denunciado por el CELS) elevó a la Justicia Federal una acusación contra el periodista Juan Pablo Suárez por “incitación a la violencia colectiva”, artículo 212 del código penal que se agrava mediante el artículo 3, de la llamada Ley Antiterrorista:

“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas Nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.

El periodista Suarez había sido detenido por la policía santiagueña después de haber registrado la detención de un agente que en diciembre del año pasado se habia movilizado para reclamar mejoras salariales junto a sus camaradas.

La opción cooperativa

El Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hizo público su compromiso de gestionar una salida que evite que 430 trabajadores queden en la calle. Las opciones que se barajan van desde la compra por parte de otros empresarios hasta la reubicación de los obreros en distintas empresas del sector. Los trabajadores y su comisión interna, no descartan la posibilidad de conformar una cooperativa que se haga cargo de la gestión de la empresa.

Recientemente, en un conflicto de similares características, los trabajadores de la empresa autopartista Visteon formaron una cooperativa para autogestionar el emprendimiento a partir de la decisión patronal de bajar las persianas. Las gestiones fueron encaradas por la UOM Quilmes, que logró el compromiso de la empresa para el pago de las indemnizaciones al 150% y la entrega del predio a los trabajadores.

En el caso de la industria gráfica, a la que pertenece la imprenta Donnelly, existen en su seno experiencias cooperativas. A tal punto, que el sindicato conformó hace algunos años la Red Gráfica Cooperativa, un emprendimiento económico productivo de carácter sectorial que agrupa a las empresas gráficas cooperativas de la República Argentina

Ante el abrupto desplante patronal, serán los trabajadores de Donnelly, sus delegados y el sindicato, los encargados de definir, en articulación con el Ministerio de Trabajo, el destino de las 430 familias de trabajadores.