Revancha patronal: desafueros y persecución penal en Valeo

Por Nahuel Placanica

Gracias a una correcta gestión del conflicto, la comisión interna de Valeo Córdoba logró en el mes de marzo la re – incorporación de unos 60 compañeros despedidos y mejoras salariales para todos los empleados de la planta. Cerrado el proceso de lucha, la patronal comenzó una caza de brujas contra delegados y activistas.

Los abogados de la empresa impulsaron juicios de desafuero contra dos delegados, Leonardo Sánchez y Víctor García, y tercerizaron denuncias por coacción y amenazas contra 15 trabajadores (7 de ellos delegados) a través del personal jerárquico de la planta. Los honorarios de los abogados denunciantes, corren por cuenta de la patronal.

Para el delegado Leonardo Sánchez, esta modalidad no es novedosa. En 2013, tras haber llevado adelante acciones gremiales en reclamo de reivindicaciones salariales, la patronal le abrió un proceso de desafuero en la Justicia.

En la entrevista que reproducimos a continuación, Sánchez reconstruye la dinámica del conflicto original y explica la situación que se vive hoy en la planta, donde la empresa volvió a ejecutar unos 60 despidos.

APU: ¿Cuándo comienza el conflicto? ¿Cómo fue su evolución?

LS: En noviembre del año pasado iniciamos un conflicto por despidos y reivindicaciones económicas. El Ministerio dictó a conciliación obligatoria, que venció en el mes de diciembre. Reunidos en asamblea, los compañeros deciden retomar la lucha pero después de las fiestas y las vacaciones.

El 21 de febrero de este año, nos reunimos en asamblea con la presencia del sindicato. Cuando nos encontrabamos discutiendo la negativa de la patronal de re – incorporar a los trabajadores y darnos el aumento salarial exigido, llegaron unos 40 de telegramas de despidos, que más tarde se convirtieron en 69. Ahí arranca una lucha de 18 días, que culmina el 11 de marzo con la re – incorporación de todos los despedidos y un aumento por encima de la paritaria.

En ese momento se cierra el conflicto “caliente”, pero la empresa avanzó por la vía penal promoviendo denuncias contra delegados y activistas a través de personal fuera de convenio y operadores que no participan de la vida gremial, a quienes la patronal les financia los abogados.

En agosto la empresa despidió nuevamente a 60 compañeros en el marco de un procedimiento preventivo de crisis que tramitó en el Ministerio de Trabajo provincial. Esto fue claramente una represalia contra los trabajadores por el conflicto de principio de año.

Ahora nos encontramos frente a esta situación, pero con causas penales en curso y juicios de desafuero contra dos delegados. En mi caso, tengo una sentencia en contra porque un juez laboral me quitó los fueros. El fallo lo apelamos.

APU: ¿Cómo fue la relación con el sindicato durante el primer tramo del conflicto?

LS: Tenemos profundas diferencias con el sindicato. Ellos llegan con el conflicto ya desatado. Nosotros iniciamos el conflicto en forma independiente porque respetamos el mandato de la base más allá de lo que diga el sindicato. Ellos cuando se acercan plantean que no era el momento, ni era el camino. Les planteamos que nosotros somos parte de la institución UOM y que debían ponerse al frente de la lucha. Lo entendieron. De todas formas, diría que se pusieron al costado del conflicto, acompañando. Llevamos el conflicto con diferencias y roces, pero sin romper los lazos orgánicos.

APU: ¿Qué nivel de participación tuvieron los trabajadores?

LS: La participación fue alta en todo el transcurso del conflicto abierto, donde nosotros realizábamos medidas de acción directa y la empresa respondía con telegramas. De 270 trabajadores de planta, alrededor de 200 participaban activamente. Cuando hubo esa relación de fuerzas, pudimos empujar a la empresa y al gremio. Durante el conflicto, los trabajadores fuimos un solo bloque.

APU: Entre el cierre del conflicto en marzo y los despidos más recientes del mes de agosto, hubo elecciones de delgados en la fábrica. ¿Cuáles fueron los resultados?

LS: Las elecciones se hacen siempre entre el 30 y el 31 de mayo. Este año la empresa inició una campaña de terror en la fábrica, una vez cerrado el conflicto de marzo. En ese marco, consiguió una orden de restricción de ingreso contra mi persona dos días antes de las elecciones, con la clara intención de que no participe de las mismas. Yo me presenté de todas formas, y mis compañeros me ratificaron con el 85% de los votos. El otro compañero con juicio por desafuero también ganó, con el 75% de los votos. De esta manera ambos fuimos reconocidos por los trabajadores como conducción en la planta.