“Existen 9500 prisioneros políticos en Colombia, no sólo combatientes sino también opositores políticos”

Por Juan Ciucci

APU: ¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Colombia?

July Henríquez: Actualmente hay miles de prisioneros políticos, hemos venido alertando que hay más de 9500, esta cifra es tan grande porque no solamente los prisioneros políticos son combatientes, también hay víctimas del proceso judicial, personas que son perseguidas y que en el marco del disfraz de una democracia que es una farsa, son encarcelados como un arma para generar terror. El principal problema es el desconocimiento de la existencia de esos miles de prisioneros políticos, aunque la sociedad colombiana y las organizaciones que los defendemos hemos informado durante cinco años acerca de esta problemática. Que existen, que están siendo recluidos en las cárceles que son construidas con dinero estadounidense, que son cárceles de alta y máxima seguridad donde se les aplica un tratamiento peligrosista, se les aísla, se les traslada permanentemente. Se los desarraiga no solamente de su núcleo familiar sino de cualquier núcleo social como una forma de generar un efecto mayor a la sola privación de la libertad. Eso lo identificamos como sometimiento a una presión tortuosa de manera sistemática. Es importante destacar eso primero porque el respeto a la dignidad humana de los prisioneros políticos es totalmente desconocida, y a partir de allí las violaciones a los derechos humanos más básicos, los más elementales que garantizan el mínimo vital, es norma. Los prisioneros y prisioneras políticos tienen que vencer el sometidos al tratamiento peligrosista, al desconocimiento de sus estatus político, eso se ve reflejado en el juzgamiento por conductas de delincuencia común, que alarga más las penas, la privación de la libertad o incluso el mismo proceso. Hemos tenido casos de personas acusadas y han estado tres años en prisión y luego de ser sometidas a este flagelo han sido dejadas en libertad porque no se les halló ninguna prueba que demostrara que cometieron algún delito. Esa es la regla general: te acuso, te detengo y después puedo decir me equivoqué; pero no se toma una postura de erradicar el comportamiento arbitrario de la detención preventiva. Lo otro es que seas condenado o no te envían a los centros de máxima seguridad y el aislamiento genera que los prisioneros tengan daños emocionales, que en algunos casos puede afectar su ideología, su compromiso por el proyecto político por el cual fueron perseguidos y perdieron su libertad, son muy pocos los casos, pero existen. Esos son los flagelos, no sólo la tortura física que a veces nos alerta que a una persona la han maltratado, le han dañado su cuerpo; pero su mente es más frágil que su propio cuerpo.

APU: ¿Cuál es la situación de los organismos de DDHH en esos contextos?

JH: A las organizaciones de derechos humanos no nos permiten ingresar a verificar la situación permanente de los presos políticos, tenemos que crear condiciones para ello. Como por ejemplo conformar nuestros colectivos con un número grande de abogados para poder ingresar a las cárceles y poder entrevistarlos para saber si son sometidos a abusos y verificar su situación. O ingresar los fines de semana con la visita familiar para poder tener su testimonio y hablar un poco más con ellos. Pero el Estado debería reconocernos como organismos de derechos humanos y darnos la posibilidad de entrar y de hablar con los entes del Estado para poder decir esto es lo que está pasando y esto tiene que frenarse, tiene que cambiar.

APU: ¿Qué otros abusos sufren los presos políticos?

JH: Otra situación muy grave es el deterioro de la integridad física de los prisioneros usado como un arma para generarle la muerte. La constitución política dice que en Colombia no existe la pena de muerte, pero la realidad es que a muchos combatientes no se les presta la atención médica oportuna o el tratamiento médico adecuado, eso degrada su situación física, de curarse las heridas de guerra, impide que la persona recupere la misma integridad física que tenía antes de haber sido herido. Muchas de las personas tienen que perder parte de su cuerpo, amputaciones de piernas o brazos por una mala atención médica y otras en el peor de los casos, mueren. El Estado se ha enterado de casos de prisioneros políticos que tienen una enfermedad terminal y tampoco les da el tratamiento adecuado y les prolonga la omisión del tratamiento hasta que el cuerpo ya se desconecta y pierde la vida. Eso para nosotros es la pena de muerte.
Otro flagelo es la cadena perpetua de facto. La Constitución dice que no habrá penas ni tratos crueles ni cadenas perpetuas pero lo que pasa en realidad es que un prisionero es sometido a distintos procesos, no se acumulan las causas, eso alarga el tiempo de la privación de la libertad. Hemos conocido casos de prisioneros que están al punto de salir de la cárcel y se les genera una gran expectativa y cuando están a un día de salir les notifican que tienen un nuevo proceso y hay condenas de 60 o 120 años de prisión, ningún ser humano podría soportar una pena tan extensa. Al rebelde no se lo juzga como rebelde, se lo juzga como terrorista. Y al opositor político, que no debería juzgársele por ningún sentido, se le juzga por rebelión. Entonces el tratamiento peligrosista siempre va a estar de acuerdo al desempeño político que uno haya asumido.

APU: ¿Cómo ve el conflicto en el marco americano?

JH: Desde nuestra parte estamos llevando la voz a toda América Latina para decir que esto no es algo novedoso ni que ocurre sólo en Colombia, existe en otros países de América Latina en un nivel un poco menos escandaloso, pero es algo que obedece a las políticas globales de represión y de control. La cárcel es un dispositivo de terror por parte de los Estados, que desde el proyecto neoliberal vienen expandiendo sus políticas de injusticia social y eso es una alerta para América Latina. Por eso la solidaridad hoy con Colombia, de apoyarnos a quienes arriesgamos nuestras vidas en el país dando la cara por pedir justicia y por pedir un trato digno para los prisioneros políticos, es un respiro. En la medida en que nuestros amigos de distintos lugares del mundo están enterados de lo que pasa en Colombia, esa es la mejor protección que podemos tener. Pero sabemos y somos conscientes del riesgo que corremos y lo asumimos porque creemos que las cárceles deben estar vacías de prisioneros políticos, no debe haber un prisionero político más. Estamos pidiendo desde el mes de marzo, que hicimos el encuentro de la coalición La realidad de las mariposas al gobierno colombiano que liberen a los más de 33 enfermos que hay. Hoy nuestra petición se amplía: libere a las mujeres embarazadas, a los ancianos, a las madres que están con sus hijos en prisión, procesadas o perseguidas.

APU: En el marco de lo que son los diálogos por la paz, ¿esto aparece, es parte de la discusión?

JH: El acuerdo general de La Habana que es el que abre el diálogo de paz entre las FARC y el gobierno, ha permitido que la sociedad se entere de las del conflicto y que participe. El punto 4 habla de la solución o la revisión de la situación jurídica de los prisioneros que pertenecen a las FARC o han colaborado con la guerrilla. Nosotros le añadimos que los civiles que no pertenecen y que aun así están siendo procesados. Por eso hicimos el acuerdo en marzo para recoger toda la información, estamos en la construcción de un informa completo para entregar en la mesa de La Habana e informar a la sociedad de la situación y de la cantidad alarmante de prisioneros políticos que hay. La idea es que en ese punto a nosotros como Coalición, que somos alrededor de 60 organizaciones que hacemos solidaridad con los prisioneros y las prisioneras políticos, se nos tenga en cuanta como organismo garante de que esa revisión no sea tramposa. Lo digo porque en la guerrilla de las FARC pueden saber cuales son sus integrantes y en qué estado está su proceso jurídico, pero no lo puede saber de los civiles o de los líderes sociales que han sido apresados señalados de pertenecer a la guerrilla y nosotros sí podemos dar fe de eso. Y por eso pedimos que en esa revisión se tenga en cuenta nuestra información y nuestra participación.