Cárceles federales: murieron 26 presos en lo que va del año

El documento presenta los resultados de la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión, ante cada muerte de detenidos bajo custodia del SPF registrada, desde el 1º de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2015.

El mismo indica que en el primer semestre de 2015 “se vuelven a confirmar la persistencia de los valores observados desde el año 2011, los que resultan elevados respecto de los casos registrados en los períodos inmediatamente previos. "Veintiséis muertes registradas en solo seis meses exigen de este organismo una señal de alerta y preocupación en la materia, al permitir proyecciones semejantes a las registradas desde que comenzara la tendencia a la alza en 2012”, afirma.

Por otro lado se observa ”la persistencia de elevadas cifras de muertes violentas, registrándose once casos en el semestre que permiten una proyección anual superior a los veinte fallecimientos traumáticos”.

En tanto que un análisis de los datos recogidos desde 2009 permite observar que el 46% de quienes perdieron la vida en las cárceles federales estaban procesados al momento de los hechos, y que el 70% tenía defensor oficial. En tanto que el 63% de las muertes entre detenidos de 25 a 34 años es violenta, llegando a un 95% entre quienes tienen de 18 a 24 años.

La Procuración Penitenciaria de la Nación registra, documenta e interviene ante cada muerte de detenidos bajo custodia del sistema penitenciario federal. Sus objetivos son garantizar una investigación administrativa independiente y eficaz sobre las causas y circunstancias en que las muertes ocurren, a través de la inspección del lugar de los hechos, y la recuperación de las voces de familiares y otros detenidos, mediante entrevistas realizadas en las mayores condiciones de privacidad posible.

Además del reconocimiento de responsabilidades individuales en casos concretos, el registro estandarizado “permite identificar continuidades, rupturas y emergentes que visibilizan la existencia de prácticas judiciales y penitenciarias regulares que provocan, como efecto de conjunto, la producción de muertes bajo custodia y su posterior impunidad”.

Durante el primer semestre del 2015 “se han registrado siete casos de muertes en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, tres de ellos violentos” y los otros dos establecimientos de máxima seguridad para varones adultos en el área metropolitana (CPF CABA y CPF II de Marcos Paz) “han registrado también números preocupantes, con cinco casos en cada uno de ellos”.

Asimismo, el informe deja constancia de los avances en diferentes causas judiciales asociadas a fallecimientos bajo custodia estatal, y en las que la Procuración Penitenciaria de la Nación ha asumido el rol de querellante.

En el marco de la causa judicial iniciada por el ahorcamiento de un detenido en las celdas de aislamiento de la Unidad Residencial III del CPF I de Ezeiza en septiembre de 2014, dos agentes penitenciarios –entre ellos el jefe de turno al momento de los hechos- han sido procesados por el delito de abandono de persona. “La negativa de la administración de justicia a incluir dentro de los hechos a investigar las severidades y vejámenes previos a los que los detenidos eran sometidos en el módulo, y la aplicación de torturas posteriores como amenaza para evitar sus declaraciones en la causa judicial, han permitido el dictado de falta de mérito sobre las tres máximas autoridades de la Unidad Residencial al momento de los hechos”. Esta decisión ha sido apelada y se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara Federal de La Plata.

En tanto que la investigación por el incendio que finalizó con la muerte de un detenido en el Pabellón 10 de la Unidad Nº 6 de Rawson ”ha sufrido un revés preocupante, ya que el Juzgado Federal de Rawson ha anulado las citaciones a declaración indagatoria de los funcionarios penitenciarios imputados, y su decisión ha sido apelada por el Ministerio Público Fiscal y este organismo constituido en parte querellante”.

Por otro lado, la PPN continúa impulsando el esclarecimiento de las responsabilidades funcionales ante el fallecimiento de un detenido por homicidio en el CPF II de Marcos Paz en junio de 2012 “al haber permitido el conflicto violento entre detenidos de manifiesta enemistad y haber intervenido luego parsimoniosamente, demostrando una falta de interés en impedir el resultado fatal”.