El fiscal Sáenz revivió la causa Nisman: asegura que fue "asesinado"

Por Nicolás Adet Larcher

El fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, determinó que el fiscal Alberto Nisman fue “víctima de un homicidio” y solicitó que la causa sea derivada al fuero federal. Para Sáenz, existen "pruebas suficientes" para determinar que Nisman fue asesinado. Por su parte, la jueza Fabiana Palmaghini sostiene que esa afirmación es “prematura”.

Sáenz hace un breve recorrido por algunas pericias, pero en particular, destaca las declaraciones de testigos en la causa como Patricia Bullrich, Laura Alonso y Waldo Wolff, todos pertenecientes al PRO, partido gobernante que utilizó la muerte del fiscal como bandera contra el gobierno kirchnerista sin pruebas contundentes. Bullrich y Alonso fueron las encargadas de llamar en forma insistente a Nisman para ultimar detalles de su presentación en el Congreso en la que iba a denunciar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vale recordar que la denuncia luego fue rechazada por la Justicia.

El fiscal Sáenz es reconocido por haber formado parte del grupo de fiscales que el año pasado organizó la marcha del 18F con la excusa de pedir por el esclarecimiento de la causa de Nisman y defender la denuncia que impulsaba el fiscal. Junto a Sáenz, se encontraban Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Carlos Rívolo, Raúl Pleé, Carlos Stornelli y Germán Moldes. Desde un principio, Sáenz había presionado a la fiscal Viviana Fein para trasladar la causa al fuero federal y emitió críticas respecto al desempeño de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aunque sin entrar en detalles más allá del eco de los grandes medios.

Sáenz es recordado por haber fallado a favor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en abril de 2003 cuando Cristino Nicolaides, jefe del Ejército, hizo un planteo judicial. El pronunciamiento de Sáenz explicaba que las leyes de impunidad eran anteriores a la reforma de 1994, por lo tanto, no había validez en cuanto a la incorporación de tratados internacionales vinculados a la protección de los derechos humanos. Nicolaides había sido titular del Comando de Institutos Militares con su sede en Campo Mayo, por donde habían circulado víctimas la dictadura militar, torturadas y asesinadas.

En 2004, la periodista Susana Viau lo señaló a Sáenz como miembro dentro de una estrategia jurídica para salvar al banquero Raúl Moneta de una causa, con quien tenía una estrecha relación el ex procurador Nicolás Becerra, además de tener un vínculo cercano con empresarios como Daniel Vila y José Luis Manzano. Para Viau, Sáenz estaba alineado a Becerra quién estaba claramente “encolumnado con la magistratura menemista”.

En 2012, Sáenz emprendió una denuncia penal contra Tomás Escobar, creador del sitio Cuevana. La denuncia implicaba el delito de violaciones a las leyes de propiedad intelectual. En aquél momento, se denunció el accionar judicial como una forma de apartar a Cuevana del camino para allanar el paso al servicio Cablevisión On Demand del Grupo Clarín. El dato no es menor, Sáenz también forma parte de la ONG Certal en el rol de secretario general. Certal, es el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina.

Fue protagonista de un escándalo en el 2012 por haber financiado viajes de jueces a Miami. Los magistrados, asistieron a un seminario exclusivo contra la Ley de Medios durante el período que se debían definir fallos para determinar su constitucionalidad y el mantenimiento de cautelares a favor del Grupo Clarín. En la página oficial de la ONG, se detalla que uno de sus auspiciantes principales es Cablevisión.

El prontuario de Sáenz es extenso y detallado. Fue procesado por “Forum Shopping”, por manipular causas a pedido y luego logró recusar al juez Alejo Ramos Padilla quién era el encargado de investigarlo. La causa quedó sin efecto una vez que la estrategia jurídica de Sáenz de trasladarla al fuero federal tuvo efecto y otro juez lo desafectó de la causa.