Ley de medios: una comisión para una nueva norma

Por Nicolás Adet Larcher
Desde Santiago del Estero

La novela interminable sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que comenzó con los decretos de disolución de Afsca y Aftic, que continuó con las declaraciones del ministro Oscar Aguad de que la concentración no existe y se perdió en algún momento de la agenda mediática entre la resistencia de Martín Sabbatella, las denuncias presentadas y todo el entramado judicial, volvió a instalarse en los medios.

Desde el gobierno nacional se difundió la decisión de conformar una comisión que será la encargada de redactar el anteproyecto de ley de comunicaciones que buscará unificar dos leyes sobre comunicación audiovisual y telecomunicaciones. Luego de su designación frente al Ente Nacional de Comunicaciones en enero, Silvana Giudici será la encargada de coordinar la comisión que, a su vez, funcionará bajo el ala del ministerio de comunicaciones de Aguad.

En palabras del ministro Aguad, la propuesta es que la ley incluya “todas las voces”. Sin embargo, los integrantes de la comisión conformada para redactar el anteproyecto no van de la mano con aquellos deseos de pluralidad. Los miembros anunciados fueron el filósofo Santiago Kovadloff; el secretario de TIC’S, Héctor Huici; el abogado Andrés Gil Domínguez; el director de Enacom, Alejandro Pereyra; y el vicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar.

Santiago Kovadloff, fue uno de los llamados intelectuales que firmó una solicitada en apoyo a Cambiemos en octubre pasado, donde se exponía que “la derrota del oficialismo es posible” y se enarbolaba la bandera del cambio en la fórmula Macri-Michetti. “El gobernará el país y no será espectro de otro poder” decía el escritor, en un video donde expresaba sobre sus tres motivos para votar a Macri.

Kovadloff también es recordado por haber emitido una declaración de apoyo al empresario y director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, mientras era investigado por su participación en delitos de lesa humanidad. Kovadloff, firmó la declaración en calidad de vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas junto al Presidente de la institución, Manuel Solanet, quién se desempeñó como Secretario de Hacienda de José Martinez de Hoz durante la dictadura militar. En 2003, cuando a Solanet le habían consultado acerca de si había tenido en cuenta las desapariciones y muertes durante la dictadura mientras ejercía su cargo, respondió “Sí, por supuesto, yo he tenido en cuenta siempre todo, sí”. La Academia que integra Kovadloff en calidad de vicepresidente, también tiene miembros como Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma, el arzobispo ultraconservador, Héctor Aguer, Alberto Rodríguez Varela (ex ministro de justicia de Jorge Rafael Videla), entre otros.

Otro de los miembros de la comisión, el abogado Andrés Gil Domínguez, también provoca dudas respecto a su posición plural al momento de confeccionar el anteproyecto. Domínguez, suele ser asiduamente consultado por el Grupo Clarín respecto a cuestiones legales, incluso fue uno de los expositores durante la audiencia pública llevada adelante por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013, donde estuvo en calidad de representante de los intereses del grupo. En la presentación de los Amicus Curiae frente a la audiencia pública, Domínguez figuró como patrocinador legal de Fundación LED – presidida por Silvana Giudici en ese momento – y el Comité del Consumidor (CODELCO). Como se detalló en aquel momento en una crónica sobre la audiencia, Domínguez expresó que a su criterio la ley de medios mantenía una “presunción de inconstitucionalidad” en toda norma que intente restringir opciones en el consumidor y que “como nunca los medios gráficos tuvieron regulación, el servicio de cable tampoco debe tenerlo” en una clara defensa hacia Cablevisión.

El abogado, es una de las patas judiciales del Grupo Clarín dentro de la comisión y determinará los intereses de la empresa en la conformación de la nueva ley. Domínguez, suele estar presente en forma frecuente en los medios del Grupo brindando su opinión sobre temas judiciales y escribe en el diario Clarín sobre temas vinculados a la comunicación. Su última columna de diciembre, celebraba la disolución de Afsca y Aftic mediante decretos y se refería al Afsca como un “678 audiovisual” que no había concretado nada en los últimos años.

Héctor Huici, otro de los integrantes, fue designado en enero a través del decreto 204/16 y para colocarse al frente de la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) tuvo que renunciar a su banca como legislador porteño donde representaba al PRO. Huici, es uno de los pocos militantes del PRO que lo integra desde sus inicios, pero además, forma parte del estudio de abogados M&M Bomchil como parte del Staff Argentina. Según el libro “Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura” de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Boholavsky, Huici integra este estudio que litiga contra Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) “en representación de CMS Gas Transmission, empresa que obtuvo un laudo favorable por 133 millones de dólares, y de Enron, que consiguió 106 millones en un laudo que luego fue anulado”.

Henoch Aguiar, integra el Club Político Argentino, en calidad de secretario. En palabras del diario La Nación, la conformación de cuadros del Club se definía así: “¿Rastros de kirchnerismo? Casi imposibles de encontrar en la nómina, igual que en la primera reunión que Macri tuvo con un grupo más heterogéneo de intelectuales, hace poco más de un mes”. La nota hacía referencia a reuniones mantenidas con Macri para establecer vínculos. El Club suele ser denominado como “la versión macrista de Carta Abierta”. Su último documento de febrero elogia la gestión del gobierno nacional, afirma que no existe ningún “desborde inflacionario” y destacaron que Macri tuvo un buen comienzo para desarmar “una bomba de tiempo”. Aguiar, también es reconocido por integrar el Consejo Asesor de Fundación LED, institución que, como ya se mencionó, estuvo fuertemente ligada al macrismo por la conformación de sus miembros y los lazos establecidos.

Por último, Alejandro Pereyra, integrante de Enacom es otro miembro particular de la comisión. Ya había tenido complicaciones en 2012 al intentar integrar el directorio de Afsca en representación del FAP. Pereyra fue impugnado por haber falseado su currículum dentro del Comfer para ascender un cargo y, además, por mantener una incompatibilidad al haber sido abogado de medios audiovisuales. En ese mismo año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó un informe sobre la situación irregular de Pereyra recordando un episodio de 2001, cuando mantenía su rol en el Comfer y envió una circular intimidatoria a distintas radios con la amenaza de quitar sus licencias si se informaba respecto a la situación de crisis nacional.

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