Avruj: “Se trabajó con exacerbación que DDHH era sólo Memoria, Verdad y Justicia”

Por Nicolás Adet Larcher

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, fue uno de los participantes de la primera reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos en tiempos macristas. Avruj venía trabajando en el área de derechos humanos desde 2011, cuando fue designado por Mauricio Macri en la Subsecretaría porteña mientras el actual presidente era Jefe de Gobierno. Anteriormente, había sido funcionario dentro de la DAIA durante diez años hasta que en 2007 el actual Jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo acercó hacia la gestión del PRO en la ciudad.

En 2010, mientras se impulsaba el juicio por las escuchas ilegales donde quedó procesado Macri y Jorge “Fino” Palacios, uno de los familiares de víctimas de la AMIA y querellante en la causa contra el actual presidente, Sergio Burstein, había apuntado contra Avruj por haber justificado la designación de Palacios frente a la Metropolitana. Burstein también había declarado en 2010 que el año anterior Avruj lo había llamado por teléfono para confirmarle que Palacios no iba a ser designado.

Desde su asunción en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad, los vaciamientos presupuestarios, el cierre de centros de atención y los despidos fueron moneda corriente en reclamos de boca de los trabajadores del espacio. El subsecretario había sido denunciado en 2014 por trabajadores del Parque de la Memoria por no brindarles un aumento salarial y porque desde su área apenas se había ejecutado menos del 40 por ciento del presupuesto para mantener el parque. 

Luego de la asunción de Macri, Avruj fue trasladado desde Ciudad a Nación para encargarse del área de Derechos Humanos. Desde su posición en la DAIA y hasta la actualidad, el actual secretario macrista es reconocido por expresar palabras “cálidas” hacia quienes recibe en sus oficinas, pero trabajadores y familiares de víctimas de la dictadura militar afirman que lo anunciado suele quedar en palabras. Sobre la situación de detención de Milagro Sala, Avruj había declarado que se habían enviado a dos personas para supervisar el estado de la dirigente social, hecho que reconoció cuando el periodista Horacio Verbitsky publicó una nota donde se detallaba que los enviados habían acudido a extorsionar a Sala para que solicite la prisión domiciliaria antes de la visita de Macri a Francisco en Roma.

Desde diciembre a la fecha, el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional llegó a las dependencias gubernamentales de derechos humanos. Desde el predio de la ex ESMA, algunos espacios como el Espacio Cultural Nuestros Hijos y el Archivo Nacional de la Memoria sufrieron recortes denunciados por quienes cumplen funciones laborales dentro del establecimiento. El propio Avruj confirmó despidos dentro del espacio que se sumaron a los que había impulsado el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, cuando despidió a tres profesionales del Centro Fernando Ulloa que asistía a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Desde un primer momento, Avruj afirmó que los juicios por delitos de lesa humanidad continuarían e inmediatamente desterró cualquier alusión a la teoría de los dos demonios que se buscaba imprimir al gobierno de Cambiemos. Sin embargo, los organismos de derechos humanos mantienen sus dudas frente a la reunión de Avruj con el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que sostienen la teoría de los dos demonios, y frente a la posición del propio Avruj de impulsar la prisión domiciliaria para los militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Hace unos días, una de las trabajadoras despedidas de la Secretaría de Derechos Humanos, Sol Giles, detalló en una carta que el propio Avruj le había pedido que escribiera una columna editorial justificando “la salida de prisión de todos los represores que están cumpliendo condena por cometer delitos de lesa humanidad, aduciendo que merecen la prisión domiciliaria debido a causales que yo debía inventar”. En la carta, publicada por esta AGENCIA, Giles explica que algunos ejemplos para justificar la medida era “que sufren violencia institucional o tienen riñas con quienes comparten celda” que a la vez también están condenados por los mismos delitos.

Según el CELS, alrededor del 34 por ciento de los imputados se encuentra bajo este régimen de prisión domiciliaria. “Es decir, que no hay una negativa sistemática a otorgar esta medida”, indican desde el organismo, y afirman que la misma se suele otorgar por cuestiones vinculadas a problemas de salud, una consecuencia de la edad avanzada de los condenados.

Sobre esta sucesión de temas pudo dialogar AGENCIA PACO URONDO con el propio Avruj.

AGENCIA PACO URONDO: Respecto a la reciente reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, ¿Qué fue lo que se buscó abordar? En particular, en lo vinculado a delitos de lesa humanidad.

Claudio Avruj: La reunión del Consejo Federal incluyó la reunión de veintidós provincias, que, obviamente incluyó entre sus temas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Se buscó abordar nuevas áreas de trabajo que integran pueblos originarios, diversidad sexual, comunidades afrodescendientes, y lo vinculado a la cuestión de derechos humanos sobre delitos de lesa humanidad como te mencioné. Hemos sido claros y lo decimos permanentemente, continuamos con esta política de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.

APU: Se mencionaron dos documentos. Uno, emitido por las provincias que plantearon disidencias a las políticas de derechos humanos del gobierno nacional y otro que fue el oficial del consejo (ver nota aparte).

CA: No, lo que hubo fue una ponencia de parte de algún delegado sobre el tema de Milagro Sala, pero el Consejo Federal tiene la costumbre de que las resoluciones salgan por consenso, lo demás corresponde a manifestaciones individuales de cada uno.

APU: Germán Garavano afirmó que tiene que existir “menos lesa humanidad y más de otros derechos”.

CA: ¿Quién lo dijo?

APU: Lo planteó un delegado que acudió a la reunión (ver nota aparte).

CA: No. Lo que nosotros decimos es claro y quiero que lo dejes en claro. Eso es una malversación de lo que se dijo. Sostenemos la política de Memoria, Verdad y Justicia, sostenemos también otra parte de los derechos humanos. En ese tema, no hay jerarquías, todos los seres humanos tienen la misma jerarquía. Lo que nosotros dijimos es que en el gobierno anterior se trabajó con exclusividad y con exacerbación acerca de que Derechos Humanos era Memoria, Verdad y Justicia y se dejó de lado lo otro.

APU: Usted mencionó recientemente que está a favor de la prisión domiciliaria para represores condenados por delitos de lesa humanidad

CA: Nosotros somos respetuosos de la ley y la igualdad ante la ley de toda persona que esté condenada por delitos. La Justicia tiene la potestad de otorgar la prisión domiciliaria. Se tiene que determinar igualitariamente para todos los que tienen más de 70 y 80 años.

APU: Sol Giles, periodista que fue despedida del área de prensa Derechos Humanos, le había apuntado a usted respecto a un pedido sobre la redacción de un editorial para justificar la salida de represores y que pudiesen obtener prisión domiciliaria

CA: No, es una falsedad absoluta. Todo un invento para atacar porque la despidieron y porque se tomó la decisión de desafectarla porque no cumplía los requisitos necesarios para ocupar el lugar. Lo que ella diga carece de relevancia.

APU: También se denunció el vaciamiento de áreas dentro del predio de la ex ESMA, donde trabajadores afirmaron que se desmantelaban espacios como el Espacio Cultural Nuestros Hijos y el Archivo Nacional de la Memoria y se despedían trabajadores.

CA: Es falso. Me extraña que me preguntes eso. Cambiamos de presidente, la presidenta saliente lo había nombrado antes de dejar el poder y era una designación netamente política, no tenía nada que ver con la realidad del país. Encontramos en el Archivo de la Memoria –como en todas las áreas del gobierno– un exceso de gente y hemos reorganizado el archivo que ahora trabaja al cien por cien, con todas sus atribuciones. No hubo vaciamiento, lo que hubo fue una reorganización de personal.