Deudas millonarias y fondos en Bahamas: las perlitas de la declaración presidencial

Por Nicolás Adet Larcher

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, involucrado en la filtración mundial de los Panamá Papers, vuelve a aparecer en la declaración jurada de Mauricio Macri. El año pasado, el presidente había presentado la documentación que acreditaba su patrimonio y a la vez detallaba sus deudas.

En aquella ocasión, Macri establecía que tanto el empresario y amigo "de la vida", Nicolás Caputo como Grindetti le debían dinero. Ese monto actualmente representa 23 millones de pesos. La deuda de Caputo pasó a duplicarse desde 2014 a 2015 en forma llamativa, ya que en un principio la misma era apenas de unos 9 millones de pesos. A raíz de este préstamo y en base a una denuncia, la justicia mantiene una investigación en marcha para determinar incompatibilidades frente al préstamo de Macri a su amigo y contratista. Grindetti le debe medio millón de pesos al presidente.

Deudas offshore

Tanto Macri como el intendente de Lanús figuran en sociedades offshore y a la vez también tienen cuentas en Suiza (que en el caso de Macri ahora derivaron a las Bahamas). Tanto el presidente como Grindetti están siendo investigados por la justicia por estas sociedades. En el caso de Grindetti, la relación con Suiza se da a través de la sociedad offshore Mercier International, donde una resolución le otorgó un poder para abrir y gestionar una cuenta en el banco Clariden Leu AG, ubicado en Zurich.

La deuda de medio millón de Grindetti con Macri fue motivo de consulta por parte del diario La Nación. Desde el entorno del intendente afirmaron que “esa deuda con el presidente ya había sido saldada”. Frente a esta situación de inconsistencias en la declaración jurada del presidente, Mariano Obarrio, uno de los periodistas del medio, afirmó en su cuenta de twitter “Mauricio Macri debe explicar por qué su patrimonio de 110 millones creció el doble en un año y por qué sus amigos Caputo y Grindetti le deben tanto”.

Potencialmente peligroso

Lo sucedido entre la última declaración de Macri del año pasado y la presentada en las últimas horas, tiene que ver con una necesidad de parte del gobierno nacional de intentar despegarse de algunas incomodidades. El presidente, mediante el decreto 24/2016, traspasó sus acciones, en febrero de este año, que tenía en la empresa energética Yacylec a Sideco Americana S.A. y fue autorizado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). A partir de esa transacción y teniendo en cuenta que Macri se desempeñaba como presidente de la nación desde diciembre, habían surgido interrogantes frente a las políticas aplicadas desde el gobierno sobre el esquema tarifario y el conflicto de intereses que implica haber mantenido acciones en una empresa de ese rubro.

Luego, en medio del escándalo de los Panamá Papers y los negocios cercanos con Caputo y su primo Ángelo Calcaterra, la estrategia comunicacional del macrismo experimentó un quiebre que derivó en una salida urgente. Calcaterra optó por anunciar la venta de IECSA S.A. para evitar “incompatibilidades” al ser una de los proveedoras del estado. El anuncio tuvo lugar luego de la declaración del empresario Lázaro Báez que involucraba a Calcaterra como su socio.

Anteriormente, desde el entorno presidencial, se optó por dar lugar al anunciado Fideicomiso “ciego” que no sería administrado por Macri, ni tampoco le permitiría “comunicarse directa o indirectamente con el fiduciario o sus empleados, representantes, agentes o personas relacionadas con el mismo”. La firma Seguridad Fiduciaria S.A. fue fundada por Marcelo D’Alessio. D’Alessio ocupa el cargo de Escribano General de la Nación y también mantiene su nombre en una sociedad offshore fuera del país.

José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, en una nota publicada por el diario La Nación, afirmó que el patrimonio del presidente no puede estar oculto. “El principio fundamental de la transparencia es que tiene que haber acceso a la información” y agrega que “si a la vez el fideicomiso se convierte en un elemento de opacidad para conocer sus bienes y sus intereses privados que representa, entonces, no sirve. Tendrá que buscar otra herramienta. Si obstruye el acceso a la información pública es potencialmente peligroso”.