Honduras: siguen los asesinatos de activistas sociales

Por Carlos Iaquinandi Castro (*) 

“¿Se acuerdan de Honduras?” Con ese interrogante titulamos hace más de seis años nuestro envío Nº 416. La irónica frase pretendía rescatar del silencio y el olvido el dolor de un pueblo que el 28 de junio del 2009 había sufrido un golpe de Estado, inspirado por la oligarquía y los “dueños” del país y ejecutado por un general y su tropa con el consentimiento del gobierno norteamericano.

El tiempo parece haberse detenido. El silencio y el olvido, en especial de los medios de comunicación y de los gobiernos, nos llevan a reiterar el interrogante.

Recapitulemos: el “orden natural”

El derrocamiento violento del presidente constitucional Manuel Zelaya y su expulsión del país, fue el modo de recuperar “el orden natural” para la casta gobernante hondureña, para ellos alterado por medidas populares del mandatario depuesto. Entre otras, las que atendían necesidades sociales de los sectores más empobrecidos, o la protección de la riqueza forestal. En un proceso que duró varios meses, los golpistas lograron finalmente instaurar un nuevo gobierno con “fachada” constitucional, pero que garantizara los intereses de las familias que controlan las principales riquezas y servicios. Entre ellos los Facussé, que controlan  la industria del aceite de palma y los Canahuati, acusados de haber conseguido la financiación del golpe. También se aseguraron de que Honduras no se sumara al ALBA, el acuerdo latinoamericano liderado entonces por Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia y Ecuador. Esa operación de laboratorio marcó el inicio de una estrategia norteamericana para recuperar influencia y control en el continente.

El control social por la violencia y el miedo

El golpe provocó muertos y heridos y durante meses las manifestaciones de la resistencia popular fueron violentamente reprimidas. Y paralelamente, comenzó una serie de ejecuciones selectivas dirigidas a eliminar activistas opositores y crear el pánico entre las organizaciones sociales. Esas condiciones se institucionalizaron y hasta el día de hoy la violencia sigue siendo la principal herramienta de control social en Honduras.  

Escribíamos en el 2009: “si en alguna facultad de periodismo quisiera explicarse lo que es la manipulación u ocultación de la realidad por los medios, no faltarían argumentos. Pero en estos días, lo que sucede en Honduras y el silencio que cubre y protege la represión sistemática del gobierno de Porfirio Lobo y el “reordenamiento” del país según los intereses de su oligarquía y de las transnacionales, sería un ejemplo difícilmente superable”. Desgraciadamente la reflexión mantiene total vigencia. El actual gobierno de Juan Orlando Hernández, del partido Nacional, promete como sus antecesores “terminar con la violencia”, pero los asesinatos se multiplican y la mayoría de ellos quedan impunes. A lo sumo, algún “sospechoso” que suele ser un mero sicario ejecutor. Pero los que mandan a matar, permanecen en la impunidad y siguen elaborando listas.

El régimen prepara su continuidad

El “maquillaje constitucionalista” de los sucesores del golpe del 2009, pretende perpetuarse en los próximos gobiernos. En este caso, podría ser simplemente, por la reelección del actual presidente, Juan Hernández. Los actores que fraguaron y acompañaron el golpe contra Zelaya siguen en el escenario. Algunos papeles cambian. Por ejemplo el cardenal Oscar Rodríguez Madariaga, consultado sobre la posible reelección del oficialista Hernández, respondió que no podía opinar “porque eso corresponde a los partidos políticos”. En el 2009 el mismo cardenal, apoyó públicamente el golpe contra el presidente constitucional y por una cadena de radios y canales de los golpistas advirtió que podría ocurrir un “baño de sangre” si el presidente Zelaya intentaba volver al país. Lo secundaron en esa posición la mayoría de los miembros de la Conferencia Episcopal. Los sectores conservadores de las iglesias protestantes y evangélicas respaldaron a los golpistas. Como suele ocurrir en América Latina, también hubo una minoría importante de religiosos que se opusieron al golpe como un atropello al pueblo hondureño e incluso algunos se sumaron activamente a la resistencia.

Las cámaras empresariales, gran parte de los funcionarios de la justicia y la casi totalidad de los dueños de los medios de comunicación, también siguen siendo los engranajes funcionales del régimen. Disputan entre ellos las partes de poder y del botín, pero coinciden en tener a distancia a quienes pueden poner en riesgo sus intereses. Y de forma explícita o cómplice “ignoran” la violencia contra los sectores populares y los mecanismos de los asesinatos selectivos de activistas.

Desde enero, decenas de asesinatos

A partir del golpe del 2009, periodistas, campesinos, activistas sindicales, maestros, estudiantes y políticos opositores fueron ejecutados por sicarios. En marzo pasado asesinaron a Berta Cáceres, líder del COPINH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Berta encabezaba una lucha en defensa de las tierras campesinas amenazadas por un proyecto hidroeléctrico. El crimen generó una ola internacional de protestas, porque su trayectoria en defensa del medio ambiente era muy conocida. Investigaciones posteriores revelaron la implicación en el crimen de una persona relacionada con la multinacional responsable del proyecto de la represa. Y el diario The Guardian publicó revelaciones sobre la inclusión de Berta en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos. Dos semanas después, varios sicarios acribillaban a Nelson García, compañero de Berta en la defensa medioambiental, cuando regresaba de una protesta contra el desalojo forzoso de un centenar de familias. 

En julio fue asesinada Lesbia Yaneth, activista de la misma organización popular, que también luchaba en defensa de las tierras campesinas contra el proyecto hidroeléctrico “Aurora I”. Según el Consejo Cívico, la presidenta del Partido Nacional -en el gobierno- y vicepresidenta del Congreso, Gladys Aurora López, está directamente vinculada con el proyecto de esa multinacional. También le acusa de no respetar el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que faculta a los pueblos indígenas a decidir sobre temas que inciden en su vida pública, como lo es su entorno natural. Si bien la persecución y la violencia son utilizadas en diversos países por las grandes empresas energéticas, extractivas o agroindustriales para silenciar las protestas de quienes defienden sus tierras o el medio ambiente, en el caso de Honduras se recurre habitualmente al crimen y bajo el amparo habitual de impunidad para los responsables.

Esta semana asesinaron a tres abogados

El martes pasado y en distintos episodios, tres abogados fueron asesinados por sicarios. Uno de ellos era Kevin Ferrera, presidente de la Juventud Liberal, baleado cuando iba en su vehículo en un barrio de Tegucigalpa. El joven formaba parte de la campaña contra la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional, que intenta postularse para los comicios de noviembre del 2017.  Kevin Ferrera, era además, abogado defensor de Miguel Briceño, dirigente del Movimiento de Indignados de Honduras, que movilizó numerosas marchas de protestas denunciando las políticas y la corrupción del gobierno de Hernández.  Briceño denunció que teme ser asesinado por sicarios como ocurrió con su defensor. Interpuso queja ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y afirmó que ha recibido amenazas de muerte.

Los otros dos asesinatos fueron los del abogado Carlos Mejía en su casa de Roatán, en Islas de la Bahía y el de su colega Freddy Mendoza en una colonia de la capital, Tegucigalpa. Al parecer fue previamente secuestrado y luego abandonado en su propio vehículo, maniatado y con la cabeza cubierta.

“Nos están matando en las calles”

Cinco días antes de su asesinato, Kevin Ferrera estuvo en un programa de Radio TVGlobo, una de los pocos medios independientes en Honduras. Allí, junto al dirigente de los “indignados”, Miguel Briceño, convocaron a marchas para rechazar los planes continuistas del actual presidente Juan Orlando Hernández.

En esa ocasión, Ferrera expresó: “La juventud está clara: no hay oportunidades, no hay empleo, nos están matando en las calles”. Días después los sicarios acabaron con su vida, confirmando la verdad de su mensaje. Los medios de comunicación habituales informaron del suceso como uno más de los que suceden habitualmente en el que se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con mayor grado de violencia. Y en general, se abstuvieron de mencionar que el joven dirigente era uno de los convocantes de las marchas contra la reelección del presidente.

La prensa independiente silenciada

Los medios de comunicación fueron amenazados primero, y censurados más tarde de diversas formas, a partir del golpe del 2009. El “cerrojo” dejó en manos de la prensa habitual, La Prensa y El Heraldo, el relato de la realidad, en el que la omisión y la manipulación son también “habituales” en sus ediciones. Radio Globo es una de las pocas emisoras que mantienen su independencia. El canal Globo TV, del mismo grupo, permanece clausurado desde fines de mayo pasado. El gobierno argumentó una falta administrativa, pero su director, David Romero, expresó que es una represalia por la posición editorial crítica con el gobierno. Globo TV fue la única televisora independiente que continuó transmitiendo durante el golpe cívico-militar contra “Mel” Zelaya en junio del 2009 y la única que se opuso abiertamente a la ruptura constitucional. Emisoras de radio comunitarias y otros medios alternativos también han sufrido censuras, restricciones o clausuras.

¿Hasta cuándo?

Tras la lectura de esta crónica, puede que resulte más comprensible el párrafo de apertura: ¿se acuerdan de Honduras? que ya escribimos seis años atrás.

Porque el sufrimiento y la resistencia de ese pueblo ante las diversas formas de opresión que padece, no suele ocupar espacio ni en la prensa escrita, ni en las emisoras ni en los telediarios. Quizás puntualmente, cuando por ejemplo mataron a Bertha Cáceres, la luchadora por las tierras campesinas. Pero en pocos días el crimen pasó a ser un dato estadístico y ni siquiera tuvo eco la posterior comprobación de que se trató de un “crimen por encargo” por su  lucha contra  la instalación de la represa hidroeléctrica.

En Europa, la prensa “seria” también se olvida de Honduras. Por lo general, los intereses de los grandes medios están puestos en degradar a los gobiernos populares del continente que intentan su propio camino soberano. Condenan las nacionalizaciones de recursos, las políticas sociales, la impertinencia de no someterse a las “reglas de la economía” que dictan los poderes financieros y económicos del planeta. No ahorran adjetivos ni descalificaciones. Tienen sus especiales “varas”  para medir las violaciones de derechos y libertades según quien las comete.

No debemos olvidar al pueblo hondureño.

Una vez más, nuestra solidaridad con sus madres, sus jóvenes, sus trabajadores, sus profesionales, con su resistencia y su lucha por un tiempo de paz y justicia.

De soberanía popular y libertad.

(*) Por el Servicio de Prensa Alternativo (SERPAL).

 Nota de SERPAL: Quienes lo deseen, pueden consultar amplia cronología y antecedentes del  proceso hondureño en nuestra página www.serpal.info    

Allí buscar en la pestaña  “Índice noticias Serpal”, año 2009, envíos 396, 397, 398, 399 y 400 publicados entre el 26 de junio (dos días antes del golpe) y el 24 de julio. Luego los envíos 404, 410, y 412,  del mismo año 2009.

Y en el 2010, encontrarán el 417: “¿Se acuerdan de Honduras?”  .

Por último, picando en el año 2016, encontrarán los envíos 500 y 501 que hacen referencia al asesinato de la activista medioambiental Bertha Cáceres.