“Un país que condena a sus niños se condena a sí mismo”

Por Santiago Haber Ahumada

Distintas organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos y político-sociales que trabajan con niños, niñas y adolescentes, se manifestaron en contra de bajar la edad de imputabilidad, medida anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los distintos actores, nucleados en un espacio bajo la consigna “No a la baja”, advierten que “la propuesta es ineficaz, y anticipamos que solo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado”.

En el documento, aseguran que la medida se enfoca en la criminalización de los jóvenes que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. Denuncian que detrás de esta discusión, “no hay una decisión política de mejorar la situación de los menores, sino usar este tema como anzuelo ante las próximas elecciones”, y que este debate, impulsado por parte del oficialismo, se sustenta de premisas y diagnósticos falsos.

En primer lugar, aseguran que es mentira que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes: “no existen datos públicos a nivel nacional sobre esto. Aun así, la información estadística de la provincia de Buenos Aires desmiente esta afirmación: de las causas penales iniciadas, solo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad; dentro de ese 3,6%, solo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos. La incidencia de delitos graves es ínfima aun entre los adolescentes punibles pese a su sobrerrepresentación en la prensa”.

Asimismo, en el documento afirman que es mentira que haya que bajar la edad de imputabilidad porque las bandas criminales utilizan a niños y niñas para cometer delitos: “si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan (u obligan) a un niño o niña para cometer un delito, el delito es del adulto, el niño o niña es víctima y como tal debe ser abordado”.

Por otra parte, niegan que el sistema penal sea leve con las personas menores de edad: “el sistema penal que hoy se les aplica usa la prisión como única medida. Hacia el 2015 había 7178 jóvenes, entre procesados y condenados, imputados penalmente por un delito cometido antes de los 18 años de edad. De ellos, 1477 cumplían penas de privación de libertad, y de esos 1477, 101 eran no punibles, o sea, menores de 16 años; el resto se encontraba bajo medidas de seguimiento territorial. En el mismo año, había 412 chicos por debajo de los 16 años con restricciones dispuestas por jueces en sus respectivas causas penales, de los cuales 101 se encontraban privados de libertad.”

Los adherentes al documento aseguran que “la causa de violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual, y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a los niños, niñas y adolescentes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con el poder político y policial, de los cuales los pibes y pibas son víctimas. Esta medida se trata de una política regresiva y demagógica, y lo que debe garantizar la ley es que los menores de 16 años no tomen contacto con el sistema penal”.

Por último, exigen aumentar los recursos y presupuestos de las políticas de protección de derechos de la infancia; el fin de las políticas de ajuste que dejan sin trabajo a las familias; que se desbaraten, investiguen y sancionen las redes delictivas y particularmente la responsabilidad que les cabe a funcionarios estatales y de las fuerzas de seguridad que se valen de niños y niñas para sus fines; prohibir a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego contra los niños, niñas y adolescentes.

“Reafirmamos que un país que condena a sus niños y niñas a las mínimas posibilidades de desarrollo es un país que se condena a sí mismo. Un país sin un proyecto específico para la infancia es, en sentido específico, un país sin proyecto”.
En reclamo a la propuesta impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocaron a una movilización para el próximo 23 de febrero, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Sarmiento 326, CABA), en donde se estarán desarrollando mesas de trabajo para esta reforma y se tratará la baja de la edad de punibilidad.

Diversas organizaciones y colectivos apoyaron el documento. Entre ellos: Adolfo Pérez Esquivel, Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ-, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Dr. Norberto Liwski - Defensa de los Niños Internacional –DNI- Sección Argentina, Nora Pulido Coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Niñez y Territorio en Espacio No a la Baja en la Argentina, Foro por la Niñez en Espacio No a la baja en la Argentina, Agencia Paco Urondo, junto a un largo listado de organizaciones, colectivos y particulares.