El derecho a la dignidad: sobre la criminalización de la protesta

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Después de un mes de protestas callejeras, en un año electoral, el gobierno sacó su pirotecnia verbal para tratar de poner límites a la protesta social. Cuando los conflictos no encuentran espacios de negociación y los que tienen no llegan a ningún lado, hay que ponerle otros marcos y para ello proponen repensar la protesta con el código penal o contravencional en la mano. De esa manera, buscan transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, sacando de contexto cada uno de los conflictos, despolitizando la política, deslegitimando la movilización social, extorsionando a los manifestantes.
 
La persona elegida fue la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no dio demasiados rodeos, dijo: "Nosotros vamos a actuar, ahora si actuamos no entremos en la paranoia argentina. Porque después si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos". Por suerte, las declaraciones encontraron una oposición en las propias filas de Cambiemos. El Jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a despegarse de las declaraciones de la ministra: “Con los piquetes siempre vamos a buscar y priorizar el diálogo. (…) Estamos con una actitud mucho más activa.” Más aún, salió a decir que no hace falta ningún protocolo antipiquete: “hay que cumplir con la ley. Hay leyes penales y contravencionales y tenemos que regirnos por ellas”.

Pero si al escenario le faltaba algo, Elisa Carrió apareció con otra nota de color: “Están buscando un muerto”. Otra vez la cultura de terror, generando pánico en la sociedad, alimentando el malhumor de los transeúntes que miran la Argentina a través del televisor o el espejito retrovisor.

Conviene no subestimar estas declaraciones, porque están preparando el terreno para una represión y embestida judicial. Montando el escenario propicio para una confrontación que resigne a los ciudadanos a aceptar con sufrimiento lo que les toca. Porque la criminalización no sólo es la antesala de la judicialización, sino la manera de legitimar la represión a la protesta social. Las causas vienen después, y están para cubrirle la espalda a las fuerzas de seguridad azuzadas por los funcionarios y legisladores con declaraciones como las que acabamos de leer.

Estas bravatas se sostienen en una serie de clises que ponen las cosas en un lugar donde no se encuentran, nosotros vamos a revisar tres en este artículo.

El primero de los clises es el que dice: “los derechos de uno terminan donde comienza los derechos del otro”, es decir, vos tenés derecho a expresarte libremente pero yo tengo el derecho a circular o ir a trabajar, entonces hay que buscar equilibrarlos. Se trata de una frase que atrasa y nos devuelve al siglo XIX. Por empezar digamos que no es cierto que los piquetes o las movilizaciones impidan la circulación y el trabajo al resto de los argentinos. Sin lugar a dudas, como cualquier medida de fuerza, produce una serie de “trastornos urbanos”, a saber, embotellamientos y demoras, a veces muy molestas. “Trastornos” semejante a los que se producen en la ciudad cuando no funcionan los semáforos, los autos estacionan en doble fila, hay un accidente en la autopista, una maratón o un espectáculo deportivo que obliga a desviar en tránsito. Pero esos “trastornos” no pueden equipararse al estado de necesidad en el que se encuentran sus protagonistas y muchos actores solidarios con estos. La calle es mucho más que un espacio de circulación o una estampita para ser admirada por los turistas eventuales. Es un espacio de encuentro y reunión. A través de la protesta los manifestantes transforman la calle en un foro público para peticionar a las autoridades pero también para interpelar al resto de la sociedad en los debates que, en una democracia, involucran a todas y todos.

El segundo clisé, que viene a reforzar el primero, es el siguiente: “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Este razonamiento tiene otro problema, pierde de vista que las economías de mercado introducen desarreglos en la estructura social. No todos tienen la misma posición en las relaciones de producción y, por tanto, no todos tenemos las mismas oportunidades para satisfacer nuestras necesidades y para peticionar a las autoridades. De allí que los ciudadanos no somos iguales ante la ley o en todo caso hay algunos ciudadanos que son más parecidos que otros: hay personas que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, merecen una sobreprotección o una protección especial por parte del estado, es decir, tienen más derechos o sus derechos necesitan una atención especial por parte de los funcionarios del gobierno y los actores judiciales. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores desocupados y precarizados, pero también de los campesinos o los mapuches, o los ecologistas manifestándose contra la megaminería.

El tercer clisé reza: “El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.” Si vos querés manifestar tu disidencia, hacelo pero a través de los legisladores que votaste, que para eso le pagamos, pero no me molestes a mí, que encima no es mí problema o tengo otros problemas. Se trata de una frase bonita, pero una frase que fue escrita en el siglo XIX cuando las grandes masas estaban excluidas del juego de la política, ya sea porque eran mujeres o no sabían leer ni escribir. El derecho a la protesta no puede ser equiparado y acotado al derecho a peticionar a las autoridades. No se puede agotar la democracia a la lógica de la representación. La democracia es un debate con muchos debates. Los debates parlamentarios necesitan de los debates callejeros. Por eso, a través de la protesta no sólo se está interpelando a los funcionarios de turno sino también al resto de los ciudadanos a que concurran a un debate colectivo. Porque en una democracia de lo que se trata es de discutir y decidir entre todos cómo queremos vivir todos. Mi problema es también tu problema. Si yo estoy desocupado o el salario no me alcanza para sobrevivir, no es un problema que tengo que resolverlo yo en la ventanilla creada por el gobierno a ese fin. También es un problema de toda la gente que tiene trabajo y le sobra el salario. La democracia se sostiene en los debates colectivos y en la ética de la solidaridad.

En definitiva, el derecho a la protesta es un derecho que actualiza la libertad de expresión de los actores en desventaja. Cuando las personas no pueden esperar a la próxima elección para presentar sus demandas o la prensa mercantil no propala sus problemas o el punto de vista que tienen sobre esos problemas; cuando los funcionarios o los patrones no atienden los teléfonos, faltan a las reuniones concertadas o sientan a un funcionario o administrador que no tiene capacidad de decisión alguna; cuando el resto de los ciudadanos se encierra en su casa a ver un partido de futbol o leer las noticias policiales, en esas circunstancias, el derecho a la protesta se convierte en el primer derecho.

De modo que el derecho a expresarse libremente es un derecho constitucional que está por encima de otros derechos, incluso del derecho a circular o el derecho a trabajar. El derecho a la protesta es el derecho a la vida digna: el derecho que llama a los otros derechos. Si yo no puedo decir: ¡No!, difícilmente podré hacer valer todos los otros derechos que hemos conquistado y el estado tendría que garantizarnos.

*Docente e investigador de la UNQ. Autor de Temor y Control y La máquina de la inseguridad. Coautor de El derecho a tener derechos. Miembro de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional y del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica). Director del LESyC.