Nora Cortiñas: “Tenemos que estar en las calles para frenar la violencia policial”

Para acompañar el reclamo de justicia de las familias de los siete jóvenes asesinados hace un mes en la masacre de la Comisaría Primera, la Comisión por la Memoria (CPM) realizó su reunión mensual en Pergamino. La agenda incluyó reuniones con familiares, el intendente y legisladores, conferencia de prensa y misa en una capilla de la ciudad en conmemoración de las víctimas. Por la tarde, los integrantes de la CPM marcharon junto a los familiares por las calles del centro en una movilización que tuvo un masivo apoyo de la población.

"Venimos a expresar nuestra solidaridad y acompañar la lucha por justicia por los siete jóvenes asesinados en la Comisaría", les dijo el presidente la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, a los familiares de las víctimas durante el encuentro que mantuvieron. "Nosotros venimos advirtiendo desde hace años que las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro puede terminar en este tipo de masacres", agregó.

La CPM se reunió con el intendente local y concejales a quienes les pidió que el estado municipal acompañe y contenga a los familiares de las víctimas. Por otra parte, para profundizar una línea de trabajo que permita controlar y prevenir este tipo de episodios violentos cuya única responsabilidad es del Estado, se le solicitó la creación de un Mecanismo Local para la prevención de la tortura, como los que la CPM ha impulsado en Punta Indio y Ramallo y que ya tienen más de un año de funcionamiento. Además se propuso la creación de un Sitio de Memoria en la comisaria 1ª que también fue un Centro clandestino de detención durante la dictadura militar.

Por la tarde, la CPM recibió a los familiares de las víctimas. Mantuvo un diálogo con ellos y se comprometió a acompañarlos en sus reclamos de justicia. Actualmente, la CPM patrocina a tres de las siete familias afectadas. Luego, se realizó una misa en la capilla del Perpetuo socorro oficiada por el padre Pepe di Paola junta al sacerdote local Juani Cabrera. Durante la ceremonia, el padre Pepe pidió "nobleza para luchar contra las desigualdades que condenan a los jóvenes de nuestros barrios”.

Finalmente, cerca de las 19 horas, se desarrolló una multitudinaria marcha que recorrió las calles principales de la ciudad. Allí estuvieron presentes más de cien familiares víctimas de la violencia institucional de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Más de mil personas acompañaron esta cuarta marcha que una vez más reclamó a los poderes del estado justicia por los siete jóvenes asesinados.

Nora Cortiñas, integrante de la CPM y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezó la marcha e indicó: “tenemos que estar en las calles para frenar la violencia policial que sufren nuestros jóvenes y los jueces tienen la obligación de atender el dolor de estas familias”.

Durante el transcurso del día se conoció la detención de cinco policías que estaban en servicio en la Comisaría Primera el día que se produjo la masacre, imputados por el delito de abandono de personas seguida de muerte. El comisario cuya orden de captura también fue emitida se encuentra prófugo. Al respecto, Roberto Cipriano Garcia, secretario de la CPM, expresó: “Las órdenes de detención son muy importantes en esta causa porque claramente queda demostrada la responsabilidad policial.

hora lo que hay que establecer son las responsabilidades políticas por este estado de situación, para que la política de seguridad cambie, para que se deje de alojar personas en comisarías, para que se deje de pensar que estas políticas de seguridad que sólo quieren más policías en el territorio enlazados con el delito van a solucionar algo. Esto sólo incrementa las violaciones a los derechos humanos”.

Al terminar el día, luego de la movilización, el fiscal general Mario Daniel Gómez recibió a los familiares de las víctimas y a los integrantes de la CPM. En esta oportunidad, el organismo mostró su preocupación por la filtración de las órdenes de detención que impidieron capturar al Comisario Donza. Asimismo, exigió recursos para la instrucción y protección para los sobrevivientes y testigos de la masacre, ahora alojados en la UP 49 de Junín. También solicitó que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios políticos y judiciales que, conociendo la situación en que se alojaban los jóvenes, no tomaron medidas para revertir la situación.